El «WhatsApp del narco» se convierte en el nuevo ariete policial en la lucha contra el tráfico de drogas

Se llamó operación Venetic, tuvo lugar en junio y julio del 2020 y en España pasó bastante desapercibida. Sin embargo, aquel golpe de la policía de Francia con apoyo del Reino Unido, Países Bajos y Europol al conocido como el «WhatsApp del narco» lleva camino de convertirse en una verdadera mina de oro para las fuerzas de seguridad españolas. Y es que, por primera vez, la Justicia española ha avalado este diciembre el uso de las decenas de miles de conversaciones y datos a los que las policías europeas tuvieron acceso tras desencriptar Encrochat, el sistema de mensajería usado durante años casi en exclusiva por grandes delincuentes y el crimen organizado.

Según los responsables de cooperación internacional de la Policía y la Guardia Civil, Encrochat era usado por más de 60.000 usuarios en 140 países distintos. El verano del pasado año, en el marco de la operación Venetic, fueron detenidas más de 800 personas. Sin embargo, sostienen en el Ministerio del Interior, el grueso de la información obtenida tras la caída de Encrochat «no ha sido todavía explotada» en Europa. Y en España, en particular, afirman, «apenas ha comenzado a llegar la información» que Francia está determinada a compartir y podría servir durante años para golpear a los narcos. De acuerdo con los cálculos de los servicios antidroga españoles, en territorio nacional este chat era utilizado por varios cientos («probablemente miles») de usuarios. La práctica totalidad de ellos, insisten mandos policiales, eran grandes delincuentes relacionados con el gran tráfico de estupefacientes, ya que solo ellos podía permitirse el lujo de pagar una suscripción a Encrochat de 3.000 euros anuales para que sus Android se convirtieran en teléfonos supuestamente indescifrables y llenos de recursos para borrar en cuestión de milisegundos cualquier rastro de sus conversaciones.

Fue la Gendarmería francesa la que en el 2017 comenzó las investigaciones sobre este sistema, tras constatar que en los teléfonos de buena parte de los narcos que capturaban aparecía esta aplicación de encriptación. En marzo del 2020, tras infiltrarse en el chat, los servicios galos lograron descifrar las claves. Para junio del pasado año, cuando Encrochat dio el aviso a sus usuarios para que se deshicieran de sus terminales porque la policía había violado sus sistemas, Europol ya tenía copia de millones de conversaciones, «la inmensa mayoría de carácter delictivo», según la policía española.

Entre esas conversaciones estaban las de dos presuntos narcos extranjeros, ahora detenidos en España, investigados por tráfico de drogas y blanqueo de dinero en inversiones inmobiliarias en Marbella. En síntesis, ambos acusados han alegado ante la Audiencia Nacional que las conversaciones telefónicas que les incriminan, y que en noviembre del pasado año fueron enviadas por un juez de Lille como preámbulo de otras muchas, fueron fruto de una investigación «prospectiva e indiscriminada», que sí permite el derecho galo, pero no el español.

De plano

Sin embargo, esas alegaciones han sido rechazadas de plano por el magistrado de refuerzo de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, en la primera decisión de la Justicia española sobre el uso de ese canal de información delincuencial que se antoja inconmensurable en un futuro cercano.

El magistrado, con el apoyo de la Fiscalía, alega que toda esta información proviene de la macrocausa judicial abierta en Francia sobre el propio Encrochat, con lo que todos los datos que emanen del desencriptado tienen el paraguas judicial necesario. Y ello porque la investigación que Francia comenzó en el 2017 era precisamente por el uso masivo de este «sistema delictivo» y no por una operación antidroga en particular. Y este matiz, explican responsables de Interior, es el que podría dar luz verde a que las fuerzas de seguridad exploten durante años la nueva mina de oro. Los mandos de la lucha antidroga esperan que en breve también el Supremo haga suya la interpretación de Gadea para comenzar a pedir a Francia la riada de datos de Encrochat referidos a España.