Unos 24 exdiputados del PSOE, 3 exministros y 2 expresidentes del Senado, contra las lenguas cooficiales en el Congreso

Unos 24 exparlamentarios del PSOE, entre los que se encuentran tres exministros y dos expresidentes del Senado —Juan José Laborda y Javier Rojo— han pedido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que frene la iniciativa de hablar las lenguas cooficiales en el Congreso. A ellos se han sumado 37 exdirigentes socialistas, UCD y UPyD. Todos ellos consideran que la medida «contradice la Constitución, no se adecúa a nuestra realidad lingüística» y es un «trágala inaceptable».

Entre los firmantes del texto están tres exministros socialistas —José Luis Corcuera, Virgilio Zapatero y Javier Sáez de Cosculluela—, además de dos expresidentes del Senado —Javier Rojo y Juan José Laborda—, el expresidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla y el exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez.

A ellos se suman, entre otros, Nicolás Redondo, que acaba de ser expulsado del PSOE por las críticas realizadas contra su partido por la posible amnistía de los implicados en el procés; Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid y también expulsado del partido; los exeurodiputados Alejandro Cercas y Pedro Bofill; los exdiputados José María Mohedano, Ciriaco de Vicente y Jesús Cuadrado; el exsecretario general de Madrid Tomás Gómez; el exdiputado en el Parlamento vasco José Antonio Maturana o la exresponsable de Internacional del PSOE Elena Flores.

También han firmado el escrito 37 exdirigentes del PP, UCD y UPyD, entre ellos los exministros Juan Carlos Aparicio, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Miguel Arias Cañete, Federico Trillo o Isabel Tocino; los exsecretarios de Estado Gabriel Elorriaga o Miguel Angel Cortés; el exagobado general del Estado, Arturo García Tizón; la expresidenta de UPyD Rosa Díez o el exministro de UCD Jaime Lamo de Espinosa, entre otros.

La medida de hablar catalán, euskera y gallego en la Cámara fue una exigencia de los independentistas catalanes para apoyar que el PSOE tuviera la mayoría de la Mesa del Congreso y que la presidenta de la Cámara fuera la socialista Francina Armengol. En la sesión de constitución de las Cortes, esta anunció que desde ese momento se hablarían las lenguas cooficiales en el Parlamento.

Sin embargo, no es una medida que cuente con el consenso de la derecha, no se ha llevado a cabo aún la reforma del Reglamento del Congreso y los letrados de las Cortes han advertido de la dificultad de llevar a cabo el uso generalizado de las lenguas cooficiales en los debates e iniciativas parlamentarias. Precisamente este martes los letrados advertían de que era «muy difícil, si no imposible», aplicar «de forma inmediata o a corto plazo» la reforma del Reglamento de la Cámara registrada por el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG.

De hecho, señalaron que su puesta en práctica obligaría a «replantear todos los procedimientos parlamentarios» tal y como están concebidos en la actualidad. Sin embargo, al día siguiente de esta advertencia del servicio jurídico de las Cortes, la Mesa del Congreso adoptó un acuerdo, con los votos del PSOE y Sumar y la oposición del PP, para que las lenguas cooficiales puedan utilizarse en el hemiciclo ya desde el próximo martes, incluso antes de que se apruebe la reforma del Reglamento del Congreso que se registró con este objetivo la semana pasada.

Oficialidad del castellano

Esta medida ha suscitado el rechazo de antiguos parlamentarios, exministros y exdirigentes del PP y del PSOE, que en un total de 61 se han dirigido a la presidenta del Congreso y a los diputados de la XV Legislatura para expresar su rechazo. En el texto dejan claro que el castellano es la «lengua oficial del Estado» con la que se ha debatido, dialogado y cumplido la misión de los parlamentarios «a lo largo de estos 46 años de democracia». Señalan que hasta la fecha esto se ha hecho con total normalidad porque el castellano es la lengua «común» de todos los españoles sean «vascos, andaluces, castellanos, catalanes, extremeños» y con la que se entienden en la vida cotidiana en todos los lugares de España.

«Ningún español necesita de intérprete cuando habla con otro español», exclama la carta. En ella, advierten además que el cambio quiere llevarse a cabo «de manera escandalosamente precipitada y con el quebranto de una regla de oro del parlamentarismo demoliberal: que las modificaciones del Reglamento, al ser las normas que establecen las reglas de juego de la institución, han de contar con un amplio acuerdo de los grupos parlamentarios, como siempre ha sucedido».

«La pretensión de que la mitad de la Cámara imponga una reforma de tal calado es un trágala inaceptable, una verdadera ruptura de las reglas propias de cualquier sistema democrático», advierten a Armengol y al resto de diputados de esta Legislatura. Así y tras manifestar el «gran estupor» y «consternación» que les ha causado la iniciativa, han querido expresar su «más firme rechazo» a una reforma del Reglamento que, en su opinión, «contradice la Constitución, no se adecúa a nuestra realidad lingüística y no es razonable». Destacan que la pluridad de lenguas y la «riqueza cultural» que supone y se debe preservar, pero consideran que la mayor riqueza es poseer una «lengua común» en la que nos entendemos todos los españoles sin excepción.

Sin soporte constitucional

Por ello, recuerdan que la Constitución responde a esta realidad lingüística, destacando que la Carta Magna señala a la lengua común como la única «lengua oficial del Estado», cuyo «deber de conocerla y derecho a usarla» proclama en su artículo 3. Añaden que las demás lenguas «serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos» pero dejando claro que «en ningún caso, son lenguas cooficiales del Estado», por lo que no tiene soporte constitucional su uso en el órgano que representa la soberanía nacional.

De hecho, consideran que la verdadera intención de los promotores de hablar vasco, catalán y gallego en el Congreso es «negar la condición del castellano como lengua común de los españoles». «Los diputados tendrían que utilizar el casco o el pinganillo para entenderse entre ellos. Esa sería la nueva imagen de la Cámara, alejando la política de la vida normal de los españoles», advierten los exdirigentes del PSOE, PP, UCD y UPyD. Por todo ello, exhortan a los diputados de la XV legislatura a que, «con sentido de la responsabilidad y por el bien de nuestra convivencia, rechacen una iniciativa, en virtud de la cual el Congreso cambiaría su naturaleza y produciría una grave mutación constitucional, encaminada a su transformación hacia una realidad plurinacional».

Y remachan afirmando que quienes firman este escrito no se pondrían nunca un «pinganillo» para poder dialogar con un compatriota, «pudiendo hacerlo en la lengua común de ambos, que es la lengua de todos los españoles».