Jordi Pujol y sus siete hijos irán a juicio por organización criminal
España
Santiago Pedraz les acusa de acumular un patrimonio desmedido con corruptelas y les reclama una fianza de 7,5 millones de euros
16 Jun 2021. Actualizado a las 20:16 h.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente catalán Jordi Pujol y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando su posición política, y ha pedido al clan que deposite 7,5 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles.
Pedraz lleva al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del expresidente, Marta Ferrusola -a la que exoneró por su estado de salud después de que la defensa presentara un informe médico en el que alegaba que sufría demencia severa-, así como a otras once personas, entre ellas Mercé Gironés, la ex mujer del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y varios empresarios.
Les imputa presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pide a Jordi Pujol Ferrusola que deposite 7,5 millones de euros y a su ex mujer, otros 400.000 euros, en el plazo de diez días.
De esta forma, el instructor ha seguido los pasos de la Fiscalía Anticorrupción, que se dirigió contra todo el clan, pidiendo 9 años de cárcel para el patriarca y hasta 29 para su hijo mayor, mientras que la Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, interesando para ellos 25, 17 y cuatro años de prisión, respectivamente.
En el auto con el que puso fin a la instrucción, hace ya casi un año, el juez propuso juzgar a la familia al completo por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su «posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas», acumular un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».