Los cayucos abandonados inundan Canarias: 300 aguardan el desguace

El incremento exponencial durante el 2023 de llegadas de inmigrantes a Canarias tiene una derivada hasta ahora inédita: la complicada y costosísima gestión de los centenares de cayucos abandonados que inundan los puertos del archipiélago. La situación, a pesar de los esfuerzos de la Administración central y del Gobierno canario, sigue siendo muy complicada en los dos puntos donde se acumulan la mayoría de estas embarcaciones que pueden llegar a medir 30 metros de eslora y cuatro de manga: los puertos de La Restinga, en el municipio de El Pinar de la isla de El Hierro, y el de Arinaga, en Gran Canaria, adonde han sido llevados muchos de los arribados a El Hierro.

Y es que la incesante llegada de cayucos a las islas casi iguala el ritmo de destrucción y gestión de residuos de estos barcos. Hasta el pasado 15 de diciembre habían llegado 561 barcas (una media de 1,7 embarcaciones por día), frente a las 344 de idéntico período del 2022.

Este incremento de un año para otro del 63 % de cayucos abandonados llegó a provocar que en octubre, según un informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, hubiera en las islas cerca de 300 barcos pendientes destruir y que «ocupan espacios en playas, costas y puertos, ocasionando graves perjuicios tanto al tráfico marítimo interinsular como al medio ambiente». El problema —explican responsables del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil— es que estos barcos, en su mayoría, contienen fibra de vidrio, un elemento muy contaminante y cuyo tratamiento es muy caro. 

Unos 2.000 euros por lancha

La última licitación de urgencia del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska del pasado otoño contemplaba un desembolso de entre 595 y 890 euros por solo el desguace (no gestión de los restos) de cada cayuco, con un plus de 50 euros por metro adicional por encima de los seis metros. O sea, desmontar uno de los cayucos grandes puede llegar a los 2.000 euros. Harina de otro costal es la gestión de esos residuos. El pasado 28 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó de urgencia una partida de 797.016 euros para la «destrucción, carga y transporte» de los cayucos de La Restinga. El Gobierno admitió que el «aumento notable del número de embarcaciones que han llegado de forma irregular» a El Hierro había provocado el «colapso de los medios materiales existentes para su retirada y destrucción».

El principal problema, explican fuentes de Interior, es el sobrecoste de este operativo, provocado por el hecho de que en El Hierro no hay plantas para el tratamiento de la fibra de vidrio, por lo que hay que trasladarlos a otros puntos.

Tras esta inyección económica, a la que se sumó el adelanto de 1,5 millones de euros para la destrucción de barcas en todo el archipiélago, en las primeras semanas de diciembre se retiraron 155 cayucos, 75 del puerto de La Restinga y 80 del puerto de Gran Canaria, y buena parte de ellos ya fueron destruidos, Sin embargo, la situación, no está, ni mucho menos, resuelta.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció que este año el Gobierno quiere aprobar otros 5,3 millones para estos desguaces. Y todo bajo la amenaza de la Agencia de Protección del Medio Natural de Canarias, que ha anunciado una multa de 300.000 por la acumulación de residuos solo en El Hierro.