El Gobierno ve en la amnistía el fin del «conflicto» y Junts una palanca para la independencia

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PSOE y sus socios parlamentarios y el voto en contra del PP y Vox, el dictamen de la ley de amnistía que recoge los cambios pactados por los socialistas con Junts y ERC. La norma llegará a la Cámara Baja la próxima semana, pero quedan todavía muchos clavos por apuntalar. Si el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se vanagloriaba a primera hora de la mañana de haber abierto «una etapa de diálogo, de acuerdos, donde se va a hacer política dentro de las instituciones y dentro de la Constitución» y haber cerrado una «etapa de conflicto», el secretario general de Junts, Jordi Turull, proclamaba: «Tenemos la amnistía, ahora vamos a por la autodeterminación».

En realidad, no todo todo está hecho aún con la amnistía, pero casi. La polémica norma, modificada de forma sustancial con una nueva enmienda diseñada para garantizar a Carles Puigdemont que ni las investigaciones por terrorismo, ni el proceso por traición ni tampoco la causa por malversación le impedirán obtener el beneficio que perseguía cuando aceptó respaldar la investidura de Pedro Sánchez, el olvido penal, tiene que ser ahora elevada ahora al pleno. Probablemente, será la semana que viene cuando el texto se vote y envíe al Senado, donde tendrá aún una tramitación de dos meses. En todo caso, la jornada clave y determinante era la de hoy, como subrayó el propio Bolaños, en una comparecencia en la que presumió de «valentía». «Este acuerdo es el paso definitivo», dijo.

Los socialistas han acabado cediendo a exigencias de Junts que hace apenas un mes, dos semanas o incluso unos pocos días consideraban inaceptables. «No es nuestra intención tocar el texto, pero entre todas las agrupaciones políticas tendremos que encontrar una solución», decía el pasado 5 de febrero el propio presidente del Gobierno. Entonces, el Gobierno aseguraba que lo que estaban dispuestos a ofrecer a los posconvergentes eran asuntos ajenos a la amnistía, como una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar los plazos de instrucción de que disponen los jueces. Este mismo lunes, la portavoz de la ejecutiva socialista, Esther Peña, aseguraba que no habría modificaciones relativas al delito de terrorismo. Pero una vez más el Ejecutivo ha hecho saltar por los aires sus líneas rojas.

UE vs Código Penal

En un comunicado conjunto, el PSOE, Junts y ERC anunciaron ayer un acuerdo sobre una enmienda transaccional que hoy ha obtenido el respaldo del resto de los socios del Gobierno y el rechazo vehemente del PP y Vox, y que restringe aún más los supuestos de terrorismo que no pueden ser objeto de amnistía. Lo hace dejando fuera no aquellos casos que puedan ser tipificados como tal según el Código Penal español, sino conforme a la directiva europea sobre delitos de terrorismo del año 2017 o el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Así se salvaría a los implicados en Tsunami Democrátic.

La enmienda también matiza la exclusión del delito de traición. Con el actual redactado, Puigdemont y sus colaboradores investigados en un juzgado de Barcelona por la trama rusa tampoco tendrían, en principio, problema, porque solo se podrán dejar fuera de la amnistía los casos que hayan supuesto una «amenaza efectiva y real» para la integridad territorial o la independencia política de España conforme a la ONU. Y en cuanto a la malversación, otro de los delitos que no se consideraban aptos para quedar sin pena, se abre la mano, de manera que siempre que no haya habido enriquecimiento personal, serán exonerados.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, cargó con dureza contra el pacto. «Quieren amnistiar los delitos más graves que existen en democracia para que les sigan manteniendo en el poder -denunció- Lo hacen como han hecho durante toda la legislatura, saltándose la ley. La ley ya fue rechazada y se han inventado un procedimiento para volver a traerla a la Comisión«. Esa crítica a la decisión de volver a abrir las negociaciones después de que Junts votara en contra de la ley en el pleno del pasado 30 de enero -decisión de la Mesa sobre la que existen un par de precedentes- también fue reiterada por el portavoz de Vox en la Comisión de Justicia, Javier Ortega Smith.

Referente mundial

Frente a las críticas de la oposición, Bolaños se mostró exultante y proclamó su «orgullo» respecto a una ley que, llegó a decir, «se va a convertir en un referente mundial».  Tras el varapalo sufrido en las gallegas del pasado 18 de febrero y el estallido del 'caso Koldo', que afecta al corazón del sanchismo, el Gobierno necesitaba lanzar un mensaje de que la legislatura no está en colapso. Y en Moncloa creen que con este arriesgado movimiento lo conseguirán. «Va a haber acuerdo de Presupuestos, hay una voluntad inequívoca de todos los grupos parlamentarios y de garantizar tres años y medio de legislatura de avances, de derechos, de convivencia, de empleo y crecimiento económico para una España que avanza con valentía, sin complejos», esgrimió.

Turull, aun así, dejó claro que todo será tan fácil. No solo dijo expresamente que la ley de amnistía «no soluciona el conflicto de Cataluña con el Estado». sino que advirtió de que el Ejecutivo haría mal en dar el apoyo de Junts a las Cuentas por seguro. «Con los Presupuestos, contador a cero. Esto -remarcó- va a tanto la pieza».