El PSOE apura los plazos para resolver la amnistía por su disenso con Junts

La amnistía afronta su semana decisiva en el Congreso, donde el PSOE deberá decidir si sigue adelante o no con la norma. Ya son varias las voces en el partido que no descartan ya la posibilidad de dejarla caer. Y en el caso de proseguir con su tramitación, si la prolongan o no con una nueva prórroga en el supuesto de que la renegociación entre los socialistas y Junts no fructifique en las próximas horas. Algo que empieza a parecer una quimera.

Los socialistas, atenazados por las consecuencias del llamado caso Koldo y con el vuelco a las negociaciones que ha supuesto la causa abierta a Carles Puigdemont por terrorismo por parte del Tribunal Supremo, apuran el plazo para convocar la Comisión de Justicia en el Congreso, el órgano que debe enviar el nuevo dictamen al pleno de la Cámara Baja para una nueva votación.

El calendario no da respiro y tienen como máximo hasta el martes para hacerlo, 48 horas antes de que el plazo venza el jueves. Con esta fecha como límite —después de haberla prorrogado hace dos semanas—, Ferraz se reserva todavía un comodín, el artículo 91 del Reglamento del Congreso. Un recoveco que permitiría a la Mesa de la Cámara Baja (que está bajo el control de la mayoría de PSOE y Sumar) alargar o reducir cualquier período. Eso sí, siempre que se cuente con el informe favorable de los letrados.

Interferencia

Fuentes del grupo parlamentario socialista explican que las negociaciones se encuentran en estos momentos a un nivel «superior». Mientras aguardan a que se esclarezca la cuestión, no descartan ninguna de estas opciones. En el Gobierno, paralelamente, empiezan a impacientarse por el desgaste político que puede suponer alargar aún más una tramitación que contaban haber superado hace meses. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, reconoció este viernes la necesidad de «pasar página» a la ley de amnistía al mismo tiempo que aseguró que la decisión del Supremo «no provoca ninguna interferencia». «Este país sabe perfectamente qué es terrorismo y qué no lo es», añadió sin desvelar el estado de las negociaciones con Junts, y que por ello el Gobierno continúa trabajando en, textualmente, este proyecto de normalización de la convivencia en Cataluña.

Montero señaló también que «no hay ninguna sorpresa» respecto a las investigaciones que está desarrollando la Justicia y reiteró el respeto del Gobierno al trabajo de jueces y fiscales. Además, hizo hincapié en que el Ejecutivo ve imprescindible aprobar la ley de amnistía «para pasar página de los trágicos y lamentables sucesos» del 2017.

La portavoz del PSOE, Esther Peña, no ocultó este viernes que la semana que viene va a ser «decisiva» para el futuro de la medida. La dirigente socialista, sin dar más detalles, confirmó que siguen «hablando y negociando» con Junts con el objetivo de alcanzar un acuerdo «en los próximos días». Sobre si contemplan hacer alguna modificación en la ley respecto al delito de terrorismo, aseguró que en su partido son «firmes» en su posición y se encuentran «cómodos» con el último documento que se pactó con Junts, aunque apuntó a que siguen «trabajando».

Por su parte, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mantiene toda la presión sobre el PSOE ya que se siente fortalecido ante los negociadores socialistas, tras haber sido imputado por terrorismo.

Puigdemont presentó este viernes en Ribesaltes (Francia) el nuevo gobierno del Consejo para la República, el ejecutivo paralelo que mantiene desde el 2018 para seguir liderando el movimiento independentista. El dirigente de Junts evitó referirse al contexto político actual, salvo ironizar con que ser miembro del consejo «no está pagado ni con un Rolex» y se está en la «diana». Quien sí se refirió a las negociaciones y a la decisión del Supremo fue su mano derecha, Toni Comín.

«Injerencias tramposas»

El exconsejero de Salud fue explícito. La imputación de Puigdemont «refuerza su posición negociadora». Con la apertura de la causa por terrorismo, el Supremo, según entienden los junteros, les está dando más argumentos para defender su posición de máximos y exigir a Pedro Sánchez cambios en la ley de amnistía para que no excluya los delitos de terrorismo y alta traición. «La ley aún se puede perfeccionar», afirmó Comín. De esta forma, si no se excluye el terrorismo, creen en la formación independentista, se blinda la norma ante las «injerencias tramposas» que pudieran hacer los tribunales españoles.

La imputación, de la que no temen consecuencias para Puigdemont, debería servir de forma «positiva» para la «culminación» de las negociaciones, dijo Comín, quien dejó entrever que habrá acuerdo sobre la amnistía con los socialistas.