Los abogados de Madrid denunciarán la filtración del caso del novio de Ayuso

La nota informativa difundida el 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid, que revelaba que Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, había asumido dos delitos de fraude fiscal y una sanción penal, y que contradecía, por tanto, a la presidenta madrileña, que había asegurado que su pareja era inocente, ya tiene consecuencias. El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, anunció ayer que demandará por la vía penal y administrativa esta filtración de datos para «depurar responsabilidades» y «la identificación completa de los autores», aunque las denuncias no se dirigirán contra nadie en concreto, puntualizó.

La junta de gobierno del ICAM se reunió este lunes para «tomar las acciones pertinentes» frente a una nota de prensa que constituyó una «ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados» y un hecho de «gravedad sin precedentes en el marco del derecho de defensa».

Los catorce miembros de la junta acordaron por unanimidad denunciar los hechos por esta doble vía: la penal, para investigar los supuestos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos; y la administrativa, para abrir un procedimiento sancionador al estimar que se infringió el artículo 62 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía.

Así, la junta consideró que esta revelación de datos de unas diligencias penales supone una «ruptura del principio de confidencialidad» y una vulneración «sin paliativos» del deber de reserva y sigilo del ministerio público, e «incumple flagrantemente el protocolo de actuación» para juicios de conformidad entre el ministerio público y los abogados.

García Ortiz se defiende

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendió ayer en una carta a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, que «se ha salvaguardado» el deber de reserva en el caso de González Amador y que «solamente se comunicaron aquellos aspectos [conocidos anticipadamente por la opinión pública como consecuencia de una indeseable filtración] que resultaron indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales», cuya «profesionalidad y honorabilidad» debe «proteger y defender» como fiscal general, apuntó. «La concreta propuesta de conformidad de ocho páginas, fechada el día 2 de febrero del 2024 y dirigida a la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, no fue revelada ni comunicada a la opinión pública», arguyó. García Ortiz anunció la creación de una comisión con el CGAE para «revisar y actualizar» el protocolo de actuación para juicios de conformidad con acusados.

Díaz Ayuso, que hace una semana señaló que era Hacienda quien debía 600.000 euros a su novio, moduló ayer su mensaje y defendió que «las estrategias de defensa de un particular» no son su responsabilidad como presidenta.