Las víctimas piden casi nueve años de cárcel para el asesino de Yoyes por los homenajes a etarras

Dignidad y Justicia, el colectivo de víctimas que encabeza Daniel Portero -hijo del fiscal asesinado por ETA en el 2000 en Granada-, ha presentado su escrito de acusación en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los homenajes a presos etarras en el que pide un total de ocho años y ocho meses de cárcel para Antonio López Ruiz, Kubati, así como para cada uno de los otros cinco imputados en el mismo procedimiento penal. En su documento de 76 folios, dicha agrupación cree acreditado que López Ruiz, el asesino de Yoyes con la que había compartido militancia terrorista y dedicado en los últimos años desde las estructuras del partido Sortu a la reinserción de los reclusos que van saliendo de prisión, es responsable de un delito de pertenencia a organización criminal, otro continuado de humillación a las víctimas y sus familiares y de enaltecimiento de quienes ha protagonizado actos violentos.

La asociación solicita para los seis encausados -junto a Kubati lo están Haymar Altuna, Oihana Garmedia, Oihana San Vicente, Carlos Sáez de Egilaz y Felipe San Epifanio- seis años por el primer ilícito y dos y ocho meses más por el segundo; es la misma pena que también reclama la AVT, personada también en el sumario incoado en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

En abril, su titular, el magistrado Manuel García Castellón propuso juzgar a los seis imputados por la organización y celebración de 120 actos de homenaje -los ongi etorris- a presos de ETA entre el 2016 y el 2020. La lucha para la erradicación de estas convocatorias, por lo que representan de sal añadida sobre la herida de las víctimas, constituye uno de los principales caballos de batalla de las asociaciones de damnificados tras la disolución de la organización terrorista hace seis años.

Dignidad y Justicia constata en su escrito que el reconocimiento público de sus activistas ha constituido una «histórica directriz» de ETA para «enaltecer y justificar» la «lucha armada» y todos aquellos que la han practicado. La finalidad de esos homenajes, subrayan los servicios jurídicos de la asociación, ha pasado por «mantener la cohesión en torno al ideario de la organización y eliminar en la militancia el repudio que merecen los crímenes terroristas» elevando la violencia a «instrumento legítimo para la consecución» de sus fines y a los presos en «modelo a seguir» para la sociedad vasca y navarra.

«Referente» de la izquierda aberzale

En su escrito de acusación, la representación procesal de Dignidad y Justicia traza una línea divisoria en el momento en el que, coincidiendo con el cese de los atentados etarras (octubre del 2011), Sortu -hoy principal partido integrante de EH Bildu- se convierte en «el referente político» de la izquierda aberzale también en lo que se refiere a los ongi etorris a través de su llamada comisión de presos.

La agrupación, que aporta datos en su escrito de comunicaciones intervenidas a lo largo de los años por las fuerzas de seguridad, cree probado que Kubati y los otros cinco procesados asumieron sus respectivas funciones dentro de la comisión de Sortu para «organizar de forma sistemática y sistematizada los actos de homenaje a los presos con la consiguiente humillación y vilipendio a las víctimas del terrorismo». Para ello, se valieron, según los denunciantes, de la dinámica Kalera kalera (a la calle) o de otros movimientos sociales de apoyo a los reclusos.