El nuevo CGPJ elegirá a su presidente entre siete magistrados del Supremo

Siete magistrados del Supremo se disputarán el próximo martes la presidencia del Consejo General del Poder Judicial que comprende, también, la del alto tribunal. El nuevo CGPJ reunido hoy tras su renovación pactada por el Gobierno y el PP y después de cinco años y medio de bloqueo ha tomado su primera decisión: formalizar las candidaturas de quienes optarán, en la sesión fijada ya para el próximo martes a las diez de la mañana, a un cargo que ha sumado trascendencia porque el consejo precisa salir de la parálisis de este último lustro con autoridad y determinación para restañar el destrozo que ello ha representado. Hay un centenar de plazas en la Magistratura por cubrir por efecto de la reforma legal impulsada por las fuerzas del Ejecutivo que, a fin de tratar de forzar a los populares a moverse, desposeyó de su función nuclear de efectuar nombramientos al CGPJ interino.

Los veinte vocales resultantes del acuerdo entre los dos grandes partidos del país, que lo han hecho valer en las Cortes con desmarque de socios a izquierda y derecha, han puesto sobre mesa siete aspirantes a una presidencia que se busca «fuerte» de los que cinco son mujeres -Esperanza Córdoba, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela y Pilar Teso- y dos hombres -Pablo Lucas y Antonio del Moral-.

Los nuevos responsables del máximo órgano de gobierno de los jueces envían el mensaje, con la amplitud de candidaturas, de que, tal y como prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial, es a ellos y solo a ellos a los que corresponde la designación. Una autonomía que históricamente se ha visto condicionada por la sombra de la injerencia de los intereses de PSOE y PP en la designación de quien ha de encabezar el Consejo y el Supremo. Ambos partidos se han comprometido, en su pacto para renovar al fin el CGPJ, con la soberanía de este, aunque en realidad basta con que se ciñan a las previsiones legales. Las mismas que fijan una mayoría cualificada de dos tercios -14 vocales- para la designación del presidente.

Los currículos de quienes concurren a la votación -la exigencia es que los candidatos atesoren la categoría profesional de magistrados del Supremo o bien que sean juristas de reconocida competencia con más de 25 años de oficio- acreditan perfiles judiciales de largo recorrido y con resoluciones significativas en asuntos que han marcado el devenir del país en los últimos años. Hay cuatro integrantes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Lucas, su presidente; Teso; Córdoba; y Huete) y tres de lo Penal (Del Moral, Ferrer y Lamela). Los dos primeros de estos últimos firmaron en el 2019 la sentencia que condenó por el procés a Oriol Junqueras y el resto de dirigentes secesionistas que no huyeron, aunque ambos discreparon el 1 de julio sobre la aplicación de la amnistía al expresidente de ERC y Carles Puigdemont: Ferrer emitió un voto particular al auto que sí apoyó Del Moral favorable a no exculpar el delito de malversación.

En paralelo, el propio Del Moral y Lamela suscriben otro auto, este conocido ayer, por el que la Sala de lo Penal del Supremo presenta una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC contra la amnistía en términos inusitadamente duros al sostener que la ley «repugna el Derecho» y borra los delitos de quienes pretendieron consumar un «golpe de Estado» con la ruptura de Cataluña con España. Pablo Lucas es otro de los magistrados con resoluciones de peso a sus espaldas. Hermano de Enrique Lucas, uno de los vocales del último Consejo, propuesto en su día por el PNV, el presidente de la Sala de lo Contencioso se ha visto en el punto de mira del secesionismo tras el 'caso Pegasus' por ser el responsable en el Supremo de autorizar y controlar las escuchas del CNI. Lucas está al frente, además, del tribunal que ha revocado los intentos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de ascender en la carrera a su mentora y predecesora, Dolores Delgado, y que anuló, por no reunir las competencias para el cargo, el nombramiento por el Gobierno de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.

Tras cinco años de inédito bloqueo institucional, PSOE y PP pactaron el pasado junio la renovación de los vocales del CGPJ. Del total de los 20 miembros que componen el Poder Judicial, socialistas y populares eligieron a diez candidatos cada uno. Todos ellos han sido refrendados por Congreso y Senado en virtud del acuerdo entre los dos grandes partidos por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras legislativas, tal y como exige la ley. Este pacto se ha quedado limitado a los dos grandes partidos, dado que los socios de Sánchez se han desvinculado del mismo e incluso la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, lo interpreta como la constatación de que la «legislatura progresista» está acabada.Por su parte, Vox lo denuncia como una coalición «PP-PSOE».