La Voz de Galicia

Los 20 nuevos vocales del CGPJ: un nuevo Consejo con jueces de sentencias pioneras y padre de un Estatuto

España

C. Peralta Redacción / La Voz
Vicente Guilarte, hasta ahora presidente interino del Consejo General del Poder Judicial.

Los nuevos 20 miembros deberán decidir, por una mayoría de tres quintos, el nombre del próximo presidente del órgano

27 Jun 2024. Actualizado a las 11:19 h.

Han pasado más de diez años desde la última vez que los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomaron posesión de sus cargos ante el rey, aún entonces Juan Carlos I. Una década después, llegó en Bruselas la fumata blanca entre PP y PSOE. Ambos escogieron a diez de los veinte nuevos vocales. El presidente del órgano judicial lo decidirán los propios juristas, con una mayoría necesaria de tres quintos. Estas son las caras nuevas del CGPJ y la formación que los ha designado:

PROCEDENCIA JUDICIAL

Ángel Arozamena (PSOE). Juez del Supremo desde el 2015, votó en contra de los recursos de PP, Cs y Vox contra los indultos a los políticos del procés, al considerar que no eran víctimas directas del delito de malversación. Ocupó cargos en el Gabinete de la Presidencia con Felipe González (1986 - 1990) y fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia (2007 - 2009) en el Ejecutivo de Zapatero.

Esther Erice (PSOE). Magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, suyo fue el único voto discrepante a la decisión de rebajar la pena de Ángel Boza, uno de los miembros de la Manada. De hecho, se ha mostrado reiteradamente en contra de las reducciones de condenas antes de la reforma de la ley del solo sí es sí.

Gema Espinosa. Jueza en la Audiencia de Barcelona, fue directora de la Escuela Judicial de la capital catalana. Dejó el cargo precisamente para optar al Consejo en el 2018, cuando acabó el mandato. Fue entonces cuando logró el actual récord de avales a una candidatura. Es la esposa de Pablo Llarena, el juez del Supremo a cargo de las instrucciones de las dos grandes causas del procés.

José María Fernández Seijo (PP). Juez de lo Mercantil en Barcelona, elevó en el 2013 una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obligó a reformar la Ley Hipotecaria. El alto tribunal le dio la razón a Seijo y obligó a detener desahucios si las hipotecas contaban con cláusulas abusivas.

José María Páez (PP). Nadie ha ocupado durante más tiempo el cargo de juez decano de Málaga que él, después de imponerse en cuatro elecciones y pasar 16 años al mando. Contrario a la amnistía, dijo en La Razón que los pactos del Gobierno eran un «grave ataque a la independencia judicial».

José Carlos Orga (PP). Presidente de la Audiencia de Logroño, archivó la causa de presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con el chalé del expresidente regional, Pedro Sanz. El caso, sin embargo, fue reabierto por el Tribunal Superior de Justicia.

José Antonio Montero (PP). Magistrado del Supremo, firmó como presidente de Sala una sentencia pionera en derecho tributario, al decretar que solo puedan integrar las listas de morosos las personas físicas o jurídicas con deudas firmes.

José Eduardo Fernández Mediavilla (PP). Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca desde el 2012. Dos años antes accedió a esta instancia judicial.

Esther Rojo (PP). La presidente de la Audiencia de Valencia desde el 2019 compagina su cargo con la docencia. Es profesora de Derecho Penal y Práctica Procesal del Máster de Abogacía de la Universidad Católica de Valencia.

Carlos Hugo Preciado (PSOE). Juez en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es experto en aplicar los derechos digitales al mundo laboral.

Alejandro Abascal (PP). Magistrado de refuerzo en el juzgado del juez García-Castellón, en la Audiencia Nacional. Por ello, participó en las instrucciones de caso mediáticos como Soule, Tándem, Villarejo o la Púnica.

Lucía Avilés (PSOE). Jueza de la Sala de lo Penal en el juzgado de Mataró. Promovió una iniciativa judicial popular para que la violencia económica sea considerada por el Código Penal una vertiente más de la violencia de género.

Vocales juristas

José Luis Costa Pillado (PP). Presidente del Consello Consultivo desde el 2014, el Parlamento de Galicia intentó sin éxito su promoción al Constitucional en varias ocasiones.

Inés María Herreros (PSOE). Expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales. Ejerce de fiscal en Las Palmas, especializada en derechos humanos y memoria democrática. Investigó el caso de presunta prostitución en la agencia de modelos Las Lovas.

Pilar Jiménez (PP). Fiscal Superior de Cantabria desde el 2015, fue promovida por el exministro Ruiz Gallardón a teniente fiscal un año antes. En el 2023, anunció que renunciaba a las competencias de delitos de odio por tener una «excesiva carga de trabajo».

Argelia Queralt (PSOE). Es letrada del Tribunal Constitucional y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Sus investigaciones se basan en materias como los derechos de participación política y el feminismo jurídico.

Ricardo Bodas (PSOE). Magistrado jubilado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, antes dirigió la misma sala, pero en la Audiencia Nacional. También ocupó la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en el Gobierno de Zapatero.

Bernardo Fernández (PSOE). El único vocal que fue parlamentario. En su caso, fue diputado Parlamento de Asturias por el PSOE. Es uno de los artífices del Estatuto de esta comunidad y fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo.

Luis Martín Contreras (PSOE). Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, antes fue secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional.

Isabel Revuelta (PP). Letrada de las Cortes, es desde marzo del 2024 directora de Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Senado. Anteriormente ejerció en el Congreso, donde redactó un informe que dudaba de la constitucionalidad de la amnistía. También fue secretaria general técnica del Ministerio de Defensa, en la etapa del popular Federico Trillo, durante el último Ejecutivo de José María Aznar, entre el 2000 y el 2004.


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