Las presiones del Gobierno al Tribunal Supremo elevan la tensión con el PP

La negativa del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía en los casos de malversación de fondos públicos y las presiones del Ejecutivo al alto tribunal  han elevado la tensión entre el Gobierno y el PP. El ministro de Transportes, Óscar Puente, es la miembro del Gobierno que más ha levantado la voz por ese motivo, afirmando que el Tribunal Constitucional corregirá ese criterio aplicado por el Supremo. Puente acusó a los tribunales de «extralimitarse» por negar la amnistía a Carles Puigdemont y asegurar que solo logrará «retrasar» su aplicación.

Tras la polémica generada, este martes el ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, no quiso llegar tan lejos en sus críticas, aunque admitió diferencias entre el Gobierno y el Tribunal Supremo sobre la aplicación de la ley de amnistía. «Una discrepancia que comparten todas las partes que están personadas en ese procedimiento, excepto Vox», señaló Bolaños, que en todo caso invitó a «esperar a que se pronuncie la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo».

«Somos un Estado de derecho y contra las resoluciones contra las que uno discrepa, lo que cabe son presentar recursos», recalcó el ministro. Bolaños explicó que «es una posición conocida» la reacción del Gobierno a «esa resolución judicial del Tribunal Supremo», no aplicando la ley de amnistía. Señaló que «en su día mostramos nuestra discrepancia» tanto «con los argumentos jurídicos» como con «las valoraciones políticas que hacía esa resolución del Supremo». Recordó que esas discrepancias afectan también a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, partidarios de aplicar el perdón aprobado por el Gobierno. A su juicio, «el propósito y la letra de la ley tiene una claridad meridiana». 

Informe de la UE

Desde el PP, su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, criticó las declaraciones de Óscar Puente por cuestionar la actuación de los jueces con la ley de amnistía. «Me parece mal. Me parece que el Gobierno no debe presionar al Poder Judicial y, de hecho, en el informe de Estado de derecho de la Unión Europea de este año, las cosas que más se censura a España son las presiones desde el Gobierno hacia el Poder Judicial», señaló Pons en una entrevista en RNE.

Reprochó a Puente que dé «por hecho» que el Constitucional hará lo que dicte el Gobierno «dejando a Cándido Conde-Pumpido en pelota», en referencia al presidente del tribunal de garantías.

«Al final, si el Gobierno dice que el Tribunal Constitucional seguirá lo que el Gobierno diga, hay dos opciones: o el Tribunal Constitucional sale de inmediato a desmentirle por boca del presidente del tribunal, o da por buena una afirmación que pone en cuestión la independencia de ese tribunal», explicó Pons.

Recordó que Puente aseguró que «los tribunales no pueden extralimitarse» al interpretar la ley sosteniendo que hubo malversación porque los líderes independentistas se ahorraron el coste de la consulta». Un argumento que, según Puente, «no hay por dónde agarrarlo».

Tras el paso fugaz de Carles Puigdemont por España, Junts condiciona su apoyo al Gobierno a que se den pasos concretos en favor de la amnistía del expresidente catalán y considera el Gobierno no está haciendo lo suficiente para defender la aplicación de la ley a todos los implicados en el procés.