Sánchez pone al PSOE en guardia con la reforma de la malversación que exige ERC

No es que los barones del PSOE salieran ayer en tromba a clamar contra la reforma del delito de malversación que Sánchez está dispuesto a acometer para satisfacer a Esquerra, según deslizó el martes. A pesar de que en las últimas semanas varios de ellos habían trasladado su rechazo a la medida, la mayoría optaron por el silencio. Pero el hecho de que uno de los que hablaron fuera el castellanoleonés Luis Tudanca y el otro el madrileño Juan Lobato da ya la pauta de lo que el asunto revuelve en el partido.

Resulta difícil encontrar alguna declaración del líder de los socialistas de Castilla y León contraria a una decisión de Sánchez o su Gobierno. Podría decirse que, como el secretario general del PSM, está en el extremo opuesto a los presidentes de Aragón o Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page. Sin embargo, sus palabras respecto a la polémica modificación del Código Penal no pudieron ser más claras: «No me parece un buen camino, espero que no se produzca», dijo. «Cualquier cosa que se toque —añadió— tiene que ser para endurecer los delitos y el castigo a algunas conductas que desprestigian la política».

Los escrúpulos de Tudanca no se deben tanto a que se plantee una modificación legal ad hoc para los independentistas que participaron en el procés. Lo que más le escama es que puedan verse beneficiados condenados por su implicación en tramas como Gürtel. Eso explica también las reacciones de Lobato y Ximo Puig. El presidente valenciano, que se distingue por haber respaldado la supresión del delito de sedición para rebajar la tensión política en Cataluña, advirtió el pasado viernes de los riesgos de hacer un retoque en un delito relacionado con la corrupción como el de la malversación. Sobre todo, subrayó, visto lo ocurrido con la ley del «solo sí es sí», que ha dado lugar a un aluvión de revisiones de penas a la baja para condenados por agresión sexual. «Es mejor dejar la malversación tal y como está», defendió. 

Consecuencias «indeseables»

En el entorno de Puig, igual que en federaciones como la extremeña, se muestran prudentes hasta ver los términos en los que este viernes planteará Esquerra la enmienda «quirúrgica» a través de la que pretende evitar que una treintena de ex cargos de segundo nivel de la Administración catalana aún pendientes de juicio vayan a la cárcel o que Oriol Junqueras vea rebajada la inhabilitación de trece años a la que fue condenado por el Tribunal Supremo. No obstante, insisten: «Desde luego, hay que constatar que no tenga consecuencias jurídicas indeseables» en casos de corrupción.

Como Sánchez el martes, la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, insistió ayer en que «no habrá ningún paso atrás en la lucha contra la corrupción». Pero no todos en el PSOE parecen entenderla de la misma manera. Lobato, por ejemplo, advirtió que destinar dinero público a financiar un referendo ilegal y tratar de segregar un trozo de España debe ser merecedor de un duro castigo. «Con el dinero público —dijo el líder de los socialistas madrileños y técnico de Hacienda del Estado— cero bromas».

Su postura dista de la defendida desde la Moncloa y por la ministra de Defensa y jueza, Margarita Robles. Esta insistió en que «el reproche penal no puede ser el mismo para el que se enriquece para sí que otras actuaciones que en ningún caso conllevan un enriquecimiento» y adujo que así era antes de la reforma del Código Penal impulsada por el PP en el 2015, cuando se distinguía de forma clara entre el enriquecimiento propio o de terceros, y otro tipo de conductas (es decir, la apropiación indebida y la administración desleal).