El acuerdo para la investidura de Illa se encalla en la financiación autonómica

El principio de acuerdo entre las cúpulas del PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa se hace esperar. Aunque fuentes próximas a los equipos negociadores insisten en que la voluntad de alcanzarlo es «firme», lo cierto es que a falta de 48 horas para que expire el plazo dado por los republicanos no existe ningún documento firmado con medidas concretas. La financiación autonómica es —lo ha sido desde el principio— el gran escollo que separa al candidato socialista de la presidencia de la Generalitat. Desde Esquerra reiteran que no darán por buena ninguna propuesta que no implique «avanzar hacia la soberanía fiscal» de Cataluña, y que la fórmula del consorcio tributario mixto que ofrecen los socialistas catalanes no les convence. Ni a ellos, la dirección interina, comandada por Marta Rovira, ni mucho menos a la militancia, reacia a entregar las llaves de la Administración catalana al PSC.

Al fin y al cabo, serán las bases de ERC quienes deberán avalar un eventual pacto de investidura. En principio, estaba previsto convocar a los 8.700 militantes de Esquerra el próximo jueves; hoy, esa fecha ya no está tan clara. Entre el desencanto, el estupor y la indignación se mueven las bases de la formación, hartas de encajar batacazos electorales, divididas entre afines a Rovira y partidarios de Junqueras, y sonrojadas por el asunto de los carteles difamatorios contra los Maragall.

El acuerdo no debe salvar solo los obstáculos políticos, también los técnicos. La cuestión es qué impuestos podría recaudar la Generalitat y cómo lo haría, si mediante una agencia tributaria catalana o a través de un ente compartido con el Ministerio de Hacienda.

En una entrevista en El País, Marta Rovira volvió a mostrar su rechazo al consorcio tributario mixto, y apuntó al IRPF como el primer tributo que podría recaudar la comunidad. «El impuesto de la renta en Cataluña es uno de los que más recaudación tienen, y sería un salto muy importante que fuera el IRPF el primer tributo que pueda recaudar la agencia tributaria catalana», declaró la secretaria general de ERC. Sobre la propuesta del consorcio, advirtió: «Nos recuerda a la relación de minoría de edad que tenemos con el Estado español», para después reclamar una relación bilateral con el Estado en esta materia y, finalmente, «tener las garantías de que aquello que se ha acordado se cumple».

Rovira dejó claro que un eventual acuerdo con el PSC «no servirá para hacer presidente» a su primer secretario, sino que sería un «acuerdo de avance para Cataluña». También subrayó que no se tratará, en ningún caso, de un pacto de gobierno, y que su partido se irá a la oposición. «Nosotros no trabajamos para Salvador Illa ni para el PSC, sino para la ciudadanía de Cataluña y para sus necesidades», sentenció.

Puigdemont, contra el Supremo

Solo 24 horas después de confirmar que volverá a Cataluña para la investidura del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont recurrió ayer a las redes sociales para recordar los 12 días que pasó en la prisión alemana de Neumünster, del 25 de marzo al 6 de abril del 2018. El expresidente catalán fue detenido en Schleswig-Holstein (Alemania) en cumplimiento de la euroorden dictada en su día por el Supremo. Ahora, se enfrenta a la amenaza de una nueva detención, en esta ocasión por el mismo tribunal que le ha negado la amnistía e insiste en encarcelarlo por malversación. En un mensaje en X, Puigdemont advirtió a los jueces de que, «en un Estado de derecho, primero es la obligación democrática y, después, la devoción patriótica», y puso como ejemplo a la Justicia alemana, que, tras hacerle pasar 12 días entre rejas, lo dejó en libertad.

El líder del procés no cuenta con inmunidad parlamentaria europea desde el pasado 12 de junio, cuando aceptó el acta de diputado del Parlamento catalán. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena declaró el pasado 1 de julio que el delito de malversación que se atribuye al dirigente independentista no entra dentro de la ley de amnistía y, en consecuencia, mantiene vigente la orden de detención, en cuanto pise territorio español, que pesa contra él.