La Voz de Galicia

El viraje de Sánchez sobre la inmigración abre otra grieta del Gobierno con Sumar

España

C. Cándido /  Colpisa / Redacción M. C. Cereijo Colpisa / Redacción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las vicepresidentas primera, María Jesús Montero, y la segunda, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo

Robles responde a su socio que la posición del Ejecutivo la marca el presidente

30 Aug 2024. Actualizado a las 22:13 h.

Tras un mes en el que Sumar se había mantenido al margen del debate político que han protagonizado Gobierno y oposición a causa de la inmigración y el cupo catalán, el viraje del presidente Pedro Sánchez sobre el «imprescindible retorno de los inmigrantes irregulares» ha despertado de su letargo al socio minoritario del Ejecutivo. Si el jueves fue Yolanda Díaz la que se desmarcó abiertamente de esta posición el viernes lo hizo el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien reafirmó su postura apostando por «una respuesta progresista, con los derechos humanos en el centro» al problema de la regularización de personas inmigrantes que trabajan en España.

En declaraciones a los medios, pidió —en la misma línea que la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo— no «caer en la trampa de los discursos de la derecha y la extrema derecha que sitúan las expulsiones y las devoluciones como la solución a un fenómeno que es complejo», en alusión a la inmigración. Y recordó que el camino es la regularización de los migrantes como impulsó José Luis Rodríguez Zapatero en el 2004 calificándola de «éxito» la propuesta que fue admitida a trámite el pasado mes de abril por todos los partidos salvo Vox pero que se encuentra estancada en el plazo de presentación de enmiendas.

Urtasun reclamó abrir vías de entrada seguras para quienes quieran migrar a Europa y considera que se debe hacer a escala de todos los países de la unión para «evitar que estas personas caigan en manos de mafias y arriesguen su vida», También apostó por la cooperación con los países terceros.

Respuesta socialista

Desde el ala socialista del Gobierno, la ministra Margarita Robles, respondió al planteamiento de Sumar recordando que es el jefe del Ejecutivo el que marca la posición en lo referente a este tema. «Sumar está en el Gobierno y la posición del Gobierno en esta materia la marca el presidente, que ya ha expuesto clarísimamente la posición», afirmó este viernes desde Bruselas. La titular de Defensa también aprovechó su intervención para cargar contra el PP, al que acusó de querer «sacar tajada» en un tema que es «claramente de Estado» y que tiene implicaciones amplias y a una escala no solo española, sino también «de toda la Unión Europea».

El ministro de Política Territorial, desde Las Palmas, quiso matizar lo dicho en la gira africana por el presidente del Gobierno. «Nunca ha hablado de deportaciones masivas de migrantes llegados a España de manera ilegal. Eso lo ha dicho el PP», detalló. «Y basta con ir a los datos —incidió—. En los años 2005, el 2006 y el 2007 hubo también un repunte migratorio muy importante, especialmente, frente a lo que ocurre hoy, ya que los inmigrantes vienen fundamentalmente de Mali. Entonces eran de Senegal y muchos fueron devueltos con gobiernos socialistas pero les dábamos una respuesta digna, humanitaria y defendiendo el derecho internacional», dijo.

El PP defiende regularizar a los 500.000 irregulares que hay en España

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, defendió este viernes la regulación de los 500.000 migrantes en situación irregular que viven en España prevista en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) cuya tramitación fue aprobada en el Congreso en abril. «Hay que darles una salida, faltaría más», argumentó Sémper en pleno debate por la crisis migratoria, a la vez que reprochó al Gobierno sus «bandazos e improvisación» en esta materia.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, el dirigente popular recordó que el PP está a favor de esta medida pero se debe debatir, «para profundizar y para hacerlo bien». En este sentido, recordó que el PP es «un partido con vocación de Estado, de responder a los problemas que tiene el país» y aludió a «los cientos de miles de personas en España que están en la economía sumergida, trabajando pero no cotizando», que no tienen derechos sociosanitarios o labores reconocidas y «hay que darles una salida. Por eso votamos a favor de la tramitación de esta iniciativa», matizó Semper.

Paralizada temporalmente

Sin embargo, socialistas y populares se aliaron el pasado mes de junio para frenar la iniciativa en la Cámara Baja, ampliando a través de la Mesa del Congreso el plazo de enmiendas, lo que suponía mantener paralizada su tramitación pese a las quejas de Sumar, ERC y otros aliados del Gobierno.

Esta ILP, respaldada por 700.000 firmas, llegó al Congreso la pasada legislatura y fue calificada por la Mesa del Congreso el 14 de diciembre del 2021. En abril de este año fue tomada en consideración por el Pleno, con el respaldo del 90 % de la Cámara Baja, y el 13 de junio superó otro debate de totalidad rechazando un texto alternativo de Vox.

En el mes de junio, Esquerra Republicana presentó un escrito pidiendo que no haya más prórrogas del plazo de enmiendas asegurando que no se puede «consentir» que esta iniciativa popular «caiga en el cajón del olvido de la tramitación parlamentaria». Pero tanto el PSOE como el PP pidieron una nueva prórroga que la Mesa del Congreso para debatir esta iniciativa popular en el nuevo período de sesiones.

España deportó a más de 2.500 migrantes en el primer trimestre del año, el quinto país de la UE con más expulsiones

España fue el quinto país de la UE que más expulsiones de migrantes extracomunitarios efectuó en el primer trimestre del 2024, con más de 2.500 personas devueltas, mientras que se emitieron órdenes para abandonar el país para más de 1.505 personas llegadas de forma irregular, según los últimos datos de Eurostat. En total, hasta abril de 2024, los Estados miembro de la UE procedieron a expulsar a 30.570 migrantes extracomunitarios, un 11,4 % más que en el mismo período del año anterior. Francia fue el país que más expulsiones ejecutó, con 4.205; seguido por Alemania, con 3.950; y Suecia, con 3.135. España fue el quinto país con más inmigrantes devueltos a otros países, con 2.515, por detrás de Chipre.


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