La fiscala general del Estado admite que los bulos no son un delito pese a que el Gobierno dio orden de perseguirlos

La fiscala general del Estado, Dolores Delgado, ha señalado este viernes que el delito de bulo o fake news no existe como tal, y que lo que puede investigar la Fiscalía es su trascendencia penal, es decir, si determinadas noticias falsas pueden generar estafas, delito contra la salud pública, contra la intimidad o de odio. «Es ahí cuando entra la justicia», ha precisado.

Delgado ha realizado estas afirmaciones en Telemadrid, recogido por Europa Press, donde ha incidido que desde hace tiempo se habla de la posibilidad de reformar el Código Penal para poder mejorar la respuesta judicial a estas conductas. Ha puesto como ejemplo la llamadas alertando de la falsa colocación de una bomba que se producían coincidiendo con la actividad de ETA, que generaban una gran alarma pública. «Pues esto se tipificó, por lo que una falsa alarma de bomba se perseguía», ha puntualizado.

Añade que la Comisión Europea estableció un código hace un año para perseguir este tipo de informaciones y que plataformas como Facebook y Twitter también persiguen las noticias falsas, «porque tienen repercusión en la vida de la gente».

Durante la entrevista Delgado ha recordado a las víctimas del covid-19 y a sus familias, «que no son números, son hombres y mujeres», y ha reconocido que lo ocurrido nos ha cambiado a todos y de forma vertiginosa la forma de trabajar.

Delgado ha manifestado que desde el punto de vista político, un tipo de cargo que ejerció como ministra de Justicia, considera que esta pandemia debe obligar a focalizar toda la acción de las instituciones en el interés general.

Considera que, frente a loso políticos, la ciudadanía ha dado «una respuesta extraordinaria, ha respondido a todos los requerimientos y ha hecho todos los sacrificios». Por ello, ha subrayado que « lo importante es el interés general» y saber que «de esta crisis podemos salir fortalecidos, siempre que pensemos que lo importante son las personas».

Por su parte, ha destacado que todos los operadores jurídicos, desde la Fiscalía hasta el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, abogados, letrados etc., están «en constante diálogo y comunicación», para saber «cuál es el mejor de los sistemas».