La Audiencia avala que el juez Peinado siga investigando a Begoña Gómez

El caso Begoña Gómez sigue vivo. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó el archivo de la investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que afectan a la esposa del presidente del Gobierno, negándose así al carpetazo que solicitaba la defensa de Begoña Gómez. Los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid acotan el alcance de la investigación y dejan fuera todo lo relacionado con la empresa Globalia y el rescate a Air Europa.

El juez Juan Carlos Peinado podrá seguir investigando por tanto lo relativo a los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés tras las cartas de recomendación de Gómez, así como lo que afecta a la decisión de la Universidad Complutense de crear en 2020 una cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva al frente de la cual está Gómez pese a no ser licenciada. El juez debe investigar si esa decisión pesó el hecho de que Gómez citara en Moncloa al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, también investigado. Además, se unirá a ello la investigación de una querella por presunta apropiación indebida de un software de la universidad.

La investigación deberá dirigirse hacia la relación entre Barrabés y Gómez «excluyéndose de la investigación los hechos relativos a Globalia en tanto no surjan hechos realmente nuevos y de signo incriminatorio», según la Audiencia.

Contratos a Innova Next

El recurso que había presentado el abogado de Gómez, Antonio Camacho, indicaba que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no había encontrado irregularidades en el proceso de adjudicación de los contratos públicos a Barrabés. Sin embargo, la Audiencia afirma que «esta conclusión nada tiene que ver» con lo que apuntaba la Guardia Civil, puesto que entre 2021 y 2022 se le adjudicaron a la sociedad Innova Next, «once contratos públicos con distintas administraciones» por valor de 21 millones de euros.

Respecto al argumento de que la Fiscalía Europea ya se haya ocupado de investigar los contratos al estar sufragados con fondos europeos, la Audiencia explica que la Fiscalía comunitaria se llevó «tres concretos expedientes», mientras que el resto siguen en manos del juez Peinado. La Audiencia reprocha al juez, eso sí, que afirmara que el objeto del procedimiento «son todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno». Esa redacción «no puede admitirse», dicen, «en tanto en cuanto se redacta de una forma tan genérica e imprecisa que no se ajusta a lo resuelto» por los propios magistrados en su auto de mayo.

Niega por otra parte la Audiencia que se trate de una investigación «prospectiva», como dice la defensa, dado que «la instrucción no deja de ser un procedimiento vivo, que no puede quedar anclado a los hechos inicialmente denunciados como cometidos».

«Llamativa variación»

«El objeto de la instrucción, viene determinado por el hecho punible sobre el que se realiza la actividad judicial, esto es, en el presente caso el delito de tráfico de influencias que se está instruyendo, por lo que habrá de continuarse en la dirección fijada ya de forma precisa por la Sala», afirman los magistrados. Explican además que existen «otras conductas relacionadas con otras empresas y entidades respecto de a creación, ideación, promoción, implementación y desarrollo de la cátedra y los másteres asociados que deben ser investigados».

Sostienen que «la llamativa variación, cuantitativa y cualitativa, que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la administración pública en proximidad temporal con la obtención de la cátedra y despegue de los másteres es verdaderamente significativa».