Los 22 últimos huidos de ETA se esconden en ocho países

Son oficialmente los últimos huidos de ETA. Este periódico ha tenido acceso a los datos oficiales más recientes, de este mes de agosto, de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, cuerpo encargado de tramitar las requisitorias internacionales y de mantenerlas activas. Y son exactamente 22 los exmiembros de ETA reclamados por España y por Francia, que busca por su parte a dos exterroristas.

De acuerdo con estos documentos, en la actualidad estos exetarras con causas pendientes con la justicia no prescritas y localizadas (porque muchos de estos expedientes no están digitalizados o actualizados) se reparten por ocho países. El país con más reclamados es Venezuela, con siete. Le siguen Francia, con seis; México, con dos, y Uruguay, Cuba, Brasil, Cabo Verde y Argentina, con un huido respectivamente.

Solamente hay dos fugados de los que los servicios antiterroristas no tienen claro del todo su localización, pero uno de ellos es especialmente importante y está en la lista de most wanted del Ministerio del Interior: Eusebio Arzallus, Paticorto. Este terrorista que se cree escondido en algún punto de Sudamérica, quizás Cuba o Venezuela, fue jefe de logística de la banda, trabajó para el hampa internacional y condujo a subordinados a intentos de suicidio con sus interrogatorios.

Hasta hace relativamente poco tiempo otro importante exetarra huido figuraba en ese apartado de paradero desconocido, pero los servicios antiterroristas han logrado localizarle en la ciudad argentina de Córdoba. Es José Luis Eciolaza Galán, Dienteputo. Este pistolero, al que se situó durante años en Venezuela o México, está acusado de una veintena de asesinatos en los ochenta, muchos de ellos como miembro del sanguinario comando Goierri Kosta.

En la inmensa mayoría de los casos, los servicios antiterroristas no solo conocen el país en el que residen los fugados, sino también en la ciudad en la que viven, el domicilio en el que habitan desde años con sus familias e, incluso, cómo se ganan la vida. pero la batalla está perdida en prácticamente todos los expedientes por la falta de colaboración de los estados que les dan refugio, confiesan desde instancias judiciales.

La negativa a las entregas no son el único problema. El listado de esos 22 huidos con el que trabaja la Policía Nacional no es el único. Lo cierto es que 12 años después de la disolución de la organización criminal, la administración no tiene un elenco oficial de las cuentas pendientes con la justicia de los activistas de la banda que asesinó a más de 850 personas e hirió a varios millares.

35 con cuentas pendientes

De hecho, el número de terroristas todavía con cuentas pendientes con la justicia española se elevaría a 35 si se suman los nombres que figuran en otros archivos. Este es el caso de la red #StophuidosETA, del colectivo de víctimas Dignidad y Justicia (el grupo de juristas que en los últimos tres años ha logrado destapar algunos de los escondites de estos fugados), el listado de los más buscados de la Guardia Civil o los informes de los servicios de inteligencia. Sea como fuere, conocen el paradero exacto de 33 de ese listado ampliado de 35.

Prácticamente todos los huidos que están en Francia, Venezuela, Uruguay o México han sido detenidos en algún momento durante los últimos 30 años en sus lugares de residencia a petición de las autoridades españoles. Arrestos que fueron presentados como frutos de brillantes operaciones conjuntas con la Policía Federal de México (como la detención en 2015 de Hilario Urbizu San Román) o, incluso, con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (como la captura de 2013 de Asier Guridi Zaloña en Venezuela).

Pero luego, según consta en los expedientes oficiales, las peticiones de entrega o extradiciones han naufragado una y otra vez, particularmente con los gobiernos de Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy, que fueron, en diferentes campañas, los que con mayor ahínco intentaron esas operaciones.

Entre los siete exterroristas a los que da refugio Venezuela, seis están en la lista de los más buscados de la Guardia Civil. Pero nunca España ha conseguido que el régimen de Hugo Chávez, primero, y ahora de Nicolás Maduro acepte la entrega. Los motivos son muy variados, pero casi siempre pasan por cuestiones supuestamente técnicas como que «el Gobierno español no empeñó los recaudos necesarios para dar fe de que (el extraditable) está siendo procesado en España por los delitos que se le imputan», como fue el caso de Luis María Olalde Quintela. Otro de esos fugados, Guridi Zaloña, mostró el pasado mayo en una carta abierta su «mayor agradecimiento a la República Bolivariana de Venezuela» por conseguir la célula de identidad «luego de una larga lucha como refugiado».

Hosteleros o empresarios

En idéntica situación de protección bajo el Gobierno de Maduro se encuentra Iñaki de Juana Chaos. Aunque España se apresuró a pedir su extradición en el verano del 2015, al poco de conocerse que estaba regentando una licorería en Chichiriviche con su mujer, Caracas ha venido dando largas a su entrega a pesar de que desde su huida de España en el 2008 ha estado permanentemente en las listas de los más buscados.

Muchos de los huidos son dueños de restaurantes de cocina vasca, otros empresarios de mediano nivel y los hay incluso como José Antonio Olaizola Achúcarro, acusado de ametrallar a cinco guardias civiles en los ochenta, a quien sus negocios le permiten vivir a caballo de Cabo Verde y su lujosa residencia en City Benoni, en Sudáfrica.

En Francia sigue Concepción Iglesias Álvarez, pareja del antiguo dirigente de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, quien a pesar de haber sido detenida en territorio galo nunca se ha logrado su entrega por el intento de asesinato de Juan Carlos I en Mallorca en 1995. Su captura es una prioridad absoluta para la Guardia Civil, que le mantiene en su listado de los más buscados, pero sorpresivamente su nombre no aparece en el listado de los 22 requisitoriados de la Policía. Iglesias, lamentan mandos de la lucha antiterrorista, es el «paradigma» de esa «falta de fiabilidad» sobre las causas pendientes de ETA tras su desaparición.