La Fiscalía reúne 80 testimonios de víctimas para llevar a Putin a la justicia internacional

España avanza en su compromiso para sentar a Vladimir Putin ante la justicia internacional si se acredita su responsabilidad en crímenes de guerra cometidos durante la invasión de Ucrania perpetrada por las tropas rusas en febrero del 2022.

La Fiscalía que dirige Álvaro García Ortiz ha recopilado ya más de 80 testimonios de civiles y combatientes ucranianos, algunos de ciudadanos españoles retornados tras desatarse la contienda, en las diligencias de investigación abiertas desde hace 13 meses. El material probatorio incluye documentos, vídeos o fotografías que puedan servir en un futuro contra el régimen de Putin ante un tribunal penal internacional por delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, según detallan a este periódico fuentes del Ministerio Público.

Al frente de la investigación está el máximo responsable de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que cuenta con un equipo específico de la Comisaría General de Información para ejercer funciones propias de Policía Judicial. La finalidad de estas pesquisas es asegurar y canalizar la asistencia a las autoridades ucranianas y de otros países afectados y establecer un marco jurídico para preservar los elementos del delito, identificar a las personas responsables y a las víctimas y garantizar la integridad de las pruebas.

Entre las actuaciones desarrolladas desde marzo del 2022, la Fiscalía cuenta con información policial sobre el registro de ciudadanos que se hubieran establecido en España huyendo de la guerra; también se abrió una canal de comunicación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y se autorizó a la unidad policial para que «iniciara relaciones institucionales directas» con diversas instituciones y ONG que asisten a refugiados para facilitar la detección de víctimas y testigos de crímenes de guerra.

Las brigadas provinciales de Información ya han mantenido contacto con combatientes españoles alistados en milicias internacionales proucranianas, o con sus familiares, que han regresado del frente de batalla. Pese a las posibles responsabilidad penales que pudieran derivarse de su actuación en un conflicto internacional, según recoge el Código Penal, por vulnerar la neutralidad del Estado español, los agentes se ocupan sobre todo de conocer su experiencia y compilar elementos de prueba para la investigación de la Fiscalía.

Otros testimonios proceden de autoridades civiles y judiciales ucranianas que han pasado o se han establecido en España en estos 14 meses de guerra. Este fue el caso de un fiscal de menores que pudo relatar todo tipo de tropelías de las tropas rusas con grave afectación al bienestar de niños y bebés. A ello se añade la colaboración con la Policía en la visualización de vídeos caseros o fotografías aportadas por otras víctimas, según explican las fuentes fiscales consultadas.

El caso Chibrin

Uno de los cometidos de la unidad policial encargada de indagar delitos contra la comunidad internacional ha sido inspeccionar material audiovisual y rastrear vídeos en redes sociales que puedan dar una pista de quiénes están detrás de estos crímenes. Un caso paradigmático fue el material supuestamente aportado por el soldado ruso Nikita Chibrin, que desertó en junio pasado de la guerra y entró en noviembre por el aeropuerto de Madrid-Barajas.

El uniformado recorrió un largo periplo por cinco países apoyado por la organización Nuevos Disidentes (Gulagu.net), que preside Vladimir Osechkin. Nacido en Yakutsk, un pueblo al este de Siberia, e integrante de una brigada condecorada por su «heroísmo» por Putin, Chibrin dispone de un permiso de estancia temporal hasta el próximo 18 de mayo mientras se tramita su solicitud de protección internacional por razones políticas.

Los investigadores esperaban que el soldado —casado y con un hijo— ofreciera abundantes datos sobre la masacre de Bucha, la ciudad a 37 kilómetros al norte de Kiev en la que fueron asesinados más de 450 civiles en el primer mes de ocupación, y donde dice que combatió. Pero, de momento, su testimonio «no ha aportado grandes novedades», señalan fuentes policiales consultadas.

En cualquier caso, uno de los principales obstáculos con el que se están enfrentando los investigadores y la red de ONG que apoyan las diligencias judiciales es el miedo de los refugiados. La «notoria dificultad», constatan desde la Fiscalía, para obtener material de relevancia jurídico-penal, ya que los ciudadanos ucranianos «temen las consecuencias que sus revelaciones puedan provocar, ya que tienen familiares que se han quedado en su país y podrían ser víctimas de represalias».

En el plano procedimental, el fiscal jefe Alonso ha abierto dos piezas separadas: una de archivo y documentación con las solicitudes de ayuda y cooperación con las autoridades ucranianas, en el marco del memorando suscrito hace 13 meses entre las fiscalías generales de España y Ucrania.

Del otro lado, la segunda línea de investigación se encarga del archivo y documentación de las actas, proyectos y demás instrumentos que surjan en las reuniones de Eurojust. Esta agencia de la UE para la cooperación judicial penal está formada por los 27 estados miembro y su representante español es el magistrado José de la Mata, quien fuera instructor en la Audiencia Nacional de grandes casos de corrupción como la trama Gürtel.

El ordenamiento jurídico español prevé que la Justicia llegue a conocer delitos de genocidio, lesa humanidad o contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español, contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada.