El juez pide a la UCO informes sobre el caso de los cursos de formación de Andalucía

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que instruye el caso de los cursos de formación que afecta a exaltos cargos de la Junta, ha solicitado varios informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. A través de esta documentación, el magistrado quiere averiguar si existía una situación de «falta de control de las subvenciones y fondos comprometidos» destinada, directa o indirectamente, a favorecer a determinadas personas o entidades beneficiarias «con el consiguiente menoscabo de fondos públicos».

La Policía Nacional comenzó a investigar en el 2015 el fraude masivo en la concesión de subvenciones para cursos de formación, impartidos con fondos públicos. Esta operación resultó en la detención de varios cargos socialistas de la Junta de Andalucía. En el 2016 la jueza María Bolaños archivó la causa inicial, al entender que «no se ha constatado la existencia de una red clientelar» y que solo se habrían producido «posibles irregularidades administrativas». En este 2020 se reabrió el juicio por el caso de fraude.

Ahora, en un auto fechado el pasado 31 de julio recogido por Europa Press, el magistrado Vilaplana insta a la UCO a que elabore un informe actualizado al emitido el 25 de abril del 2016 (ampliado el 5 de mayo de ese mismo año) relativo a la situación de los expedientes de cursos justificados y con justificaciones pendientes «sobre los que pudiera haber prescrito el derecho de la Administración a su recuperación», en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo, entre el 2009 y el 2012, ambos inclusive.

El juez solicita información acerca de los expedientes de reintegro que se incoaron «en relación a los 15.561 expedientes totalmente justificados a abril del 2016 que se dice en el citado informe, así como los resultantes de los 260» que se dicen parcialmente justificados. Además, el magistrado pide conocer la relación de expedientes de reintegro terminados al día de la fecha relativos a las subvenciones correspondientes al periodo 2009-2012, «con indicación de cuántos y cuáles han acabado en un efectivo reintegro o han tropezado con la insolvencia del beneficiario, disolución de la entidad concesionaria y/o dificultades de cobro similares».

Vilaplana pone también el foco en averiguar la cifra y relación, «actualizada al día de la fecha, de expedientes prescritos correspondientes a los años 2009 y 2012», así como la cifra y relación de aquellos, por haber prescrito el derecho a reclamar cantidades no justificadas, no se llegó a incoar o iniciar expediente de reintegro».

Por otra parte, el magistrado solicita a la UCO que practique las diligencias pertinentes para esclarecer si las entidades seleccionadas para cursos «incluían algunas de constitución 'ad hoc' o meramente instrumentales» y si existen empresas o entidades «a las que se les ha concedido subvención estando pendientes de justificar anteriores».

Además, el juez instructor pide a la UCO que «a la mayor brevedad», recabe de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía un informe sobre si las entidades beneficiarias en tales ejercicios estaban o no inscritas en el registro de centros de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía.

Por último, el magistrado desea que se recabe también de la Intervención General de la Junta informes similares relativos a esos expedientes de subvenciones para el desarrollo de acciones formativas sobre FPE durante desde el 2009 al 2012.