El juez dice que quienes espiaron a Bárcenas buscaban documentos embarazosos para altos cargos el PP

El juez del caso Villarejo decretó este lunes el levantamiento del secreto de sumario de la pieza separada sobre la operación Kitchen. Se trata del dispositivo parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas y a su mujer Rosalía Iglesias puesto en marcha en el 2013, en pleno escándalo de la caja B del Partido Popular, y pagado con fondos reservados del Ministerio del Interior.

En un auto, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón señala que el operativo se creó sin autorización judicial para sustraer documentos sensibles, ocultarlos y torpedear la investigación del caso Gürtel. De esta trama, añade, serían responsables indiciariamente «órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado», sin dar más detalles. El instructor recuerda que esta pieza se abrió a finales del 2018 a raíz de un informe de la Fiscalía Anticorrupción, presentado como consecuencia de un oficio de la Policía Judicial en el que se daba cuenta de nuevos hechos de apariencia delictiva en el marco de la macrocausa Tándem o caso Villarejo, las actividades presuntamente ilícitas del comisario jubilado y en prisión preventiva desde noviembre del 2017.

García-Castellón señala que en este caso se trataría de «ejecutar un operativo parapolicial» cuya autoría material se encomendó al que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, y a Villarejo. Fue desarrollada entre los años 2013 y 2015, y consistiría en la captación y manipulación «como colaborador-informante» de Sergio Javier Ríos, que trabajaba como chófer de Rosalía Iglesias. A cambio, este percibió un sueldo mensual de unos 2.000 euros y se investiga si acabó entrando en la plantilla de la Policía Nacional de forma irregular como parte del pacto.

«El objetivo de la misión podría ser la obtención por medio de este colaborador de información concreta sobre el lugar en el que Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del PP», subraya el auto. 

Destruir los ordenadores

Villarejo manifestó en una conversación en febrero del 2017 que dirigentes del PP le habían encargado destruir los ordenadores de Bárcenas y que los tenía «inmortalizados a todos».

Encubrimiento

El cometido final era «sustraer» del conocimiento de ese material al juez Pablo Ruz, que entonces instruía la causa relacionada con la financiación irregular del PP. Unas pesquisas que ahora dirige su colega José de la Mata. Esta referencia apuntaría al menos al delito de encubrimiento por parte de los funcionarios policiales.

Los cientos de folios de esta causa serán entregados a las partes y hacen temblar de nuevo los cimientos del PP. El pasado viernes, Anticorrupción pidió al juez la investigación de dos pesos pesados del Gobierno de Mariano Rajoy: los ministros de Interior y Defensa, Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal, respectivamente. La expresidenta de Castilla-La Mancha fue, además, secretaria general del PP hasta julio del 2018 y tuvo un enconado enfrentamiento judicial con Bárcenas.

Aunque ninguno de los dos ocupa ya cargos en la dirección del partido presidido por Pablo Casado, este ha alabado el trabajo de sus compañeros. A la espera de que el juez resuelva la petición de los fiscales, el último en caer fue el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, en cuyo registro judicial se hallaron los indicios que incriminarían a Fernández Díaz. En el caso de Cospedal y de su marido, Ignacio López del Hierro, tendría que ver con unos audios en los que este habló de los «encargos» a Villarejo. 

Martínez advirtió en varios mensajes que si él era citado a declarar después lo sería Jorge Fernández Díaz y «probablemente MR», en referencia a Mariano Rajoy.

Rajoy, implicado

También figura un mensaje remitido al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, en junio del 2019, en el que dice: «Mi grandísimo error en el ministerio fue serle leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal». Martínez contactó con Rajoy en marzo del 2019 para que no lo «dejen tirado» y entrar en listas de las generales y seguir aforado. Asimismo escribió a García Egea explicándole que estaba en el «lío» de Kitchen por lealtad al partido, a Rajoy y a Fernández Díaz.

«Medidas ejemplarizantes»

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, instó ayer a Pablo Casado a poner «luz» sobre la operación Kitchen y a adoptar «medidas disciplinarias y ejemplarizantes» si Cospedal y Fernández Díaz fuesen imputados. «Casado debe desmarcarse de esa época y romper amarras», dijo Ábalos. Su reacción responde a la dura respuesta del líder de la oposición en el caso Delcygate, la visita de la vicepresidenta venezolana a Madrid cuando tenía vetada la entrada en la UE y el desplazamiento del ministro al aeropuerto para reunirse con ella, asunto que el PP llevó a la vía judicial.