Pablo Iglesias se querella por seis delitos contra el «instigador» de las protestas frente a su casa de Galapagar

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha presentado una querella por seis delitos contra Miguel Ángel Frontera Díaz, un particular al que acusa de ser el «instigador» de las protestas que se vienen sucediendo desde hace varios meses frente a su domicilio del municipio madrileño de Galapagar.

En concreto, Iglesias se querella por presuntos delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente, tal y como consta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

El también líder de Podemos explica que la conducta de Frontera Díaz se lleva sucediendo «a diario» al menos desde el pasado 15 de mayo, «hostigando y profiriendo improperios como llamarle 'garrapata' o términos de índole similar», todo lo cual le produce una «grave alteración» de su vida cotidiana y de la de su familia.

«Destacamos que la vivienda donde se producen los hechos también es la vivienda de tres menores de edad, que también están viendo su vida alterada gravemente y con los perjuicios que conlleva las conductas delictivas que también sufren los menores», subraya la querella, presentada ante los juzgados de instrucción del municipio de Collado Villalba.

El escrito hace una descripción de forma pormenorizada de una serie de actuaciones por parte del querellado, entre ellas encaramarse al muro de la propiedad para grabar un vídeo del interior con su teléfono móvil. Por este hecho fue detenido por la Guardia Civil presentes en la zona y, según consta en el escrito, «los medios de comunicación refieren que el atestado le imputa un delito de revelación de secretos».

Equipo de megafonía

En el relato que hacen los abogados del vicepresidente también se destacan otras actuaciones por parte del querellado como llevar un equipo con megafonía para sus protestas, lo que supone un «impacto acústico sobre toda la zona del parque natural y la zona residencial de dudosa legalidad», y publicitar su actividad en las redes sociales, donde anuncia su intención de ir nuevamente y convoca a otros o sube vídeos de su conducta.

En uno de esos vídeos, dice el escrito, «se observa al querellado con la bandera carlista con la cruz de Borgoña usada por los Requetés en la Guerra Civil española, poniendo a un volumen muy elevado el himno de España». También destaca que Frontera fue entrevistado en un programa a través de Youtube en el que manifestó que iba a «seguir asistiendo a la vivienda a importunar hasta que se canse el querellante y su familia, y que va a seguir poniendo música cada vez más alta», lo cual además «molesta a las aves del entorno del Parque Nacional de Guadarrama».

«Todas estas actuaciones alteran el orden público, con marcado carácter de gamberrismo, intromisión y de lesión a los derechos de la familia de Don Pablo Manuel Iglesias Turrión y del resto de sus vecinos, no pueden ser confundidas con el legitimo derecho de reunión, manifestación y expresión consagrados en nuestra Constitución», explica el escrito, que opina que la conducta de Frontera «no es una protesta política, sino una animadversión personal y de odio al vicepresidente y a su familia».

Ingresos para «lucrarse»

También menciona Iglesias que Frontera ha creado «una plataforma de crowdfunding de la que pretende obtener ingresos económicos para seguir dando soporte a las supuestas protestas», lo que indica, a su juicio, que «se lucra, recabando aportaciones económicas de los ciudadanos, para financiar la actuación ilícita y delictiva que lleva a cabo».

«No cabe duda que del veraz relato de hechos que se realiza en esta querella no se puede desprender más que la conclusión de que nos encontramos ante un delito de coacciones con la intromisión y penetración en el entorno personal de la víctima. En concordancia con lo anterior, se les vigila, se toman grabaciones amenazantes y datos de su entorno personal, como decimos en el propio domicilio», indica el escrito.

Sobre el presunto delito de acoso, explica que el tipo encaja con la conducta de Frontera, «puesto que ejerce una vigilancia constante sobre el domicilio sin autorización de ningún tipo por parte del querellado o su pareja».