La comisión Kitchen concluye que Rajoy y Cospedal conocieron el espionaje a Bárcenas

La comisión parlamentaria que ha investigado en el último año la operación Kitchen ha concluido que la cúpula del PP ordenó esta presunta trama parapolicial de espionaje a su extesorero Luis Bárcenas, con el conocimiento de la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, «que informaba» al expresidente Mariano Rajoy.

El PSOE y Unidas Podemos llegaron a la comisión sin haber pactado sus conclusiones. De hecho, el grupo confederal había presentado su propio texto acordado con ERC, Bildu, Junts y la CUP. Sin embargo, finalmente tanto Bildu como el socio morado del Gobierno han apoyado el documento de los socialistas, al que se han añadido dos párrafos a propuesta de Unidas Podemos.

En concreto, se ha agregado una recomendación para revisar los procedimientos vigentes para el uso y control de los fondos reservados, así como de los procesos concesión de condecoraciones en la Policía Nacional para dotarlos de una mayor «objetividad y transparencia».

Además, se ha dejado constancia en las conclusiones aprobadas de que parte de la documentación que había solicitado la comisión para hacer su pesquisas no ha llegado nunca y otra lo ha hecho a destiempo, es decir, tarde.

Sin embargo, estos añadidos de última hora, no han sido suficientes para que el texto de los socialistas recibiera el respaldo de ERC, PNV y la CUP, que han optado por la abstención. Por su parte, PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra de las conclusiones que se elevarán al Pleno del Congreso para su ratificación.

«El desarrollo de la comisión de investigación nos permite concluir que la cúpula directiva del Partido Popular ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder del extesorero Luis Bárcenas», concluye el texto aprobado.

Implicación «indiciaria» de Rajoy

El documento, recogido por Europa Press, no habla expresamente de responsabilidades políticas por esta operación, aunque la considera probada y, de hecho, plantea que se desarrolló en tres sedes: la central del PP en la madrileña calle Génova, el Ministerio del Interior, y la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.

Resalta que se produjo «con el conocimiento» de Cospedal que «informaba» a Rajoy, que fue el ministro Jorge Fernández Díaz quien «encargó al secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo» y que el «epicentro» del mismo estaba en la DAO que dirigía Eugenio Pino.

Con el fin de «obstruir» las investigaciones judiciales en marcha y evitar que las pruebas contra el PP llegaran a la Justicia y la Policía Judicial, señala el texto, en esta trama «de interés particular exclusivo del Partido Popular» se utilizaron «ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales».

La comisión mantiene que, según las declaraciones de diversos comparecientes, se puede concluir «la implicación de los responsables políticos máximos del Ministerio del Interior, (ministro, secretario de Estado de Seguridad y director general de la Policía), así como de la secretaria general del Partido Popular y de forma indiciaria del mismo Presidente del Gobierno».

No se cumplían los protocolos

También señala como otra «conclusión evidente» el «descontrol absoluto en el uso de los fondos» en Interior, así como la «ignorancia y exclusión de cualquier clase de seguimiento de las previsiones legales y de los protocolos establecidos».

Como ejemplo de esto último, denuncia la utilización de «catálogos, provisiones de plazas y medios personales de forma arbitraria» por parte del director adjunto Operativo, Eugenio Pino, «con la complicidad de otros cargos policiales que ejecutaban estas órdenes ilegales».

Así, apunta a un «despilfarro de dinero público, claramente malversado y detraído de las finalidades legalmente asignadas», y, encima, «en un momento de crisis donde los efectivos estaban congelados y los recursos materiales escaseaban».

«Con estas actuaciones, no solo se incumplió de manera flagrante la ley, se frustró la recta administración de Justicia, sino que también se provocaron daños de difícil o imposible reparación al crédito y buen nombre de la Policía Nacional en su prestigio, con afectación grave a sus recursos, estructura y funcionamiento», resaltan las conclusiones aprobadas.