El Tribunal Supremo declara probado que Griñán «intervino» en el fraude de los ERE

«Se declara probado que el Sr. Griñán, entre otros, intervino en la dotación de fondos a través de un sistema de presupuestación ilegal con conocimiento de las consecuencias que ello podía tener en la gestión». El Tribunal Supremo hizo pública este miércoles la sentencia de la Sala Segunda que confirma la condena entre otros a los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves por su implicación en el caso de los ERE. Según el fallo, Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación de fondos, «conoció las ilicitudes perpetradas con esos fondos» y como consecuencia de las competencias que la correspondían al ejercer las más altas funciones dentro del Gobierno de la Junta de Andalucía, «tuvo capacidad de impedir ese modo de gestión».

Dos votos discrepantes

El fallo, de 1.205 folios y cuyo sentido ya fue adelantado el pasado mes de julio, no es unánime, ya que dos de los cinco miembros del tribunal, Ana Ferrer y Susana Polo, han emitido un voto particular discrepante por entender que Griñán y otros cargos condenados por malversación no cometieron ese delito, cuya pena implicaría su ingreso en prisión, sino solo uno de prevaricación, al igual que el expresidente andaluz, Manuel Chaves, cuya condena a nueve años de inhabilitación se vio confirmada este miércoles.

Los otros tres jueces consideran que «el manejo de esos caudales se realizó como si fueran propios, en favor de empresas y personas libremente determinadas y según las preferencias e intereses políticos de las autoridades que concedían las subvenciones».

El Supremo considera que tanto Chaves como Griñán aprobaron partidas presupuestarias en contra de lo establecido en las leyes «posibilitando con ello el descontrol absoluto en la concesión de ayudas sociolaborales».

La sentencia destaca el papel clave de Griñán como consejero de Hacienda y Economía en el fraude que asciende a cerca de 700 millones de euros. «Es necesario poner el acento», sostiene la sentencia, en que Griñán «tenía un papel central en la elaboración de las normas presupuestarias». Algo que «permite inferir que tenía conocimiento suficiente de todo lo relativo a esa elaboración, al menos en rasgos generales, y también de las incidencias relevantes». Estima la sentencia que hubo «sustracción o conocimiento de la sustracción» ya que los pagos realizados fueron el resultado de «decisiones arbitrarias que realizaron las autoridades responsables, disponiendo del dinero público como si fuera propio».

A la espera del indulto

Sobre Manuel Chaves, afirman los jueces que como presidente de la Junta «fue conocedor del sistema ilegal de ayudas objeto del presente procedimiento» ya que tuvo acceso «a la documentación anexa a cada modificación presupuestaria» en la que se especificaba «el uso que iba a darse a las transferencias de financiación». «Sabía que el destino que se iba a dar a las transferencias de financiación, sabía que ese destino era ilegal y lo supo desde el principio», apostillan los jueces en la sentencia.

El fallo sitúa a Griñán a un paso del ingreso en prisión al ser condenado a una pena superior a los cinco años. La Audiencia Provincial de Sevilla es la encargada de ejecutar la sentencia. El expresidente de la Junta, de 76 años de edad, prevé formalizar ante el Supremo un incidente de nulidad de la sentencia y un recurso de amparo ante el Constitucional para tratar de paralizar esa ejecución. Al margen, el Gobierno tendrá que decidir ahora si le concede el indulto que presentó antes de publicarse la sentencia.

Griñán ingresará en prisión cuando lo decida la Audiencia de Sevilla y Prisiones tendrá en su mano posibles beneficios

Europa Press

A partir de la notificación de la Audiencia de Sevilla, Griñán quedará a expensas del plazo de tiempo que se especifique en la orden judicial con la fecha límite de ingreso en prisión. Fuentes jurídicas explican a Europa Press que lo habitual es que le conceda para ello diez días. El ex presidente andaluz, como el resto de condenados, puede elegir un centro penitenciario de su preferencia teniendo en cuenta la cercanía a su domicilio por el arraigo familiar, entre otros factores.

Una vez realizado su ingreso en prisión, el protocolo de ingreso fija que Instituciones Penitenciarias evalúe si el penado cumplirá su condena en este centro o es trasladado a otro, de acuerdo a los criterios organizativos y de seguridad.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior tendrá que decidir también, previo pronunciamiento del equipo de técnicos que forma parte de la junta de tratamiento, si el interno es clasificado en segundo grado o régimen ordinario —el más común—, pudiendo también optar por la semilibertad del tercer grado, la libertad condicional o establecer beneficios —mediante el principio de flexibilidad del artículo 100.2— atendiendo a cuestiones como su estado de salud.

El reglamento penitenciario establece un plazo máximo de dos meses desde la recepción en la cárcel del testimonio de la sentencia. En caso de que sea clasificado en segundo grado, el interno tiene que esperar a haber cumplido un cuarto de su condena para poder solicitar permisos de salida, que necesitarían autorización previa. En cualquier caso, estas decisiones de la administración penitenciaria pueden ser recurridas por la Fiscalía.

Dentro de los trámites de cualquier primer ingreso, al preso se le hace una ficha y es reconocido por el servicio médico, además de ser entrevistado por un equipo multidisciplinar formado por trabajadores sociales y psicólogos que le evalúan.

Fuentes del Constitucional consultadas por Europa Press apuntan que el alto tribunal no suele frenar el ingreso en prisión cuando la pena supera los cinco años de privación de libertad, como es el caso.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sugerido este miércoles el rechazo de su partido, Unidas Podemos, a un posible indulto a Griñán al recordar que Unidas Podemos nació para «acabar con las peores prácticas del bipartidismo».

Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, ha destacado que este es «el mayor caso de corrupción de la historia de España» y que «están condenados dos presidentes del PSOE». «Una vez que se conoce la sentencia y que no deja lugar a duda, lo que toca es que las sentencias se cumplan y no que ahora el Gobierno se plantee el indulto», agregó Gamarra.