El PSOE margina a Sumar en la negociación con Puigdemont y desdeña sus aportaciones

Pedro Sánchez no tiene ninguna opción de gobernar en solitario. Sus esfuerzos están destinados a reeditar el Gobierno de coalición, esta vez, con Sumar, un socio que los socialistas consideran más cómodo que Unidas Podemos. Y, sin embargo, en Ferraz y en Moncloa dejan claro que ni han comenzado aún a hablar de su futuro programa ni tienen la más mínima intención de conceder a Yolanda Díaz papel alguno en la negociación abierta con Carles Puigdemont y su partido para la investidura.

Una negociación delicada y controvertida que afecta a cuestiones enormemente sensibles y en cuyo epicentro está la exigencia de los secesionistas de una ley de amnistía para los encausados por el procés. El entorno de Sánchez ya se esforzó en trasladar que no había tenido nada que ver con el viaje de la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones a Bruselas para reunirse, el pasado 4 de septiembre, con el expresidente de la Generalitat, prófugo de la justicia desde hace seis años.

Con el paso de los días han ido, incluso, elevando el tono contra Díaz para acusarla de buscar un protagonismo que no le corresponde, aunque hay quien admite que, al fin y a la postre, aquel encuentro también pudo resultar productivo para sus intereses porque «sirvió para empezar a normalizar ciertas cosas».

Los socialistas quieren tener aun así el control absoluto de unas conversaciones que ya han levantado ampollas en el seno de su partido —especialmente entre exdirigentes y exaltos cargos que vivieron o protagonizaron la Transición— y que generan anticuerpos entre muchos de sus votantes, «como ocurrió con los indultos». Por eso recelan de cualquier intromisión.

Sumar ha encargado a un grupo de 20 juristas una propuesta de ley de amnistía que tiene intención de hacer pública en breve. Pero fuentes del núcleo duro del PSOE ya lo desdeñan de antemano y avisan de que no tienen la mínima intención de tenerlo en cuenta. «Un documento condenado a la intrascendencia», describe con crudeza un ministro. El riesgo que podría tener ese texto para los socialistas es que su contenido vaya más allá de lo que ellos están dispuestos a llegar y que encarezca el ya de por sí elevado coste de investidura.

«Junts —afirma, sin embargo, otra persona de la máxima confianza del presidente en funciones— sabe que su interlocutor es el PSOE ; lo que haga Sumar no tiene relevancia para ellos».

«Hacer política»

A pesar de que, a lo largo de la última semana, desde la dirección socialista se ha dado a entender que nada está aún hecho, que todavía hay que contrastar si la voluntad de diálogo de Puigdemont es real y que no hay que descartar una repetición electoral que, en todo caso, Ferraz considera indeseable, otras fuentes próximas a Sánchez mantienen su optimismo e insisten en que hasta ahora las señales que ha lanzado el expresidente de la Generalitat apuntan a que «está deseando hacer política».

Incluso al viaje a Waterloo del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, para reunirse el pasado viernes con el líder espiritual de Junts se le otorga un valor más bien positivo. Los nacionalistas vascos niegan tener intención de ejercer de intermediarios y aseguran que su principal objetivo con la visita era «estrechar relaciones» después de años de distanciamiento.

En la última legislatura, el PNV ha visto cómo su capacidad de influencia en el Congreso disminuía frente a una EH-Bildu que, al potencial de sus cinco diputados sumaba su alianza estratégica con ERC, con 13 escaños. Ahora, Bildu tiene seis; el PNV, cinco, y Junts y ERC, siete cada uno. Pero en el PSOE dan por hecho que la investidura de Sánchez fue un tema de conversación. «Desde luego, no hablarían de hacer presidente a Feijoo», ironizan. «Y yo creo —añade una ministra— que el PNV quiere ayudar». Nadie niega, en todo caso, que la tarea sea compleja.

Entre el PSOE y Puigdemont existe una desconfianza mutua que lleva a los primeros a poner objeciones a la aprobación de una ley de amnistía antes de la investidura y a los segundos a exigir el cobro por adelantado de su apoyo.

Pero, además, lo que persigue Sánchez no es un acuerdo que le permita simplemente ser reelegido presidente. En sus últimas intervenciones, tanto la de la apertura del curso político en el Ateneo, como en la que este viernes protagonizó en la sede de la CEOE., subrayó que lo que busca «estabilidad» para una legislatura de cuatro años.

Las reticencias de la UE a reconocer el catalán como lengua oficial —otra de las exigencias de Junts— o la condena de cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación para el exconsejero de Interior catalán Miquel Busch por contratar a un mosso d'esquadra como escolta del expresidente en Bélgica son piedras en el camino a las que, sin embargo, el Gobierno resta importancia.

Sostienen que Junts es plenamente consciente de que el PSOE no tiene «nada que ver» con esa sentencia y aseguran que le acabará pesando saber que ya fue quinta fuerza en Cataluña el 23-J (por detrás del PP en votos) y que pdoría salir peor parado de una repetición electoral.