El Gobierno explora una reforma de la sedición que no lo ate ante el secesionismo

Que la reforma del Código Penal para rebajar las penas correspondientes al delito de sedición formaba parte de la política de apaciguamiento de Pedro Sánchez no es ninguna novedad. Lo anunció ya en su primera entrevista en TVE tras ser reelegido como presidente del Gobierno gracias, entre otros apoyos, a la abstención de ERC, pero pasado año y medio acabó aparcándola porque los republicanos no la veían como una solución para librar de la cárcel a los implicados en causas del procés. Ahora, el partido de Oriol Junqueras quiere resucitarla en paralelo a la negociación de los Presupuestos del Estado. Pero llegar a un texto que ambas partes consideren válido se antoja, según fuentes gubernamentales, complicado.

La reforma en la que estuvo trabajando durante meses el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo —sustituido por Pilar Llop poco después de que el Gobierno concediera los indultos a los condenados por el 1-O— apuntaba a una rebaja notable de la horquilla de años de prisión atribuibles al artículo 545 de Código Penal, usando como referentes las legislaciones de Alemania, Francia, Italia y Portugal. Si en España la sedición se castiga con penas de entre 8 y 10 años de cárcel para quienes induzcan o dirijan la sedición e incluso hasta 15 si se trata de personas «constituidas en autoridad», en esos países delitos similares se mueven entre los tres y los ocho.

Esa ventana no libraría necesariamente a quienes aún están pendientes de juicio, como el expresidente Carles Puigdemont o la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, de la cárcel. Aunque probablemente, de entregarse a la justicia, no entrarían en prisión preventiva y su castigo sería mucho menor que el impuesto por el Supremo a otros como Junqueras (13 años por sedición en concurso medial con malversación) o Joaquim Forn (9 años y 6 meses solo por sedición). Está por ver que ERC, que hasta hace unos meses abogaba por la supresión del delito, lo considere suficiente.

Delitos «muy graves»

Las dificultades para llegar a un acuerdo no se reducen, en todo caso, a ese aspecto concreto. En la Moncloa siempre han dejado claro que una reforma de este calado no puede limitarse a un solo artículo y que si se quita de un lado habrá que poner de otro para no dejar inerme al Estado frente a actuaciones que, convienen, son «muy graves». «Habría que tipificar algún tipo de delito para atentados a la Constitución y a la integridad territorial de España», apuntaba hace pocos meses un ministro.

El proyecto diseñado por Campo incluía, por ejemplo, un castigo para la desobediencia al Tribunal Constitucional, hoy inexistente, que no sería del agrado de ERC. Esta pone el foco, por su parte, en la malversación, penada con cárcel. Además de afectar a Puigdemont, ese el principal delito del que acusa la Fiscalía a una treintena de ex altos cargos del Gobierno catalán, entre los que están Josep Maria Jové y Lluís Salvador, actuales diputados republicanos. Su juicio está próximo y la formación de Junqueras lleva semanas advirtiendo de que nadie más relacionado con el procés puede entrar en prisión.

«La represión no empieza y acaba en el delito de sedición», advirtió la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta. «Tiene que haber, también, otras actuaciones». En varias ocasiones estos meses, además, Aragonès ha instado al Gobierno a que apruebe medidas que «tengan los efectos de una amnistía». Se refería a la posición de la Abogacía del Estado o a tratar de influir en la Fiscalía a la hora de la petición de penas. Vilalta añadió que su partido será muy «exigente» y no entrará en una «subasta pública» sobre a cuánto deben ascender las penas por sedición. Estas dificultades son las que llevan al Gobierno a insistir en que no tiene mayoría para la reforma.