10 de octubre del 2017: Los soberanistas, a un paso del abismo, desafían al Estado

Cataluña se sumía en la incertidumbre el 10 de octubre del 2017. Nadie acertaba lo que iba a suceder en esa jornada con el desafío independentista. Todo dependía de que lo que ocurriese en el pleno del Parlamento catalán convocado para las seis de la tarde en el que el por entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hablaría de la situación en Cataluña. «Más que un día histórico puede ser un día histérico», resumía un experto en la crónica de Mercedes Lodeiro para La Voz.

A nadie se le escapa que se produciría una declaración de independencia. La clave estaba en conocer los términos, que aún se seguían negociando entre los partidos independentistas, profundamente divididos. Sea cual fuese el resultado, habría consecuencias. El Estado ya había advertido que optaría por una respuesta inmediata con todos los instrumentos constitucionales y penales en su mano.

Puigdemont estaba muy presionado por la CUP y la Asamblea Nacional Catalana, dirigida por un activo Jordi Sànchez, que asumiendo la portavocía de los secesionistas, anunciaba en un vídeo que «el martes 10 de octubre declararemos la independencia». De las mano de la ANC, los antisistema de la CUP afirmaban que irse de España era «la única forma de que se restablezca la democracia en Cataluña», según Benet Sellas. Y nada de declaraciones simbólicas, advertían. Entre los radicales se situaba también el por entonces consejero de Exteriores del Gobierno de Puigdemont, Raül Romeva, para quien no había alternativa a la DUI.

La vía eslovena

Junts pel Sí, la coalición formada por el PDECat de Puigdemont y ERC, intentaba otra solución. Un texto pactado en el que luciese la palabra independencia sin que apareciese la expresión declaración. Todo un complicado juego de palabras. Nadie enseñaba sus cartas, salvo el eurodiputado Ramón Tremosa que aportó otra posibilidad: que se hiciese una declaración y a continuación «se suspendieses sus efectos para negociar un referendo pactado con el Estado». La llamada vía eslovena.

Desde el Gobierno central, la por entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría avisó de que una declaración unilateral «no va a quedar sin respuesta», y aseguró que está será inmediata con todas las herramientas que da el Estado de derecho. La intervención, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, cobraba cada vez más peso.