El juez Garzón pide el regreso a la Audiencia Nacional tras concluir la ONU que su condena fue «arbitraria»

Baltasar Garzón pedirá su reingreso en la carrera judicial después de conocerse que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido que la condena al juez por las escuchas en el caso Gürtel en el 2012 fue «arbitraria». El ex titular del Juzgado número cinco de la Audiencia Nacional quedó inhabilitado durante once años para ejercer por un delito de prevaricación.

La resolución no obliga a nada al Gobierno ni a la Justicia española. No obstante, Garzón solicitará el reingreso en la carrera judicial aunque estudiará primero el cauce adecuado para hacerlo porque, tal y como avanzó este jueves en El País, «de oficio no lo van a hacer».

El organismo de las Naciones Unidas considera en su dictamen que Garzón no tuvo acceso a «un tribunal independiente e imparcial» y, al ser juzgado por el Tribunal Supremo en su condición de aforado, tampoco tuvo acceso a una segunda instancia para revisar la sentencia.

En consecuencia, propone que Garzón reciba una compensación del Estado «acorde al daño causado». 

Irregularidades en los juicios

El juez fue condenado por ordenar escuchas ilegales en la prisión a varios de los detenidos en las primeras semanas de la investigación del caso Gürtel a pesar de que fueron autorizadas por la Fiscalía y solicitadas por la policía. Fue absuelto, en cambio, por abrir una causa para investigar crímenes del régimen franquista a pesar de la ley de amnistía de 1977.

El Comité de Derechos Humanos considera que ordenar las escuchas en la investigación del caso Gürtel, que el Supremo estableció que fueron ilegales, «no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal» aun en el supuesto de que la orden de Garzón fuera errónea. También considera irregular que los dos juicios se celebraran con solo cinco días de diferencia y con la participación de dos jueces en ambos procesos a pesar de la recusación presentada por el acusado. «No se puede concluir que dichos tribunales gozaran de la apariencia de imparcialidad necesaria para su enjuiciamiento», remarca la ONU en su informe.

Garzón presentó su demanda el 31 de enero del 2016 por vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El organismo de las Naciones Unidas la admitió el pasado 4 de febrero y dio seis meses al Gobierno de España para que presentase alegaciones. Con anterioridad, en octubre del 2019, el comité estudió los argumentos del magistrado y los del Gobierno, que pidió cerrar el caso y no entrar en el fondo del asunto, antes de decidir si aceptaba la queja de Garzón.

El comité da a España seis meses para «garantizar una reparación efectiva» al juez de la Audiencia Nacional así como la eliminación de sus antecedentes penales. Garzón, que está inhabilitado hasta el 2023, defiende que dicha reparación debería consistir en su «reposición como magistrado». «Si te han quitado tu profesión -aseveró-, que te la devuelvan».