La Fiscalía avisó al emérito de las diligencias abiertas contra él antes de su regularización

La decisión de Juan Carlos I de abonar 678.393,72 euros para regularizar su situación fiscal en lo que afecta a la donaciones que recibió del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, para evitar así ser juzgado, abre un debate jurídico del que depende su horizonte penal. El hecho de que la Fiscalía del Tribunal Supremo avisara el pasado noviembre a la defensa del emérito de que mantenía abiertas unas diligencias sobre los fondos que recibió del magnate, tal y como admitieron este jueves fuentes jurídicas, suscita dudas. La ley establece que la regulación solo puede producirse antes de que «el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».

Una pena de hasta cinco años

La cuestión es clave, porque, si no se admite la regularización, la investigación sobre un posible delito fiscal conduciría a una acusación que podría conllevar hasta cinco años de prisión. Además, la Fiscalía Anticorrupción investigará también la procedencia del dinero con el que Juan Carlos I ha regularizado su situación fiscal. En caso de que tanto la regularización como el origen de los fondos con los que se sufragó se consideraran lícitos, las diligencias quedarían archivadas. Según diversas informaciones que citan fuentes de su entorno, el emérito considera que con esta regularización queda saldada cualquier posible responsabilidad judicial y sopesa por ello su retorno a España para pasar las Navidades junto a parte de su familia, o al menos celebrar su cumpleaños el 5 de enero, víspera de la Pascua Militar.

Pero la posibilidad de que Juan Carlos I regrese a España abre un nuevo conflicto en el Gobierno. Unidas Podemos no solo es favorable a que vuelva, sino que exige que lo haga de inmediato para responder ante la Justicia. Su portavoz, Rafael Mayoral, rechazó las declaraciones de Pedro Sánchez en las que distinguió entre la institución monárquica y el comportamiento personal de Juan Carlos I. Negó que Felipe VI estuviera «al margen» del proceder de su padre y pidió que el actual monarca comparezca para «responder» ante la opinión pública» por este «escándalo».

Sánchez, por el contrario, prefiere que el rey no regrese en este momento porque considera que eso complicaría las cosas al actual monarca y elevaría la presión sobre la Corona a pocos días de que el rey pronuncie su tradicional mensaje de Navidad. «Tiene que ser la Casa del Rey la que comunique cuál es su parecer sobre una eventual vuelta o no del rey emérito», señaló el jueves.

El Gobierno cree que la mejor manera de proteger a la monarquía es impedir que hechos como los protagonizados por Juan Carlos I se vuelvan a repetir. Y, por ello, según adelantó el diario La Razón, plantea impulsar una ley de la Corona para dotar de mayor transparencia a los actos privados del monarca y regular aspectos no contemplados en la Constitución, como una posible petición de divorcio por parte del rey o de la reina. El director del CIS, José Félix Tezanos, indicó que, si se plantea esa ley, preguntará a los españoles por su opinión en un sondeo.

Feijoo apoya una ley de la Corona

Unidas Podemos, sin embargo, rechaza esa norma. «No queremos legislar sobre la Corona, queremos urnas para que la gente decida sobre la forma de Estado», indicó Mayoral. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se mostró favorable a regular la monarquía para «ordenar y transparentar las cosas». «No es un mal planteamiento», indicó, aunque puso en duda que este Gobierno sea el «adecuado» para impulsar esa reforma, ya que «al menos la mitad pretende derrocar la monarquía constitucional». La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, expresó su respaldo al emérito afirmando que «no todos somos iguales ante la ley». Ante las críticas, rectificó en Twitter. «Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero don Juan Carlos no ha sido un ciudadano más», precisó.