El sobreesfuerzo con la amnistía lleva al Gobierno a aplazar los Presupuestos

La idea de Pedro Sánchez era tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado, ley clave para que todo Gobierno pueda desarrollar su proyecto, «en el primer trimestre del año». Lo reveló en su primera entrevista en TVE, el 30 de noviembre, poco después de ser investido tras sus arduas y polémicas negociaciones con el independentismo catalán. Dos meses, una agónica negociación con Junts para sacar adelante tres reales decretos ley que consideraba clave y un puñado de modificaciones instigadas por sus socios en la «impecable» ley de amnistía después, el Ejecutivo ha asumido que las cosas no serán tan sencillas. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya sitúa, de hecho, la remisión de las cuentas a la Cámara Baja, como pronto, en marzo.

Los Presupuestos no son una ley más que se pueda acelerar a voluntad política. Su tramitación está muy tasada y lleva habitualmente dos meses; por lo que un cálculo optimista invita a pensar que no estarán en vigor antes de mayo. Según fuentes de su entorno, Montero no se quiere arriesgar a dar un paso en falso que le aboque a un nuevo calvario para tratar de garantizarse que el texto pasa al menos el primero de los filtros parlamentarios, el debate de totalidad. Solo se lanzará si tiene claro que ninguno de sus socios, pero singularmente el partido de Carles Puigdemont, le plantea una enmienda de devolución que, sumada a las seguras del PP y Vox, impediría seguir adelante con las cuentas y pondría en jaque al Gobierno.

Junts, a su vez, se mueve entre la presión de sus sectores más duros y una clara desconfianza hacia los socialistas, en especial hacia el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones, Félix Bolaños, muñidor de la ley de amnistía, al que ya han apodado como «anestesista mayor del reino» en un juego de palabras que hace alusión a las dotes negociadoras demostradas en el pasado y que tan bien le funcionaron, dicen, con ERC, y su función institucional.

El mensaje que un día tras otro se empeñan en enviar los posconvergentes es que Sánchez se equivoca si cree poder contar con ellos como «socios» o «aliados» y que todo apoyo estará supeditado a «avances» en los compromisos adquiridos en el pacto de la investidura. La presidenta de la formación, Laura Borràs, fue nítida el jueves. «La legislatura durará lo que dure la palabra de Pedro Sánchez». También el portavoz del partido, Josep Rius: «Habrá Presupuestos si ambos ejes, el material y el nacional —dijo en referencia a sus exigencias económicas y las identitarias, incluidas la amnistía y el referendo—, van avanzando».

Si en algún momento el Ejecutivo se planteó supeditar la aprobación de la ley de amnistía a tener atados los Presupuestos jugando con una tramitación paralela, ha dejado de hacerlo. Ya no es una opción.