El Gobierno lanza su último Presupuesto, con aval político y sin respaldo económico

Tercera vez en tres años que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, inicia, este miércoles, en el Congreso la fase definitiva para que los Presupuestos del Estado para el 2023 sean aprobados antes de que finalice el año. Serán las últimas cuentas públicas de esta legislatura, como ya ha recordado la titular de las finanzas públicas. Y tendrán —siempre contando con los amagos de amenaza de última hora habituales de este proceso legislativos que pueden protagonizar los socios de la investidura— con el apoyo de los grupos de la coalición de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), así como de ERC, EH Bildu y PNV. Nada parece ensombrecer el camino que aún tiene que recorrer el proyecto en las Cortes, a pesar de las críticas que recibirá del PP al considerar que nacen desvirtuados por ser irreales y sin conciencia de la realidad económica a la que se enfrenta España en el 2023.

El Presupuesto nace económicamente cojo, después de las advertencias lanzadas por organismos como el Banco de España y la Autoridad Fiscal (AIReF) pocas horas después de que el texto aterrizara en la Cámara Baja a principios de mes. Hacienda no ha incorporado la incertidumbre que se cierne sobre la economía, a juicio de las grandes instituciones económicas del Estado. De hecho, los técnicos del supervisor bancario y el fiscal hablan de unas cuentas públicas plagadas de «carencias» y apuntan al «riesgo de desviación». Y se basan en unas previsiones de crecimiento muy superiores a las que ya han planteado la OCDE o el FMI, con alzas del PIB del 1,5 % y 0,7 %, respectivamente, frente al 2,1 % estimado por Economía. Buena parte de las críticas se deben a la recaudación extraordinaria que obtendrán las cuentas el próximo ejercicio derivadas del alza de precios y del impacto que la inflación tendrá sobre todos los ingresos tributarios, en especial el IVA.

Apenas 24 horas después de que Montero presentara el proyecto de ley en el Congreso, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, alertó del impacto que tendrán en el gasto público medidas como la revalorización de las pensiones con el IPC (subirán un 8,5 %) o el mayor desembolso en intereses para pagar una deuda pública que roza ya los 1,5 billones de euros. Y ello sin contar con que el desempleo pueda crecer —con ello, el gasto en prestaciones— si la recesión va más allá del primer trimestre del próximo año. El gobernador no escatimó en críticas porque, a su juicio, «el impacto de la inflación sobre el gasto público empezará a ser significativo a partir del 2023». Reclamó «prudencia» al pronosticar «incrementos de la recaudación por factores desconocidos».

También la Autoridad Fiscal —el organismo independiente del Estado encargado de velar por las finanzas públicas— ha indicado que los Presupuestos incluyen «deficiencias en calidad informativa». Su presidenta, Cristina Herrero, llegó a criticarlos por ser demasiado «prudentes» en cuanto a la previsión de ingresos. El Estado puede recaudar mucho más de lo que estima, como efecto de la elevada inflación. Incluso los empresarios, a través del Instituto de Estudios Económicos (IEE) han rechazado las cuentas públicas porque sitúan la presión fiscal a las empresas en niveles máximos. Consideran que esa dinámica va a lastrar la competitividad y el empleo, que no descartan que se contraiga. 

Sí a las medidas «sociales»

Pero en estas primeras semanas de trámite parlamentario, Montero ha estado más pendiente de evitar que los socios habituales del Ejecutivo presentasen una enmienda a la totalidad que de rebatir las críticas económicas y financieras de sus Presupuestos. De hecho, ha llegado a desdeñar las advertencias de la AIReF al aclarar que le sorprendía esa crítica «por ser prudentes». «Prefiero quedarme con esa crítica que no cuando se nos hace en el sentido contrario», ha llegado a afirmar.

En la decisión final de los socios pesa más el impacto social de algunas de las medidas incluidas en el proyecto que las críticas empresariales o la valoración que está pendiente de llegar tanto de Bruselas como del Banco Central Europeo: el nuevo impuesto por los ingresos extraordinarios a las energéticas y la banca en los dos próximos años; el tributo a las grandes fortunas, que actuará como sustituto del casi extinto patrimonio por la vía autonómica; o el alza de la renta para los contribuyentes con mayores ingresos.