La Fiscalía Europea reclama la competencia para investigar la totalidad del caso Koldo

El caso Koldo vuelve a abrir un capítulo, pero esta vez se desarrollará en Bruselas. La Fiscalía Europea decidió ayer anunciar que la totalidad de la investigación por la compra fraudulenta de mascarillas durante la pandemia —con el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos en el centro del caso— pasaría a sus manos al entender que dicha compra se realizó con fondos europeos.

El Ministerio Público europeo considera que todas las tramas destapadas en Canarias, Baleares, varias carteras del Estado y otras administraciones públicas, son en realidad una red tejida alrededor de Koldo García, el exasesor de Ábalos y principal beneficiario de la trama. La Comisión Europea también pidió al Gobierno que aclarara de dónde venía el dinero con el que se compró las mascarillas defectuosas y del que se benefició el exportero de prostíbulos. Con la información recibida en Bruselas, se esclareció que de los 17,8 millones de euros de fondos europeos malversados, 14,7 millones procedían del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otros 3,1 millones del Fondo de Solidaridad. Ello lleva a la Fiscalía europea a querer asumir la totalidad del caso porque considera que si los fondos son europeos, le corresponde a dicho Ministerio ser la acusación del caso.

Tras esta decisión, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, aprovechó en un mitin de Pamplona para decir que «no hay precedentes de que ningún Gobierno haya sido requerido por la Fiscalía europea para investigar sus contratos» y añadió: «Es la Fiscalía Europea la que dice que el fango es él, y por eso le quiere investigar».

Desde Bruselas pidieron al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que se hace cargo del caso, todos los sumarios del caso para incorporarlos al informe de la UCO que solicitó hace días y que ya se encuentra en manos de la Fiscalía. «Una vez recibida la información, después de examinarla en detalle, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve período de tiempo», reseñó el organismo en un comunicado emitido ayer.

Sin embargo, el deseo de la Fiscalía todavía puede toparse con un obstáculo. El magistrado Moreno ya solicitó, tras conocerse la demanda del organismo belga, un informe a la Fiscalía Anticorrupción para que juzgue si el derecho de avocación presentado desde la UE es pertinente. En caso de que el informe, junto al criterio del juez, se opongan a la decisión de la Fiscalía Europea, Moreno puede presentar un conflicto de competencias, que debería resolver el Tribunal Supremo para dirimir si la trama se queda en España o se pasa a una investigación europea.

Prevención de corrupción

Las noticias de Bruselas coinciden con la conclusión del informe anual del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) en materia de prevención de la corrupción, que señala que «a finales del 2023, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Malta, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido no cumplían suficientemente con las recomendaciones» del organismo para hacer frente a la corrupción desarrollada en las altas esferas públicas.

Según este informe, España dejó de cumplir en el período que abarca desde el 2019 hasta el 2022 hasta doce de las 19 recomendaciones del organismo, y las otras siete se cumplieron tan solo parcialmente. Desde el 2022 hasta finales del año pasado, tampoco hubo mejoría. En la reunión plenaria de esta institución que tendrá lugar del 17 al 21 de junio se evaluará concretamente el cumplimiento de estas en parlamentarios, jueces y fiscales.

El GRECO también tiene pendiente que el Gobierno dé el visto bueno a que se realice un seguimiento particular a España.