La amnistía dentro de una ley Tetris de alivio penal

Ferraz ha empezado a dar argumentos a los suyos para que sepan defender ahora la oportunidad de una amnistía que el mismo Pedro Sánchez rechazó tres días antes de las últimas elecciones generales en una entrevista televisiva de cierre de campaña electoral, o su grupo parlamentario en el Congreso frenó siquiera el debate que planteaban ERC y Junts en el 2021. Óscar Puente, el sorpresivo replicador de Alberto Núñez Feijoo en la sesión de investidura del presidente del PP, dio este jueves en otra entrevista en TVE la pauta de esa argumentación al manifestar que ha llegado el momento de «alguna medida que contribuya a distender en Cataluña la tensión, solucionar un problema que es estrictamente político y dar una salida a aquellos que se han situado al margen de la legalidad para que vuelvan».

La teoría política lo aguanta todo, pero las normas y la ley tienen filtros, requisitos constitucionales verificables, pero sobre todo en el caso de todos los delitos que se pretenden perdonar vinculados al procés, de muy difícil encaje en un mismo y único texto legal.

Cada delito tiene una componente legal distinta, e incluso un tribunal encargado de juzgarlo diferente, con lo que puede abrirse un margen a la interpretación. Pero además, la vía que abra la amnistía puede ser reclamada por quien tenga similares problemas legales en procesos ajenos a los del independentismo catalán. 

Lista de delitos

El desvío de fondos públicos que motivó la inhabilitación del exvicepresidente catalán y presidente de ERC, Oriol Junqueras, y pende también sobre Carles Puigdemont y otros ex altos cargos de la Generalitat, no es más que la punta de lanza de todo un Tetris legal a resolver por la ley ómnibus en la que se tendrá que convertir la norma de «alivio penal» con la que se trata de proclamar la amnistía.

Desobediencia, desordenes públicos, agresiones, lesiones, atentado contra la autoridad, delitos de odio y contra la integridad moral, pertenencia y colaboración con organización terrorista, fabricación de explosivos, prevaricación, falsedad documental, responsabilidad contable y usurpación de funciones públicas conforman el compendio de imputaciones y condenas a cerca de mil personas vinculadas a los acontecimientos de octubre del 2017 a los que el Gobierno debe conseguir dar respaldo legal para su perdón y recibir a cambio el voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez.

De entrada, el texto que plantee tiene que ser inequívoco para que unos tribunales interpreten en unos casos su aplicación y otros, en cambio, no lo puedan rechazar. También, ERC y Junts habrían añadido una dificultad a mayores, al exigir que la aplicación del perdón no se reduzca solo a los hechos de hace seis años, sino que se extiendan a la primera consulta ilegal del 9-N del 2014 por la que fueron condenados Artur Mas, los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, y seis ex altos cargos autonómicos, que tuvieron que hacer frente a la devolución de 4,95 millones de euros. Un margen de tiempo pues lo suficientemente amplio como para dar cabida a casos ajenos a la situación de Cataluña, como puede llegar a reclamarse también en el tema de los desordenes públicos con cualquier otro conflicto con sucesos semejantes que se hubiesen registrado en cualquier otro lado.

La receta jurídica que prepare el Ejecutivo en funciones para blindar su continuidad deberá también salvar el hecho de que algunos de los implicados están condenados, pero otros no han llegado todavía a sentarse en la sala de vistas.