Junqueras dará clases en la Universidad de Vich tras cumplir solo el 18 % de su condena

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el independentista preso condenado a más años de cárcel, por sedición y malversación, todavía no ha puesto un pie en la calle con el permiso concedido este pasado jueves cuando solo ha cumplido el 18 % de los 13 años a los que fue sentenciado, y ya se le han torcido las cosas. Así, tras la autorización de que podrá salir seis horas tres días a la semana para ir a trabajar, el anuncio hecho ayer mismo por el rector de la Universidad de Vich-Universidad de la Cataluña Central (UVic-UCC), Josep Eladi Baños, de que impartirá clases en el campus de Manresa puede ir al traste.

Junqueras es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y doctor en Historia del Pensamiento Económico por lo que no habría inconveniente en que se dedicase a la docencia. El problema surge, y así lo ha denunciado Convivencia Cívica Catalana, si incurre en un delito de «quebrantamiento de condena», pues, según está plataforma dirigida por el abogado Ángel Escolano, Junqueras «no puede ser contratado por ningún ente del sector público» al estar condenado a 13 años de inhabilitación. Desde Convivencia Cívica indican que es «incompatible trabajar en una fundación del sector público habiendo sido inhabilitado y condenado por sedición y malversación» y califican de «escandaloso que la Universidad de Vich alegue su condición de pública para recortar los sueldos» y se haga privada «para dar trabajo a un delincuente condenado por graves delitos contra la Administración pública».

Explican desde Convivencia Cívica que la citada universidad está gestionada por la Fundación Balmes.

Patronato independentista

En la página web de esta figura como presidenta del patronato la alcaldesa de Vich Anna Erra, (JxCat), quien recientemente en el Parlamento autonómico distinguió entre «catalanes autóctonos» y «aquellas personas que por su aspecto físico no parezcan catalanas». De vicepresidente, el secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat; de vicepresidente segundo, el alcalde de Manresa; y como vocales, el director y el subdirector de Universidades, tres concejales de Vich, una decena de alcaldes y el director general de Bon Preu, Joan Font. Este, dueño de la cadena de supermercados más grande de Cataluña y conocido independentista, fue el único empresario miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional creado por Artur Mas en el 2013 para construir un nuevo Estado.

Por su parte, Junqueras confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le reconozca la inmunidad, para volver a ser el candidato de ERC a la Generalitat en las elecciones. Así lo declaró al digital El Nacional.

El fiscal jefe de Cataluña detalla en la memoria del 2018 que los presos independentistas recibieron 2.300 visitas 

Los nueve políticos condenados a prisión por el desafío al Estado recibieron unas 2.300 visitas de autoridades en las cárceles catalanas en las que permanecían en prisión preventiva durante el 2018 antes de que se iniciara su juicio en el Tribunal Supremo, según datos de la Fiscalía.

Así lo ha señalado en el Parlamento catalán el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, quien ha presentado la memoria del ministerio público correspondiente al 2018, en la que se sostiene que la estancia en cárceles catalanas de los presos del procés produjo «situaciones anómalas», como manifestaciones ante los centros y una presencia de autoridades no penitenciarias «superior» a la ordinaria, recoge Efe. A preguntas de los diputados independentistas, Bañeres ha señalado que el que estos reclusos recibieran 2.300 visitas de autoridades fue un hecho suficientemente relevante como para que el fiscal que se encargó de esta parte de la memoria «no se haya resistido» a incluirlo.

Por su parte, la consejera de Justicia, Ester Capella, (ERC) consideró ayer «evidente» que las cárceles catalanas han actuado «conforme a la ley» al flexibilizar el régimen penitenciario de los políticos presos, porque ese supuesto está previsto en el derecho, aunque a la Fiscalía «no le gusta». En un acto en la cárcel Can Brians (Barcelona), Capella ha reaccionado así ante los recursos presentados por el ministerio público contra la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario a los líderes independentistas presos.

Además, defendió la conveniencia de que salgan para trabajar y hacer voluntariado porque, en su opinión, «la prisión debe ser permeable al exterior» dado que forma parte de la «realidad social». Capella se refirió también a que el sistema penitenciario catalán no dispone de programas de rehabilitación adaptados al delito de sedición, por el que se condenó a los líderes del procés, lo que la Fiscalía remarcaba en sus recursos contra los permisos. Según dijo, de los 8.400 reclusos, 400 pueden salir a trabajar o a hacer voluntariado en virtud del artículo 100.2.