Bruselas avisa a España del daño que causan los ataques políticos a los jueces

La Comisión Europea se hizo eco este miércoles en su informe sobre el Estado de derecho en España de la preocupación en la judicatura por los ataques en declaraciones de políticos, incluidos miembros del Gobierno, contra el poder judicial. La comisión avisa del riesgo de que este tipo de retórica dañe la confianza fundamental de la sociedad en los jueces y sus sentencias. También pide más avances para reforzar la independencia y autonomía del fiscal general.

«Si bien los tribunales no son inmunes a las críticas y el escrutinio, la confianza del público en el poder judicial es fundamental para su eficacia, en vista de su papel especial en la sociedad», señala el documento que este año ha dedicado Bruselas a la salud democrática en España.

El «daño» a esta confianza, añade el documento, es «particularmente relevante» cuando se trata de declaraciones realizadas desde los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza del público en las instituciones constitucionales. 

Confianza en el Poder Judicial

El texto se refiere a la «preocupación» que le ha sido trasladada al Ejecutivo comunitario desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asociaciones de jueces y otros grupos de interés de que «este tipo de declaraciones hechas por políticos socaven cada vez más la confianza pública en el poder judicial», por ejemplo cuando desde la política «criticaban tanto decisiones judiciales individuales como al poder judicial en su conjunto».

El informe concluye con una serie de recomendaciones a España en las que Bruselas evita referirse a la ley de amnistía porque su análisis sobre su compatibilidad con el derecho comunitario sigue en marcha. Sí reproduce Bruselas parte de las conclusiones de la Comisión de Venecia sobre la norma en la que se apunta la controversia y división que creó, así como la urgencia con la que se tramitó. La Comisión celebra los «avances significativos» logrados para desbloquear el CGPJ y reconoce «algunos avances» para fortalecer el estatuto del fiscal general, pero los considera insuficientes.