Detenidos el subdelegado del Gobierno en Valencia y un exvicealcalde del PP por el supuesto cobro de comisiones

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvo este jueves al subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio, y al exteniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, quien fuera mano derecha de la regidora Rita Barberá.

La segunda fase del caso Azud, una trama de presunto cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, se saldó además con una decena de arrestados, entre ellos la hija de Grau y José Luis Vera, responsable jurídico de Divalterra, una empresa pública de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa.

La causa la instruye un juzgado local y en el sumario se investigan las supuestas comisiones que recibió José María Corbín, cuñado de la fallecida Barberá, por parte de los principales contratistas del consistorio municipal.

Una especie de peaje que el familiar de la regidora exigía a las grandes empresas por supuestamente mantener un trato de privilegio con el PP de la ciudad. Los informes policiales apuntan a que Corbín pudo beneficiarse con dinero en efectivo e incluso propiedades.

Una de las claves que despertó el interés de los investigadores fue la brutal caída de la facturación del despacho del familiar de Barberá cuando esta dejó de ser alcaldesa. En estas pesquisas, aparecen algunas mercantiles, constructoras fundamentalmente, que ya se investigaban en la financiación ilegal del PP.

Las investigaciones se han venido desarrollando en los últimos tres años y han derivado ahora en las mediáticas detenciones de Rubio y Grau. El primero fue cesado de manera fulminante y suspendido de militancia por parte del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV).

Adversarios políticos

Grau y Rubio fueron adversarios políticos en el Consistorio de Valencia y el primero llegó incluso a denunciar al segundo tras cruzarse acusaciones mutuas. El ex número dos del consistorio Valenciano en la época de Rita Barberá presentó una querella en abril del 2005 al entonces portavoz socialista por una supuesta intromisión en su honor al revelar que Grau era administrador de una empresa relacionada con actividades urbanizadoras. La denuncia no prosperó judicialmente.

El subdelegado del Gobierno y exportavoz adjunto del PSPV en la Cámara autonómica se encuentra procesado desde finales de marzo en una rama del caso Imelsa, referida a la contratación de personas que cobraban un sueldo pero que no acudían a trabajar. Pero el arresto del jueves está relacionado con su etapa como concejal en Ayuntamiento de Valencia.

En la operación fueron detenidos, además, varios constructores relacionados con el supuesto pago de comisiones para obtener un trato de favor de la administración durante la etapa de Barberá.

Alfonso Grau y José María Corbín son viejos conocidos en asuntos de esta naturaleza. Sus nombres ya aparecieron vinculados en operativas sospechosas de financiación del PP valenciano en el caso conocido como Pitufeo, donde se investigan también delitos electorales. Grau ya tiene una condena por delitos de corrupción, ya que aceptó relojes de lujo de un contratista municipal.