Villarejo será excarcelado antes de noviembre para evitar el límite de 4 años preso sin sentencia

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre del 2017 tras ser detenido en la operación Tándem, será excarcelado antes de cumplir el límite legal de estancia en la cárcel sin sentencia condenatoria, que son cuatro años.

La Audiencia Nacional confirmó este martes la resolución dictada el 10 de febrero tras rechazar el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción. En síntesis, los dos autos del tribunal de la Sección Cuarta de lo Penal, presidido por Alfonso Guevara, respaldan que Villarejo sea puesto en libertad provisional con respecto a las tres primeras piezas separadas de la treintena que conforman la macrocausa.

La razón es que dichos procedimientos no implican delitos con penas elevadas y, además, el primer juicio está previsto para diciembre, por lo que ya se superaría los cuatro años de prisión preventiva. Dichas causas se denominan con los nombres de los proyectos parapoliciales del excomisario: Iron (espionaje en un bufete de abogados), Land (contratación de los herederos del creador de la urbanización madrileña La Finca) y Pintor (encargo de los empresarios Fernando y Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana).

Añade el tribunal que, en cualquier caso, la medida de libertad provisional no puede efectivamente materializarse porque Villarejo se encuentra en prisión por el resto de las piezas de la causa. Una manera de calmar el temor de la Fiscalía de que, si resulta excarcelado, se fugue, destruya pruebas, coaccione a testigos e investigados o reitere la acción delictiva.

En cualquier caso, en cualquier momento de estos siete meses hasta noviembre el acusado podría abandonar el centro penitenciario de Estremera (Madrid) si el juez instructor, Manuel García-Castellón, estima el previsible recurso de su abogado.

300.000 euros por un servicio

Mientras tanto, en el juzgado siguen las declaraciones de los investigados. Este martes ha comparecido el abogado Antonio Chávarri en la pieza número 29 por contratar los servicios del comisario como detective privado. Ha comentado al juez que la relación contractual duró poco tiempo y que su cometido era espiar presuntamente al empresario Joaquín Molpeceres en relación a un concurso de acreedores.

Unos servicios que no fueron muy efectivos y por los que abonaron 300.000 euros, si bien no le pagaron la llamada «prima de éxito», un apunte habitual en los presupuestos que realizaba Villarejo, que estaba fijada en 125.000 euros. En esta pieza se investigan delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.