La Fiscalía salva a Puigdemont al recurrir el fallo del Constitucional de inadmitir el recurso contra su arresto

El Pleno del Tribunal Constitucional, con mayoría progresista, debatirá el recurso contra la orden de detención de Carles Puigdemont que su Sala de Vacaciones decidió inadmitir este miércoles. El vuelco se produjo horas después de la decisión de este último, cuando la Fiscalía anunció que recurrirá en septiembre la votación de la mayoría conservadora de esta sala. Así, el ministerio público forzará el debate en el Pleno del órgano de garantías. Presentará un recurso de súplica al entender que no había una urgencia que llevase a la Sala de Vacaciones del Constitucional a resolver la petición de suspender la orden de detención nacional que el Tribunal Supremo dictó sobre el expresidente de la Generalitat, fugado en Bélgica. Insufla así una bala de oxígeno a Puigdemont en el marco de las negociaciones de investidura.

La Sala había acordado ayer, con los dos votos de los magistrados del ala conservadora César Tolosa y Concepción Espejel, frente al rechazo de la progresista Laura Díez, de inadmitir el recurso de Puigdemont. Los dos primeros entendieron que sí se trataba de un asunto urgente porque tanto Puigdemont como el europarlamentario y exconseller Toni Comín habían reclamado expresamente una medida cautelar que no admitía dilaciones como era que el Constitucional dejara en suspenso las órdenes de detención emitidas por el Supremo. 

«Sin justificar»

Para Díez, Puigdemont y Comín no se encuentran en territorio español, «único lugar donde pueden ejecutarse las órdenes decretadas» y que no puede llegar a producirse una vulneración efectiva de derechos que deban protegerse, puesto que desarrollan sus funciones representativas fuera de España y ninguno de los dos se encuentra actualmente privado de libertad. 

Por ello dice no entender la «premura» de sus compañeros en la Sala de Vacaciones por decidir sobre un asunto que podía haberse tramitado tras la pausa estival, «siguiendo el sistema ordinario de reparto y resolución de los asuntos en el Tribunal Constitucional».

Con los dos votos de la mayoría conservadora, la Sala de Vacaciones declaró su competencia para conocer sobre la decisión de admisión del citado recurso de amparo, al venir esta exigida por la necesidad de resolver la solicitud de adopción de la medida cautelarísima para suspender la orden de detención e ingreso en prisión. La Fiscalía considera que no hay urgencia para que sea la Sala de Vacaciones la que resuelva, si precisamente se deniega la medida cautelar solicitada.

Enfado de Junts

Al poco de conocerse la decisión del Constitucional, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, acusó a la Sala de dedicarse a «decorar jurídicamente una estrategia de Estado contra el independentismo», mientras que la presidenta de la formación, Laura Borràs, cree que actúa contra Carles Puigdemont «pensando en la investidura».

«En el Estado español no hay separación de poderes; de hecho, algunos intentan que haya sincronización de poderes», escribió Borràs en Twitter. Ninguno de los dos reaccionó después al anuncio de la Fiscalía del Constitucional, cuyo fiscal jefe desde el 2021 es Pedro Crespo, a propuesta del Gobierno de coalición.

El órgano es dependiente de la Fiscalía General del Estado, con la exministra socialista Dolores Delgado al frente desde febrero del 2020 hasta su renuncia en julio del año pasado. El mandatode la magistrada estuvo marcado por diversas controversias, empezando por su propio nombramiento, con críticas desde la carrera judicial al Gobierno por incumplir su promesa de «despolitizar» la Justicia y acabar con la «deriva judicial» del procés.

Delgado nunca logró quitarse esta mancha sobre su «dependencia» del Gobierno. El PP y Vox llegaron a recurrir su nombramiento, pero el Tribunal Supremo concluyó que los partidos de la oposición carecían de legitimación activa para impugnar su designación.

Ahora esas sombras sobre la Fiscalía vuelven a cubrir la decisión adoptada ayer contra la Sala de Vacaciones del Constitucional, con PSOE y Sumar entablando negociaciones con los partidos independentistas catalanes para lograr la investidura de Pedro Sánchez. La línea roja de Junts, por el momento, pasa por la amnistía a Puigdemont y Comín y el referendo de independencia.

Orden de Llarena

La inadmisión del recurso de amparo confirmaba la decisión del juez instructor del procés en el Supremo, Pablo Llarena, de ordenar la detención del líder independentista si pisa el territorio nacional, tras acordar procesarle por los delitos de desobediencia y malversación agravada. Esto último lo hizo tras revisar la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que derogó el delito de sedición por el que se investigaba a Puigdemont. El pasado junio, la Sala de Apelación del Supremo ratificó al magistrado al desestimar los argumentos de las defensas, que pedían anular el procesamiento, y de la acusación popular ejercida por Vox, que reclamaba aplicar el delito de desórdenes públicos agravados.

En aquella ocasión, el alto tribunal también avaló que el juez instructor dictase la orden nacional de detención contra Puigdemont al considerar que si el líder independentista no adoptaba una «postura colaborativa con la Justicia» debía «asumir las consecuencias que el incumplimiento de la comparecencia lleva consigo». Así las cosas, recalcó que las órdenes de detención no suponían una «actuación arbitraria» del instructor.

El mes pasado, la Fiscalía pidió al juez Llarena que activara la órdenes de detención internacional contra Puigdemont y Comín, pero el magistrado instructor acordó que no actuaría hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre las eventuales medidas cautelares que ambos presentasen para ver restablecida provisionalmente su inmunidad parlamentaria.