Las comunidades del PP rechazan la «amenaza y el chantaje» por no intervenir el alquiler

Las comunidades autónomas del PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han reafirmado su decisión de no declarar en sus territorios zonas tensionadas para intervenir los precios del alquiler y han señalado que no tolerarán la «amenaza» y el «chantaje» del Gobierno de retirarles fondos.

En un comunicado conjunto antes de que dé comienzo la conferencia sectorial de vivienda, han manifestado su rechazo ante lo que califican de un intento del Gobierno de imponer sus «fracasadas e inoperantes» políticas de vivienda utilizando los recursos económicos de los españoles.

Asimismo, han rechazado el procedimiento anunciado para hacerlo, que tal y como han manifestado, supone un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político y a una ideología concreta.

«No toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda», han recalcado en un manifiesto conjunto, en el que han pedido al Gobierno que dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos.

En este sentido, han expuesto que el Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan, y que no hacerlo así supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y legal.

Las comunidades del PP han indicado que la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas de los ciudadanos como consecuencia de la «nefasta» política del Gobierno y que bajo la presidencia de Pedro Sánchez, los alquileres se han vuelto prohibitivos.

Según han añadido, entre junio de 2018 y abril de 2024, el precio de los alquileres se incrementó un 32 % y desde la entrada en vigor de la Ley por el derecho a la Vivienda, en mayo de 2023, el aumento ha sido de casi un 13 %.

También se han referido a la okupación, que cifran en 78.800 viviendas en el conjunto de España, y el fenómeno de la inquiokupación, que ha crecido de manera alarmante en los últimos meses.

Las políticas en materia de vivienda puestas en marcha por el Ejecutivo, consideran desde el PP, han conseguido estrangular el mercado, haciendo que los ciudadanos se enfrenten a un enorme reto social de acceso a una vivienda a precio asequible, tanto en compraventa como en alquiler.

El comunicado ha sido firmado por los gobiernos de Galicia; Andalucía; Cantabria; La Rioja; Murcia; Comunidad Valenciana; Aragón; Extremadura; Baleares; Madrid; Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Reunión de la ministra con las comunidades

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne este jueves a partir de las 11.00 horas con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas en una nueva Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana para continuar con los trabajos del próximo Plan Estatal de Vivienda y la siguiente convocatoria del Bono Alquiler Joven.

Esta reunión, avanzada por Rodríguez a mediados de septiembre, se produce una semana después de que la ministra advirtiera a las autonomías «insumisas» con la Ley de Vivienda de que no recibirán fondos estatales para vivienda si no cumplen con esta norma que el Gobierno aprobó hace más de un año y medio.

La ministra recordó a las CC.AA. que cerca del 70%-75% de los recursos financieros que las autonomías usan para sus políticas de vivienda provienen de fondos del Estado, por lo que si no se hacen cargo del cumplimiento de la Ley, condicionará esta financiación a que la cumplan. Así, la ministra afirmó que «no puede tratar por igual» a aquellas regiones que están haciendo esfuerzos para cumplir la Ley de Vivienda para ayudar a sus ciudadanos que a aquellas que, «por atacar al Gobierno», se muestran «insumisas» con el cumplimiento de la normativa, como es el caso de la Comunidad de Madrid.

Estas declaraciones ya le valieron a la ministra de Vivienda la reprobación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quién aseguró que no se puede «limitar el precio de la vivienda porque no funciona y porque es un atentado contra la propiedad». Ahora la respuesta de todas las comunidades del PP, que ya habían expresado su rechazo, llega en forma de comunicado conjunto unas horas antes de sentarse a la misma mesa. 

Además de esta polémica, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está inmerso en los trabajos del nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) para el periodo 2026-2029, con el que quiere ampliar hasta el 9% el parque público de vivienda en España para acercarse a cifras europeas, lo que también se abordará en esta Conferencia Sectorial.

El Ministerio de Vivienda quiere, en este próximo Plan Estatal de Vivienda, conveniar con las CCAA que los fondos públicos destinados a políticas de vivienda se mantengan «siempre públicos» y no vayan a parar a manos de fondos buitres.

Otro de los principales ejes sobre los que se vertebrará la reunión será la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, que Rodríguez ya ha adelantado que se realizará en esta segunda mitad del año y que contará con una partida presupuestaria mayor.

El Bono de Alquiler Joven es una ayuda de 250 euros mensuales destinada a menores de 35 años para poder hacer frente a la renta del alquiler. El Gobierno destinó a dicha línea en 2022 y 2023 un total de 200 millones de euros anuales, que repartió entre las distintas comunidades autónomas y ciudades autónomas.

Sin embargo, en esta nueva convocatoria todavía sin fecha, el Gobierno aumentará la partida para lograr que «más jóvenes puedan beneficiarse». «Vamos a reeditar el Bono Alquiler Joven (...) ampliando la partida presupuestaria», avanzó hace unos meses Rodríguez en el Senado, aunque sin detallar la cuantía del aumento.

De igual manera, la ministra ha asegurado que para esta nueva convocatoria se ha pedido a los servicios técnicos del Ministerio que «analicen y evalúen» cómo están gestionando las distintas autonomías esta línea de ayudas, porque «con los mismos instrumentos» hay muchas diferencias entre comunidades en cómo se están tramitando los distintos expedientes de ayuda.