Puigdemont, detenido en Cerdeña por la orden de busca y captura del Tribunal Supremo

El expresidente catalán Carles Puigdemont, sobre quien pesa una orden internacional de busca y captura emitida por los jueces del Tribunal Supremo, fue detenido este jueves por las autoridades italianas a su llegada al aeropuerto de Alguer, en la isla de Cerdeña. Policías de paisano lo arrestaron en la terminal.

Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde el otoño caliente del 2017 en Cataluña, cuando huyó a Bélgica, acudía a Cerdeña para participar en un acto con el alcalde de Alguer, quien ofrecía una recepción a los asistentes a un encuentro internacional organizado por la asociación Adiflok, dedicada a la difusión del folklore, y al que también estaba previsto que acudiese la consejera de Exterior, Victòria Alsina, y la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, también de Junts per Catalunya.

Fue el pasado 30 de julio cuando el expresidente catalán y ahora europarlamentario perdió la inmunidad. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) le retiró la prebenda que le había devuelto temporalmente el pasado 2 de junio a él y sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, todos ellos eurodiputados de Junts y fugados de la Justicia española desde el 2017. Aquella decisión había puesto en suspenso los suplicatorios que el Parlamento Europeo acordó el 9 de marzo, pero el auto volvió a activarlos.

Los abogados de Puigdemont, Comín y Ponsatí argumentaron en su momento que la decisión de la Eurocámara les dejaba «expuestos al riesgo de ser detenidos». En concreto, aludían a su participación en el primer pleno en Estrasburgo (Francia), que se celebró el pasado 7 de junio. Un argumento que el magistrado consideró que no se sostiene. «La inmunidad que ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresen de este permanece jurídicamente intacta», recoge en el auto.

Los tres prófugos de la Justicia podrían ser a partir de ahora detenidos y juzgados en España si entraran en el país, ya que la Eurocámara aceptó el suplicatorio al considerar que los hechos por los que el Supremo les reclama ocurrieron antes de adquirir su condición de eurodiputados.

Sin embargo, ningún otro país de la UE los podía detener y entregar a las autoridades españolas hasta que se reactivasen las órdenes de detención y entrega. Tras la detención, fuentes del Tribunal Supremo han asegurado a Efe que las órdenes de detención nunca han dejado de estar vigentes.

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que el expresidente catalán se encuentra «absolutamente tranquilo» tras su detención por las autoridades italianas, porque confía en las «garantías del derecho de la Unión».

 En opinión de Boye, Puigdemont ha sido víctima de una «detención policial por una orden fraudulenta respecto al derecho de la Unión» que, a su parecer, se ha mantenido en vigor a pesar de que no podía estarlo. 

Reacciones en España

Tras conocerse la noticia de la detención de Puigdemont, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha sido una de las primeras personas en hacer declaraciones y ha celebrado la detención del expresidente de la Generalitat. «Es una buena noticia para todos los demócratas», aseguró en su perfil de Twitter. «Espero que pueda ser trasladado a España y responder por sus acciones. Nadie debe tener impunidad ni estar por encima de la ley», añade.

También el líder del Partido Popular, Pablo Casado, publicó un tuit para reivindicar que Puigdemont sea «juzgado en España por su golpe a la legalidad constitucional» e instó a Pedro Sánchez a «comprometerse a respetar la sentencia de la Justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder».

Por su parte, desde el Gobierno se considera que la detención del expresidente de la Generalitat obedece a un procedimiento judicial en curso, y como cualquier otro ciudadano europeo debe someterse a la acción de la Justicia. La Moncloa ha hecho público un comunicado esta madrugada tras la detención de Puigdemont en Cerdeña en el que recalca que esa acción es consecuencia del procedimiento judicial abierto «que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales».

 El independentismo cierra filas y pide su liberación

El presidente de la Generalitat ha anulado su agenda de este viernes para seguir desde el Palau de la Generalitat «la última hora» de la detención de Carles Puigdemont. , Pere Aragonès ha condenado el arresto y le ha expresado públicamente su apoyo. 

«A tu lado, presidente Puigdemont», escribió en Twitter. En el mismo mensaje sostuvo que la amnistía es «el único camino» y la autodeterminación la única solución para solucionar el conflicto catalán. 

La consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat, Victòria Alsina, ha respaldado la tesis del abogado Boye. Dice que la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña es «irregular porque la euroorden está suspendida».

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, del partido del expresidente, ha considerado que la detención de Puigdemont es una «operación orquestada» por el Estado, y ha confiado en que, una vez pase a disposición judicial, lo pongan en libertad.

¿Por qué en Alguer? 

Alguer es una ciudad y municipio homónimo del oeste de la isla de Cerdeña y cuenta con una ciudad vieja destacable y una población que supera los 40.000 habitantes. Pero su historia estuvo antaño muy ligada a la Corona de Aragón, de la que Cataluña formó parte, y heredó costumbres y hasta la bandera de barras rojas y amarillas de esa época. La ciudad de Alguer fue poblada por catalanes cuando estos destacaban por su carácter comercial y marítimo en el Mediterráneo, y estuvo siempre muy vinculada a las islas Baleares y a la propia Cataluña. De hecho, en esta ciudad sarda y su área más próxima se puede escuchar todavía hablar en lengua catalana, especialmente a la gente de mayor edad. De ahí que la visita de Carles Puigdemont a Alguer tiene por tanto un cargado simbolismo para los independentistas.

