Podemos considera una «deslealtad» que Sánchez no le avanzase las medidas que anunció

El giro a la izquierda con el que Pedro Sánchez ha tratado de retomar la iniciativa en el debate sobre el estado de la nación ha generado sentimientos encontrados en el sector de Unidas Podemos del Gobierno de coalición. Aunque formalmente desde la agrupación morada han aplaudido que el flanco socialista del Ejecutivo haga suyas algunas propuestas de Podemos —como los impuestos extraordinarios a las compañías eléctricas y a la banca— , los representantes del partido y sus confluencias también han aireado su malestar por lo que consideran una «deslealtad» del presidente.

El dirigente de los comunes y presidente del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, recalcó este miércoles que algunas de las medidas que anunció Sánchez ya las había planteado en reiteradas ocasiones su formación, y criticó que el presidente no se las hubiese comunicado antes de hacerlas públicas en el debate. El portavoz de Unidas Podemos aseguró que esto implica un «acto de deslealtad» y que es una prueba de que Sánchez no trata con respeto a su socios de Gobierno.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no hizo explícito su malestar por la decisión de Pedro Sánchez de no avanzar estos anuncios a su formación, pero sí sorprendió el martes por su rictus serio mientras aplaudía tras la intervención del jefe del Ejecutivo. Ya a la salida del hemiciclo, Díaz se limitó a comentar ante las cámaras de televisión que las medidas anunciadas por el presidente eran positivas y «de todo el Gobierno» y exigió que los impuestos extraordinarios se aplicasen, además de a las empresas eléctricas y a las entidades financieras, a «las grandes multinacionales».

Reunión de la comisión de seguimiento del pacto

Jaume Asens reiteró este miércoles que sigue siendo necesario reunir a la comisión permanente de seguimiento del acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. En una entrevista en la cadena Ser recogida por Europa Press, el portavoz del grupo confederal destacó que la intervención y las medidas anunciadas por Sánchez solucionan discrepancias de fondo, pero «sigue habiendo una discrepancia en las formas». Entre las diferencias de fondo, por ahora sigue sin resolverse el incremento del gasto en defensa hasta el 2% del PIB comprometido por el presidente ante sus aliados de la OTAN y rechazado por todos los sectores y confluencias de UP.

Pese a estos desencuentros, Jaume Asens celebró que Sánchez aprovechase el debate para hacer un «giro a la izquierda» y atribuyó este cambio de estrategia a que el presidente del Gobierno ha entendido finalmente que necesita al llamado bloque de investidura para completar su mandato y que la geometría variable no funciona.

En este sentido, todo apunta a que Sánchez sale del debate sobre el estado de la nación más atado a los socios parlamentarios que facilitaron su investidura. Las intervenciones dentro y fuera del pleno han dejado claro que ahora mismo el PSOE no puede alcanzar acuerdos con el PP, como prueba el fracaso de la reunión del pasado lunes entre Esteban González Pons y Félix Bolaños para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

No contribuyó a esa búsqueda de hipotéticos acuerdos con el PP la intervención final del portavoz socialista, Héctor Gómez, que cerró el debate con duros ataques a los populares. Gómez reprochó al PP que haya dedicado a ETA «más de la mitad del tiempo» de su intervención y que no haya planteado «ni una sola iniciativa». El portavoz socialista también afeó a los populares que «dibujen un escenario apocalíptico» del país y que utilicen la política exterior como «arma arrojadiza» contra el Gobierno. 

La reforma fiscal de Podemos

Ya por la tarde, concluidas las intervenciones, Unidas Podemos planteó una serie de propuestas para su debate en la sesión final de este jueves. Los morados exigen a su socio de Gobierno una amplia reforma fiscal con medidas como endurecer diez puntos el impuesto de sociedades a los grandes supermercados y financiar con esta recaudación adicional un cheque de ayuda a la cesta de la compra para las familias.

Los socios de Gobierno del PSOE justifican el recargo a estas grandes empresas de distribución por ser unas de las que «se están beneficiando del aumento de la inflación mientras a las familias les cuesta llegar a fin de mes».

La medida fue registrada este miércoles dentro de las propuestas de resolución del debate sobre el estado de la nación, que serán sometidas a votación este jueves en el pleno del Congreso. Unidas Podemos también reclama un nuevo impuesto a fortunas de más de 10 millones, que sería complementario del de patrimonio, y la rebaja del IVA de los productos menstruales, los vinculados a cuidados, como pañales, los servicios veterinarios y de peluquería.

Por otro lado, el grupo confederal plantea aplicar el IVA en las universidades privadas con ánimo de lucro, acabando con esta exención, y suprimir toda exención fiscal a las confesiones religiosas y eliminar la asignación tributaria a la Iglesia católica.

Otras propuestas tributarias de este grupo pasan por rebajar la tributación de las pymes que facturen menos de un millón de euros del 25 % al 23 %, elevar la plantilla de la Agencia Tributaria, y subir los tramos del IRPF a las rentas a partir de 120.000 euros, así como la tributación de las rentas del capital.

Nueva reforma laboral

En el ámbito laboral, Unidas Podemos plantea aprobar un nuevo Estatuto del Trabajo «que ahonde en el contenido de la nueva reforma laboral» e impulsar una nueva ley de usos del tiempo, regulando la jornada, el tiempo de descanso y la formación continua.

También propone el aumento del salario mínimo hasta el 60 % del salario medio, incrementar la plantilla de la Inspección de Trabajo, facilitar la constitución de cooperativas y una regulación para garantizar la intervención de los trabajadores en la toma de decisión de las empresas.

Entre sus propuestas de resolución, Unidas Podemos también pide acelerar la constitución de una empresa pública de energía con la que recuperar la gestión de las instalaciones hidroeléctricas e impulsar el desarrollo de las energías renovables. Asimismo, propone extender seis años más la rentabilidad vigente del 7,39 % a las primeras instalaciones de energía renovable que tengan un período regulatorio fijado hasta el 2038.