Bruselas valora progresos en la reforma del CGPJ y sigue analizando la ley de amnistía

La Comisión Europea celebró este miércoles el «gran progreso» logrado en España para la renovación y posterior reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alcanzado tras el acuerdo entre el PSOE y el PP facilitado por Bruselas.

También indicó que sigue analizando las aclaraciones a la ley de amnistía aprobada por el Congreso español.

El Ejecutivo comunitario publicó su informe anual sobre el Estado de Derecho, que pasa revista a los esfuerzos de los países miembros para cumplir las recomendaciones de Bruselas en ámbitos como la reforma de la justicia, las normas para combatir la corrupción o la libertad y el pluralismo en los medios de comunicación.

La vicepresidente comunitaria Vera Jourová recordó en rueda de prensa que este informe anual es un instrumento «preventivo» que ayuda al diálogo con los Estados miembros para identificar «potenciales problemas» al Estado de derecho en una etapa temprana y no tener que recurrir a los procedimientos de infracción u otros mecanismos y valoró los avances en distintos países, incluido España.

Reforma de la Justicia

Los informes sobre el Estado de derecho que la Comisión Europea había publicado desde el 2020 habían hecho hincapié, en el caso de España, en la necesidad de proceder a la renovación de los miembros del CGPJ e, inmediatamente después, reformar la designación de sus jueces.

El informe del 2024 considera que «se han logrado avances significativos con respecto a la recomendación formulada en años anteriores» tras el acuerdo para renovar el Consejo de la Judicatura «y poner en marcha, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el sistema de nombramiento de sus jueces-miembros».

El informe recomienda ahora que, a partir del acuerdo entre el PSOE y el PP del pasado junio, se proceda a «finalizar la renovación» del CGPJ y siga adelante el proceso iniciado para adaptar el procedimiento de nombramiento de los jueces, teniendo en cuenta los estándares europeos relativos a los Consejos de la judicatura.

Por otro lado, sobre la Fiscalía general, Bruselas ve «algunos avances» en el fortalecimiento de su estatuto pero no los considera suficientes y recomienda continuar con esos esfuerzos, en particular en relación con la separación de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno, «teniendo en cuenta los estándares europeos».

Hace referencia, por otra parte, a la ley de amnistía, que ha sido «objeto de una gran controversia en España, ligada a las circunstancias políticas en torno a su proceso de adopción y su contenido, incluidas manifestaciones y declaraciones públicas de diferentes partes interesadas, así como una extensa correspondencia dirigida a la Comisión Europea».

Explica que la Comisión «se ha puesto en contacto con las autoridades españolas para recibir aclaraciones sobre la ley de amnistía, que está analizando».

Y recuerda el dictamen adoptado por la Comisión de Venecia sobre el entonces proyecto de ley de amnistía.

Normas anticorrupción

Bruselas critica el hecho de que pese a que el Gobierno español tiene el mandato de adoptar una estrategia integral para prevenir y luchar contra la corrupción, «todavía no se ha iniciado ningún trabajo al respecto» y tampoco existe una agencia especializada.

Reclama acelerar los esfuerzos para abordar los retos relativos a la duración de las investigaciones y juicios para aumentar la eficiencia en el manejo de los casos de corrupción de alto nivel.

Por otra parte, no ha habido avances en el fortalecimiento de las normas que rigen los conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de personas con altas funciones ejecutivas, algo ya recomendado en el informe anterior, dice el documento.

Bruselas recomienda asimismo a España la adopción de normas sobre grupos de presión, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio sobre lobistas.

Acceso a la información

La Comisión pide a España que refuerce el acceso a la información, un ámbito en el que «no se ha mejorado de manera significativa», y reclama la revisión de la ley de secretos oficiales, a la luz de los estándares europeos sobre el acceso a los documentos oficiales.