Laya se acoge a ley de secretos para no revelar quién autorizó la entrada de Gali en España

Arancha González Laya no ha desvelado si fue suya o de alguien superior la decisión de autorizar la entrada en secreto en España de líder del Frente Polisario el pasado 18 de abril. La exministra de Asuntos Exteriores, parapetada en la ley de Secretos Oficiales, se negó hoy a informar al juez de instrucción número 7 de Zaragoza de si hay un señor o señora 'X', como sostienen las acusaciones populares y también ha sugerido el que fuera su jefe de gabinete.

El diplomático Camilo Villarino declaró hace dos semanas ante el juez Rafael Lasala que no creía que «fuera ella sola por sí y ante sí» la que decidiera autorizar el ingreso en España de Brahim Gali para ser tratado de covid en un hospital de Logroño. «El Gobierno no es un reino de taifas», acotó Villarino, un veterano de Exteriores que ha sido jefe de gabinete de Laya y de sus antecesores, Alfonso Dastis y Josep Borrell, y conoce a fondo el funcionamiento del Ejecutivo. «Me dice (la ministra) que se ha decidido, no me dice quién, pero lo puedo imaginar», señaló en su declaración.

Las acusaciones populares van más lejos y mantienen que hubo un «consejillo de ministros» en los días previos a la llegada de Gali en el que participaron Pedro Sánchez y los titulares de Asuntos Exteriores, Defensa e Interior en el que se cocinó la decisión.

El caso es que el líder del Frente Polisario aterrizó en la base aérea de Zaragoza un 18 de abril en circunstancias poco claras. No se sabe con qué documentación entró ni quién del Gobierno dio luz verde a una operación que desencadenó una profunda crisis diplomática con Marruecos, que se sintió traicionado por España, y que seis meses después sigue sin superarse. Además, la costó el puesto a González Laya en la remodelación del Gobierno del pasado 10 de julio.

«Sinceridad y transparencia»

La exministra declaró hoy durante una hora ante el juez. Se negó a responder a las acusaciones y solo contestó al instructor, al fiscal y a la Abogacía del Estado que lleva su defensa. De acuerdo a fuentes jurídicas presentes durante el interrogatorio, no aportó gran cosa. Se encastilló en que todo se hizo por «razones humanitarias» y «conforma a la ley». Ella misma dijo tras su testimonio que «todo se hizo de acuerdo con la ley y espero que el juez llegue pronto a la misma conclusión».

Pero ni ante el juez ni fuera del juzgado precisó cómo se organizó la entrada de Gali. Se atrincheró en la ley de Secretos Oficiales y un acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre del 2010 que convirtió en materia clasificada los documentos o informaciones de Asuntos Exteriores que afecten a «las relaciones diplomáticas con terceros países». Es decir, casi todo lo que se gestiona en el Ministerio. A pesar de la escasa luz arrojada sobre el caso, Laya aseguró que declaró con «sinceridad y transparencia».

Las acusaciones populares alegan que no es irrelevante quién dio la orden porque se avaló la entrada en «el espacio Schengen» sin informar al resto de países concernidos de una persona «investigada por genocidio en la Audiencia Nacional».

El juez, por ahora, no ha elevado el listón de las investigaciones. De hacerlo tendría que inhibirse en favor del Supremo por la condición de aforados de los hipotéticos investigados. Mantiene esa condición (antes imputación) para la exministra, que no es diputada, por los presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad documental.