Begoña Gómez pide al juez que aclaré por qué le investiga ahora tras inhibirse ante la Fiscalía Europea

Begoña Gómez y su abogado -el exministro del Interior, Antonio Camacho- pasan al ataque. La defensa de la mujer de Pedro Sánchez ha enviado un escrito a Juan Carlos Peinado, el juez que ha abierto diligencias contra Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en el que le pide que aclare por qué investiga ahora a la esposa del presidente después de que el propio instructor se haya inhibido a favor de la Fiscalía Europea del epicentro de su investigación - las adjudicaciones por más de 10 millones de euros al empresario recomendado la mujer del presidente.

En esencia, el abogado de Gómez da a entender, aunque no lo pide en ningún momento de forma expresa, que el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid debería dar carpetazo al caso ya. Y ello -entiende Camacho- porque la investigación de Peinado después de que la Audiencia Provincial de Madrid descartara irregularidades en los contactos de Gómez con responsables de Air Europa, se ha quedado limitada «exactamente» a los mismos «hechos» que ya han sido remitidos a la UE porque la Fiscalía Europea cree que hay indicios de que hay involucrados fondos comunitarios. O sea: las cuatro adjudicaciones en tres expedientes que permitieron al empresario Juan Carlos Barrabés embolsarse 10,6 millones de euros de dinero público al ganar los concurso del ente público Red.es, después de que la esposa de Sánchez escribiera dos cartas de recomendación para Barrabés.

En su escrito, la defensa de Gómez, que aclara que no quiere ni siquiera tener acceso al auto de inhibición completo remitido a la institución con sede en Luxemburgo, en concreto sí que pide a Peinado que «aclare cuáles son los hechos que en la actualidad conformarían la causa que sigue siendo competencia del presente juzgado, tal y como se infiere del contenido de la parte dispositiva notificada», a saber la providencia del pasado 7 de junio en la que anuncia que cedía la competencia y que no pretende presentar batalla (en forma de conflicto de competencias) ante el Tribunal Supremo para quedarse con el caso íntegro.

«Exclusivamente»

Barrabés Y es que el juez, en esa misma providencia que cede la instrucción sobre los polémicos contratos conseguidos por el empresario Juan Carlos Barrabés, también deja claro que, tras la «avocación realizada por la Fiscalía europea», se inhibe «exclusivamente respecto de los hechos y delitos a los que se hace referencia en los fundamentos jurídicos primero de la presente resolución» (las adjudicaciones al empresario amigo de Gómez).

Esa resolución de peinado no contiene más que la «parte dispositiva» de un párrafo y no existe ningún fundamento jurídico que dé pistas de por dónde quiere enfocar ahora la investigación el juez. Y es que, tal y como recuerda la defensa de la investigada, la Audiencia Provincial de Madrid, en la respuesta al recurso fiscal en el que avaló que siguiera investigando a Gómez por las adjudicaciones de Red.es, argumentó, sin embargo, que no había indicios para ir contra la mujer de Sánchez por sus reuniones con responsables de Globalia, matriz de Air Europa, en vísperas de que el Gobierno central inyectara cientos de millones de euros a la aerolínea para evitar su quiebra durante la pandemia.

No obstante, el colectivo Hazte Oír, que es acusación popular en estas diligencias previas, ha ampliado su acusación contra la mujer del presidente del Gobierno a los presuntos delitos de administración desleal, malversación e intrusismo por haberse apropiado en su nueva empresa -siempre según esta asociación- de un software que pagó la Universidad Complutense para asesoramiento y labores de consultoría de pymes.

La propia Gómez, en una carta remitida a El Economista exigiendo rectificaciones aseguró sin embargo que «esta aplicación en la actualidad no está siendo objeto de comercialización alguna por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ni de ninguna otra empresa». La plataforma, según la esposa de Sánchez, «se enmarca entre los proyectos objetivo de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM que dirijo como una herramienta que está en desarrollo, sin finalizar».

«No se está utilizando la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva para hacer ningún negocio ni para impulsar ninguna consultora o empresa. No pretendo hacer negocio con la plataforma a través de una empresa propia. Este software está en desarrollo, es gratuito y no tiene ni integra opciones de venta, ni de comercialización, ni aloja ninguna posibilidad de transacción comercial», ha insistido la investigada.

Seguridad de Moncloa

Que el juez no tiene la más mínima intención de abandonar por completo la investigación sobre la esposa de Pedro Sánchez lo demuestra el hecho, no solo de que mantiene el interrogatorio como investigada el 5 de julio de Begoña Gómez, sino que además ha ordenado investigar por qué los responsables de Moncloa no permitieron que se le notificara en persona, como es preceptivo, a la mujer del presidente su citación para declarar como imputada el próximo 5 de julio. Es más, lejos de dejar aviso para que esta notificación certificada fuera recogida en mano por la investigada en Correos, alguien, según desvela una nueva providencia del instructor, se hizo cargo del documento y estampó en el recibo una «firma ilegible» con las iniciales «P.D.» Por lo pronto, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha llamado a declarar como testigo el 19 de junio al máximo responsable policial del recinto de Moncloa. En concreto, el instructor cita «al jefe del Servicio de Seguridad del Complejo Presidencial del Palacio de la Moncloa, domicilio habitual de la investigada».

«No constando que haya sido recogida personalmente por la investigada, Begoña Gómez Fernández, la citación judicial para el 5 de julio del presente año 2024, fecha en la que deberá comparecer en esta sede judicial, ofíciese al Jefe de la Unidad Adscrita de Policía Judicial de estos Juzgados a fin de informe las razones por las que no ha sido citada personalmente dicha investigada», señala también en su providencia el magistrado.

En la misma resolución, peinado ordena a la Policía Nacional identificar «quién ha sido la persona, que con una firma ilegible, tras poner las iniciales, 'P.D.', ha firmado dicha citación judicial».