Ada Colau niega ante el juez que influyera en las subvenciones a entidades afines

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declaró este viernes ante el juez como investigada por presuntas irregularidades en unas subvenciones otorgadas por el consistorio barcelonés entre el 2019 y el 2020 a entidades afines a En Comú Podem. Colau está imputada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público.

La dirigente barcelonesa negó en el juzgado —respondió a todas las partes salvo a la entidad querellante— que interviniera en la aprobación de las subvenciones y apuntó que algunas de las ayudas públicas que están en el ojo del huracán ya las heredó del anterior equipo de gobierno, encabezado por el alcalde convergente Xavier Trías. Además, señaló que el interventor municipal solo pidió al consistorio cambiar el método empleado para otorgar estas partidas.

La entidad que presentó la querella —la Asociación para la transparencia y la calidad democrática— acusa a la edil barcelonesa de firmar de manera arbitraria y discrecional, sin concurrencia pública y sin justificar el interés público, una serie de ayudas económicas para entidades afines a los comunes, como el Observatorio Desc, donde trabajaba la propia alcaldesa antes de dar salto a la política institucional; Ingenieros sin fronteras; la PAH, de la que fue portavoz y su figura más visible; y la Alianza contra la Pobreza energética. 

Defensa de las subvenciones

Colau defendió las subvenciones, me «enorgullecen», dijo, pues se trata de asociaciones que «desempeñan un trabajo encomiable con un escaso presupuesto».

La dirigente de En Comú Podem planteó una defensa jurídica afirmando que no hay caso y que su investigación debería ser archivada. Y puso también sobre la mesa una defensa política, ya que está en juego su reelección en las municipales del año que viene. En este ámbito, la alcaldesa pasó al ataque y denunció una «ofensiva» por parte de la empresa Agbar para intentar apartarla del poder por su voluntad de remunicipalizar la gestión del agua de la ciudad. «Nos quieren erosionar, pero nosotros seguiremos defendiendo el bien común», afirmó.

Sus letrados apuntan que sufre una persecución ideológica y que una decena de causas similares y de intentos de imputarla ya han sido archivados.

El ministerio público se inclina de nuevo por el archivo del caso, tras señalar que el 99,9 % de la documentación que han aportado los denunciantes en la querella es la misma que en la denuncia que ya fue desestimada el verano pasado, al no ver indicios de delito.