Juan Carlos Cueto, presunto cerebro del caso Koldo, niega haberse aprovechado de la venta de mascarillas

El empresario Juan Carlos Cueto, el presunto cerebro de la empresa a la que se adjudicaron los contratos de mascarillas que investiga la Audiencia Nacional, ha asegurado al juez del caso Koldo que trató de ayudar a los españoles con su actuación y no aprovecharse de la venta de material sanitario. 

Según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, en su declaración como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 Cueto se ha remitido a un informe elaborado por la consultora KPMG en el 2021 que concluiría que los precios de venta de mascarillas fueron acordes al mercado, añadiendo que tenían poco margen de beneficio económico.

Otras fuentes consultadas señalan que Cueto -que solo ha respondido a preguntas de su abogado- ha detallado que se trató de una operación muy costosa y con muchos viajes a China, en los que habrían participado empresas certificadoras españolas para dar cuenta del material del producto -entre ellas Bureau Veritas-.

Anticorrupción -quien sitúa en la cúspide de la trama a Cueto junto a Víctor de Aldama, presidente del Zamora- ha pedido al juez que le prohíba salir de España sin autorización judicial. La Fiscalía considera al empresario como «la persona que realmente controla» la sociedad sobre la que pivota la investigación, Soluciones de Gestión.

El ministerio público sostiene que a esta empresa se le se adjudicaron los contratos que se encuentran bajo sospecha por unos 54 millones de euros. Soluciones de Gestión habría sido empleada como una «empresa instrumental en un proyecto común» entre Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, que tiene pendiente otro procedimiento -el caso Defex- en la Audiencia Nacional. Anticorrupción calcula que las adjudicaciones investigadas «generaron un beneficio económico» a De Aldama de 5,5 millones de euros y a Cueto, «titular de hecho de la mercantil», 9,6 millones de euros.

La Fiscalía Europea pone el foco en seis contratos del caso Koldo por 28 millones

Mateo Balín

La Fiscalía Europea lleva ocho meses investigando varios contratos del caso Koldo por si hubiera habido fraude de subvenciones de fondos comunitarios, entre otros delitos. El montante de estas adjudicaciones asciende a cerca de 28 millones de euros y afecta a seis de las nueve licitaciones que el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, instruye de forma paralela en su propia causa por una presunta trama de comisiones irregulares en la venta de mascarillas durante la pandemia.

La delegación española del órgano comunitario, capitaneada por el fiscal Ignacio de Lucas, mantiene abiertas diligencias desde que en junio pasado la Fiscalía Anticorrupción aprobó un decreto para remitir toda la documentación del sumario relativa a la posible afectación de partidas presupuestarias de la Unión Europea. Unos hechos concretos que le competen perseguir a la Fiscalía Europea como órgano encargado de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos cometidos en territorio nacional contra los intereses financieros de la UE.

En concreto, las seis adjudicaciones públicas a la empresa «instrumental» del caso Koldo, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., que analiza esta Fiscalía son las siguientes: el expediente que afecta a Adif, el gestor ferroviario dependiente del Ministerio de Transportes, que abonó 12,5 millones de euros el 27 de marzo del 2020 a la citada mercantil por procedimiento de urgencia para el suministro de cinco millones de mascarillas FPP2. La partida total estuvo cofinanciada con dinero europeo, en concreto por el programa plurianual 2014-2020 de fondos para el desarrollo regional FEDER.

En Canarias, la Fiscalía Europea también escruta los cuatro contratos valorados en 12,3 millones que fueron adjudicados a Soluciones de Gestión en abril del 2020 por parte del Servicio Canario de Salud -dependiente de la Consejería de Sanidad bajo el Gobierno del socialista Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial­-­ para el suministro de más de 3,5 millones de tapabocas modelos FFP2 y KN95. En esta partida de 12,3 millones cerca de 450.000 euros se destinaron al pago del servicio de transporte, fletes aéreos y seguros.Según los expedientes, los cuatro contratos también fueron cofinanciados con el programa FEDER 2014-2020, dentro del concepto «prioridad de inversión».

«Extrema emergencia»

Finalmente, el sexto contrato que examina la Fiscalía Europea es el documento que el 8 de mayo del 2020 el Servicio de Salud de Islas Baleares, adscrito a la Consejería de Salud y Consumo bajo el ejecutivo de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, firmó con Soluciones de Gestión por 3,7 millones para el suministro de mascarillas FFP2. Al igual que en el resto de casos, esta licitación estuvo financiada de forma parcial con la partida asignada a la comunidad insular dentro del fondo de desarrollo regional FEDER 2014-2020.

La característica común de estos contratos es que se tramitaron mediante procedimiento de emergencia, negociado sin publicidad y concurriendo únicamente la empresa adjudicataria. Se trata de un procedimiento que permite una aceleración de los trámites de contratación justificado en la «extrema emergencia» del coronavirus. No obstante, está exento de algunos de los controles más rigurosos.

Según su última memoria, la Fiscalía Europea abrió en el 2022 un total de 43 investigaciones en España por diversos delitos (fraude fiscal, de subvenciones, blanqueo, corrupción o apropiación indebida) con un daño de unos 144 millones a las arcas de la UE.