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El Gobierno exhumará a Primo de Rivera del Valle de los Caídos y retirará los títulos nobiliarios que dio Franco

España

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La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y el Consumo, Alberto Garzón, en el Consejo de Ministros

La extinción de las fundaciones que ensalzan al dictador «no será inminente»

21 Jul 2021. Actualizado a las 16:00 h.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció que el anteproyecto de ley de memoria democrática que aprobó este martes el Consejo de Ministros pretende «resignificar» el Valle de los Caídos, de modo que los restos mortales del líder falangista José Antonio Primo de Rivera dejarán de estar en un «lugar preponderante» de este mausoleo y el Ejecutivo decidirá el destino de la cruz en dicho proyecto de reforma, informa Europa Press.

títulos nobiliarios

Retirada a los «protagonistas de la dictadura o de la Guerra Civil». La nueva ley de memoria democrática permitirá retirar símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a «todas aquellas personas a las que se les concedieron por ser protagonistas de la dictadura o de la Guerra Civil».

exhumación

Traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera. La exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera, que actualmente están al pie del altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos, se efectuará en comunicación con la familia del líder falangista. «Hablaremos con la familia, es la manera más sencilla de cumplir la ley», defendió el ministro.

el valle de los caídos

El futuro de la cruz en el proyecto de resignificación. Sobre el futuro de la cruz del Valle de los Caídos, Bolaños señaló que «la ley establece un marco general para la resignificación del Valle de los Caídos, pero dentro de ese marco, en su momento, habrá que concretar un proyecto en el que se tome la decisión sobre esa cuestión».

fundación franco

Extinción de entidades que ensalcen a dirigentes de la dictadura. Además, este anteproyecto de ley de memoria democrática recoge la extinción de las fundaciones que, como la dedicada al dictador Francisco Franco, ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan «con menosprecio a las víctimas» del golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo.

En cualquier caso, Bolaños explicó que la ilegalización de la Fundación Francisco Franco no será inminente, ya que, una vez que se modifique la ley, se iniciará un procedimiento administrativo que concluirá con una resolución y posteriormente habrá un procedimiento judicial.

«No será una extinción inmediata de la Fundación Francisco Franco si es que así se insta por los órganos competentes», matizó el ministro de la Presidencia, que ha sido el encargado de llevar al Consejo de Ministros este anteproyecto en el que ya estaba trabajando la exvicepresidenta primera Carmen Calvo.

trámite parlamentario

En busca del «máximo consenso posible». Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto inicia ahora su andadura parlamentaria y, ante el rechazo que ya ha avanzado Vox y la petición de la Fundación Francisco Franco al PP de que luche contra esta ley, Bolaños aseguró que la voluntad del Gobierno de coalición es que tenga «el máximo consenso posible».

fiscalía

Un órgano para investigar las violaciones de derechos. El Gobierno creará con esta ley una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática que «investigará, impulsará, practicará diligencias para investigar todas las violaciones de derechos humanos e impulsará la búsqueda de las víctimas».

nacionalidad española

Nuevos supuestos. Se establecen nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española. Uno de ellos es el de los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y que perdieron la nacionalidad.

La Fundación Franco dice que seguirá defendiendo la figura del dictador: «Nadie nos va a callar»

El presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, exhortó al Partido Popular a luchar «por la defensa de la libertad» contra la ley de memoria democrática, cuyo anteproyecto fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros, y aseguró que «con ley o sin ley» nadie los va a callar.

En declaraciones a Europa Press, Chicharro señaló que el Gobierno «no puede negar el derecho constitucional»: «Esta ley de memoria democrática contraviene artículos de la Constitución, es una ley inconstitucional».

Por ello, Chicharro se mostró «relativamente tranquilo» porque el anteproyecto de ley tiene que seguir un trámite parlamentario y, según recalcó, disponen de la «garantía» de que Vox recurrirá esta norma y esperan que el PP, «siquiera por la defensa de la libertad», también lo haga.

No obstante, el presidente de la fundación asumió que presumiblemente esta ley salga adelante dada la mayoría parlamentaria del Gobierno, pero, en este caso, avanzó que la recurrirá y que confía en que «el Tribunal Constitucional se mantenga independiente porque el Gobierno está al asalto».

PP y Vox arremeten contra la norma, mientras que ERC y la CUP la consideran «muy insuficiente»

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, criticó que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez esté centrado en «mirar atrás» con la ley de memoria democrática y no se ocupe de los «muchos problemas» que tienen en el momento presente los españoles, como el hecho de que el precio de la luz esté en máximos históricos. A su entender, «mirar hacia atrás» no va a dar «ni futuro ni esperanza».

«Lo que España necesita no es un Gobierno que esté mirando al pasado y que busque enfrentar y dividir españoles, reescribir la historia, sino que necesitamos un Gobierno que dé soluciones a los problemas reales que tenemos los españoles», declaró Gamarra.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, confirmó este martes en Zaragoza que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley y que pedirá su derogación por ser «un atropello a las libertades».

Por su parte, los portavoces de ERC y CUP en el Congreso señalaron que la norma les parece «muy insuficiente» y anunciaron que no apoyarán su aprobación salvo que se den modificaciones sustanciales en su tramitación parlamentaria.


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