Los dos etarras arrepentidos: «Me he dado cuenta del daño que he hecho y quiero colaborar»

«Me he dado cuenta del daño que he hecho y quiero colaborar con la Justicia y la Guardia Civil». Es parte de la declaración de uno de los dos exetarras que declararon ante el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón —recientemente jubilado— el 22 y el 23 de abril. Sus casos son únicos, ya que son los primeros exmiembros de la banda que declaran con la condición de testigos protegidos. Uno de ellos fue un integrante activo de ETA en los años ochenta. El otro lo fue desde principios de los noventa hasta el 2001.

Ambos contestaron a más de 200 preguntas del juez y de la Fiscalía, recogidas por Efe y Europa Press. Sus declaraciones atribuyen al comité ejecutivo de ETA una responsabilidad directa en los crímenes de la banda. «Siempre ellos decidían contra esos objetivos», apuntó uno de ellos, que destacó la escasa autonomía de los comandos a la hora de escoger a quien asesinar.

También hablaron de nombres propios. De Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, dijeron que «mandaba en todo». Estos testimonios han sido incorporados a siete causas de la Audiencia Nacional. Serán claves para determinar si el comité ejecutivo etarra es responsable de varios crímenes de la banda. Entre ellos, el de Miguel Ángel Blanco, en 1997. La causa fue juzgada por García-Castellón. Él mismo la reabrió, a su vuelta a la Audiencia Nacional, en el 2022.

Los dos testigos protegidos afirman que la cúpula de ETA pudo impedir su muerte. «Evitar sí se podía evitar, pero la dirección no quería evitarlo. El comité ejecutivo mandó ejecutar a Miguel Ángel Blanco», señaló uno de ellos. No creen, en cambio, que Arnaldo Otegi, exmiembro de ETA y coordinador general de EH Bildu, pudiera impedir el asesinato del concejal del PP.

Una postura «impopular»

Sabedor de que su postura es «impopular» y contrario al criterio de todas las acusaciones, el fiscal Carlos García Berro defendió este lunes que la presunta responsabilidad de la cúpula de ETA en el asesinato del edil de Ermua ha prescrito y que, por tanto, la causa abierta contra tres de sus miembros debe archivarse. Se trata de Mikel Antza, Iñaki de Renteria y Anboto. En el 2010 se aprobó una reforma del Código Penal que sentenciaba que los asesinatos terroristas no prescriben. Pero García Berro señala que la medida no es retroactiva, por lo que el asesinato de Blanco, perpetrado en 1997, no entra en esta modificación. A los líderes etarras se les aplicaría el marco legal anterior a la reforma, que establece un máximo de 20 años para que prescriban sus presuntos crímenes. Quedaría fuera de esta ecuación otro cabecilla, Kantauri, ya que fue procesado en el 2016. Las declaraciones de los testigos protegidos se incluyen en siete sumarios. Bajo la tesis del fiscal, solo un proceso sigue activo: el atentado de la T4 del 2006.