No solo Alguer se encuentra en el itinerario reivindicativo de los Països Catalans, pues el propio Puigdemont realizó actos de campaña pro independencia en Perpiñán, Francia, otro de los territorios de la Cataluña irredenta que el nacionalismo soberanista -a pesar de estar fuera de las fronteras políticas- considera como parte de su imaginario nacional.

¿Será Puigdemont extraditado a España?

La justicia italiana resolverá si la orden de detención dictada hace dos años por el magistrado Llarena, que ha estado activa en todo momento, permite la extradición de Puigdemont a expensas de lo que pueda decir el Tribunal de la UE

J. A. B.

¿A la tercera irá la vencida? Con la detención de Puigdemont en Cerdeña puede decidirse la batalla que mantienen el Tribunal Supremo, encarnado en este caso por el magistrado Pablo Llarena, y el expresidente catalán para que este responda ante la Justicia española por el golpe secesionista fallido del 1 de octubre de 2017.

Un tribunal de la isla italiana deberá resolver en los próximos días si inicia los trámites para extraditar al líder independentista -que, en todo caso, se prolongarían varias semanas- o, por el contrario, procede a su puesta en libertad, como ya han pedido sus abogados.

No obstante, lo primero que tendrá que resolver la Corte de Apelación de Sassari en Cerdeña es si se declara competente para entender del caso.

Los abogados de Puigdemont le harán saber este viernes que existe un procedimiento abierto en el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) para decidir si se le devuelve la inmunidad como eurodiputado (fue elegido en los comicios continentales de mayo de 2019) y logra con ello parar los trámites de su posible entrega a España. De hecho, así lo solicitó el propio expresidente entre otras medidas cautelares, pero los magistrados europeos rechazaron a finales de julio anticipar cualquier tipo de actuación en ese momento.

Lo que sí hizo el Tribunal de la UE fue avisar a Puigdemont de que si el perjuicio alegado -que entonces parecía más teórico- era lo suficientemente probable o corría riesgo de materializarse -por ejemplo, con su detención durante un viaje como eurodiputado como ha ocurrido ahora- podría interponer otra demanda y, solicitar de nuevo que temporalmente se le devolviera la inmunidad parlamentaria. De hecho, los magistrados europeos citaban como ejemplo justificativo de ello, amén de su posible arresto, que se realizase alguna actuación tendente a su entrega a las autoridades españolas.

Pendientes de Luxemburgo

Lo cierto es que, según señalaron este jueves por la noche fuentes judiciales, la justicia española no había realizado una nueva acción contra el expresidente catalán. Precisaron en este sentido que la orden de búsqueda y captura que ha permitido ahora su detención fue dictada el 14 de octubre de 2019 por el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, y ha seguido vigente en todo momento. A Puigdemont, procesado en rebeldía, le imputaba los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, los mismos por los que fueron condenados aquellos y luego indultados parcialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La única orden que se retiró fue la dictada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Y precisamente lo hizo el propio Supremo en diciembre de 2017 al asumir la competencia del caso para las personas aforadas. La duda jurídica ahora es si el Tribunal de Justicia europeo, con sede en Luxemburgo y que tiene pendiente de resolver aún el pleito que mantienen las justicias española y belga por la extradición fallida de Puigdemont en 2020, decide tomar cartas en el asunto. Así lo van a pedir sus abogados para que recupere su inmunidad parlamentaria y no tenga que responder, por ahora, ante la extradición que presumiblemente pedirá España a Italia en cumplimiento de la solicitud de Llarena.

El precedente de la primera detención de Puigdemont

El expresidente catalán fugado fue arrestado en Alemania en marzo del 2018. Estuvo doce días en la cárcel. La justicia alemana solo aceptó extraditarlo por malversación. Y el juez Llarena desactivó la orden de captura

Cristian Reino

La detención de Puigdemont en Italia es la segunda del expresidente catalán desde que huyó a Bruselas, metido en el maletero de un coche, el 30 de octubre de 2017, días después de la declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlamento catalán.

Fue arrestado el 25 de marzo de 2018, en virtud de la orden de europea de extradición dictada por el Tribunal Supremo para que fuera juzgado como lo fueron los dirigentes del procés, condenados con posterioridad a penas de 9 a 13 años y con el tiempo indultados por el Gobierno.

Puigdemont permaneció doce días en la cárcel. El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, dictó su libertad bajo fianza de 75.000 euros y además declaró que no vio admisible el delito de rebelión que le imputaba entonces la justicia española. Sí en cambio el delito de malversación.

Llarena rechazó entonces la entrega a España solo por malversación y retiró aquella euroorden. La Justicia alemana dio por cerrado el proceso de extradición. Y Puigdemont fue libre para volver a Bélgica.