Bárcenas declara que un abogado del PP le ofreció medio millón por manipular la caja B

Sin mayores cargas procesales que el cumplimiento de su condena ni promesas verbales en curso para comprar su silencio, Luis Bárcenas declaró este lunes ante el tribunal que juzga la caja B del Partido Popular como una persona liberada. Sin lastres aparentes para contar su verdad. Durante cerca de cuatro horas, en una primera comparecencia que continúa este martes con el interrogatorio de la Abogacía del Estado y de su defensa, el extesorero nacional dio veracidad a la existencia de una contabilidad paralela en el PP, detalló su funcionamiento y confirmó el pago de sobresueldos a dirigentes populares con dinero procedente de donativos de empresarios.

No es que todo lo contado este lunes a la Sala de la Audiencia Nacional fuera una festival de titulares. Más si cabe porque, en el escrito de confesión presentado hace dos meses, Bárcenas ya avanzó las líneas maestras de su declaración. Sin embargo, la presencia del acusado ante un tribunal siempre deja poso y, en esta ocasión, con el añadido de que ha decidido colaborar con la Justicia y buscar atenuantes para rebajar su encarcelamiento (ha cumplido ya cuatro de los 12 años efectivos de cárcel y devolverá 22 millones para la multa). La revelación más potente, y que incluso pilló desprevenido al fiscal anticorrupción Antonio Romeral, el interrogador este lunes, se refirió a un episodio desconocido hasta la fecha. En febrero del 2013, días después de publicarse en los medios de comunicación una copia de sus papeles de la caja B, en la cúpula del PP cundió el terror. El torpedo que suponían estos documentos llevó a la formación a adoptar un plan de choque para tapar el escándalo. Según explicó Bárcenas, fue convocado a una reunión de urgencia en el despacho del abogado de Álvaro Lapuerta, el histórico tesorero popular ya fallecido. Estaban el letrado Javier Iglesias y el entonces diputado Jesús Merino, también imputado por Gürtel. «Me plantearon la preocupación que había en el partido con esos documentos y me ofrecieron que volviese a repetirlos, pero variando conceptos y cantidades de cara a hacerlos públicos y crear dudas en la opinión pública», relató. «Se me ofrecieron 500.000 euros en efectivo que aportarían empresarios. Yo les dije que no, que quería los 975.000 euros que me correspondía de la indemnización por despido, y los quería de la caja oficial», les contestó.

«¿Y quién dice que le hizo ese ofrecimiento?», intervino el fiscal. «Fue Javier Iglesias, abogado del PP e interlocutor en determinados asuntos que iban en contra de mis intereses», replicó Bárcenas. Efectivamente, Iglesias ha estado en un segundo plano en diferentes conflictos judiciales contra el PP, como Gürtel o la operación Kitchen, las vigilancias parapoliciales al extesorero y su familia para recuperar documentos sensibles de la caja B en su poder. Este plan se investiga como pieza separada en el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo. Se trata de un dispositivo montado por el Ministerio del Interior poco tiempo después de que Bárcenas rechazara el ofrecimiento que le hizo presuntamente Iglesias. El acusado situó al abogado, además, entre las personas que le hicieron llegar en prisión, en julio del 2013, que si guardaba silencio su mujer no acabaría en la cárcel. Una falsa promesa que llevó a Bárcenas a tomar decisiones importantes para no dañar al partido, como la retirada de su acusación contra altos cargos del PP en la causa por la destrucción de los ordenadores, en el 2016. Unos equipos que usó este en la sede nacional de Génova 13, en Madrid, y cuya sentencia resultó absolutoria para los acusados.

Dinero a Rajoy y Aguirre

En su declaración de este lunes, Bárcenas detalló que el sistema de sobresueldos fue creado durante la etapa de Francisco Álvarez-Cascos como secretario general, en 1996, tras la llegada de José María Aznar a la Moncloa. Y señaló a sus receptores: Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Federico Trillo, Pedro Arriola, Ángel Acebes o Rodrigo Rato. Sobre los dos últimos aseguró que no les dio sobres, «pero sí cobraron».

Del mismo modo, Bárcenas relató al tribunal un hecho que afectaría a Rajoy y a Cospedal, quienes declararán como testigos en el juicio. Contó que sus anotaciones de la caja B concluyeron en el 2009, cuando las arcas estaban a cero por una serie de anticipos a organizaciones territoriales. Pero un año más tarde, tras recibir un donativo de un empresario por 50.000 euros, repartió la mitad en dos sobres y se los entregó a ambos. La razón es que llevaban un tiempo sin percibir esos sobresueldos para completar sus salarios como cargos públicos. El acusado también ratificó al tribunal que Lapuerta, la persona que tomaba las decisiones contables, entregó en el 2007 a Esperanza Aguirre un sobre con 60.000 euros de parte de un constructor, Luis Gálvez, para la supuesta financiación irregular de su campaña autonómica. Al conocer que la expresidenta madrileña ha negado este hecho, Bárcenas tiró de memoria y le recordó este lunes que había coincidido con el empresario en la boda de un exconcejal madrileño.

La traca final llegó sobre pruebas que no han visto la luz. Afirmó que dispone de más papeles que recogerían «documentación con aportaciones de empresarios para la campaña nacional con contenido exclusivamente electoral». El fiscal le preguntó si las había aportado al juez y Bárcenas le remitió a su abogado.

 Hubo «acuerdo» para pagar en negro las obras de Génova y no habrá careo con Rajoy

El meollo del juicio, más allá de la veracidad de la existencia de una caja B en el PP nacional, está en el pago de las obras que se realizaron en la sede entre el 2005 y el 2011. Bárcenas reconoció al fiscal el abono en negro de parte de la remodelación. En total, más de un millón de euros. Una vez se eligió a Unifica como la empresa que iba a realizar la reforma, se celebró una reunión con uno de sus socios, el arquitecto Álvaro Urquijo, a quien le dejaron claro que para poder realizarla «tenía que aceptar una cantidad extracontable», declaró Bárcenas.

Tanto él como Lapuerta eran conscientes de que no obraron «con las normas vigentes al uso», pero que la forma pactada fue esa. Preguntado por el fiscal si algún superior conocía esta ilegalidad, Bárcenas respondió que no sabía si Lapuerta lo consultó con Ángel Acebes, entonces secretario general, que sí conocía el proyecto. «Si le dijo que una parte había que pagarla con fondos en B, lo desconozco».

Según su versión, Urquijo —también procesado— planteó al inicio dudas sobre este sistema de cobro y pidió poder consultarlo con su socia. Pero al final terminó respondiendo afirmativamente si el porcentaje en negro era razonable. «Nos dice que haciendo un esfuerzo está dispuesto a cobrarlo así», señaló Bárcenas respecto al primer apunte de sus documentos sobre el pago de 184.000 euros en noviembre del 2006.

Cuestiones previas

Al comienzo de la sesión, el tribunal rechazó el careo entre Bárcenas y Rajoy, que fue solicitado por la defensa del primero en las cuestiones previas. La sala presidida por José Antonio Mora explicó que valorará la credibilidad de las declaraciones que presten los testigos sin practicar esa diligencia. Del mismo modo, el tribunal confirmó que el PP se sentará en el banquillo como persona jurídica por su condición de responsable civil. Una representante legal tendrá que contestar a las partes y la elegida es la abogada María Massó.