¿Por qué se aprobó en el Congreso por unanimidad la ley que permite rebajar las penas de 44 etarras?

Lo ocurrido en el Congreso con la aprobación de una enmienda de Sumar en el proyecto de ley que modifica la norma orgánica sobre intercambio de antecedentes penales en la Unión Europea, que permitirá rebajar el cumplimiento de las penas a los terroristas de ETA con más asesinatos en su haber, ha conmocionado al PP, que no advirtió de la gravedad de lo que estaba votando. Nadie en el partido fue capaz de detectar la maniobra del Gobierno, que introdujo en el proyecto de ley una enmienda que suprimía la disposición final de la norma dejando sin efecto la excepción introducida en su día por el PP de Mariano Rajoy para impedir que los etarras se beneficiaran de ella.

Indignación de las víctimas

La sensación es de indignación entre los colectivos de víctimas, que no entienden como el PP y Vox votaron a favor del proyecto de ley, al igual que el resto de diputados del Congreso, ya que la norma se aprobó por una inusual unanimidad. Ninguno de los partidos que forman parte de la oposición fue capaz de detectar la maniobra del Gobierno, que permitía a EH Bildu ver alcanzado uno de sus principales objetivos, haciendo que a los terroristas condenados les computara el tiempo pasado en las prisiones francesas cumpliendo condenadas para rebajar el que tendrían que asumir después por sus condenas por actividades delictivas en España.

Nadie asume responsabilidades

En el PP nadie ha asumido de momento la responsabilidad por haberse dejado meter ese gol por el Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, se ha limitado a pedir perdón a las víctimas por lo ocurrido, pero no ha exigido dimisiones a los responsables, como reclaman ahora sectores del partido. El PP trata ahora de corregir el error a la desesperada, con nulas posibilidades de conseguirlo en el Senado. Entre los 44 presos etarras que se beneficiarán de ese descuento en sus penas si finalmente entre en vigor la reforma legal impulsada por el Gobierno y aprobada con los votos del PP están asesinos sanguinarios como Txapote, Kantauri y Anboto.

Ni en la comisión ni en el pleno

Las intenciones de la enmienda de Sumar no fueron detectadas por el PP y Vox ni en las reuniones previas a la presentación del proyecto, ni en la Comisión de Justicia, ni antes de su votación final en el pleno. Los populares tratan de endosar ese fiasco parlamentario a los servicios jurídicos del partido en el Congreso por no haber detectado las consecuencias de la enmienda introducida en la norma y también a los ponentes que no supieron apreciar la trascendencia de lo que se estaba votando.

Compromiso con EH Bildu

El Gobierno ha conseguido así introducir de tapadillo algo que ya intentó aprobar en 2022 para cumplir con los compromisos adquiridos con EH Bildu. En total, la reforma introducida supone rebajar 380 años de cárcel para un total de 44 presos de ETA. El PP retiró del orden del día en el Senado en donde se iba a debatir hoy la polémica norma y pide al Gobierno que la retire. Pero nadie en el partido asume responsabilidades. La Cámara Alta no introdujo enmiendas ni vetos a la norma que salió del Congreso, por lo que ya no hay forma de arreglar lo sucedido.

Enmiendas de Sumar

El proyecto de ley original que llegó al Congreso en marzo del 2024 no incluía esa reforma, pero tiempo después, en la Comisión de Justicia, se introdujo la enmienda que rebajará las penas a los etarras. En concreto, las enmiendas de Sumar modifican el artículo 14.1 de la ley orgánica 7/2014 y derogan la disposición adicional única del texto. Esa cláusula se había introducido en el 2014 por el Gobierno del PP para impedir precisamente que los etarras se beneficiaran de la trasposición de la decisión de la Unión Europea sobre reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.Una vez que la Comisión de Justicia aprobó el cambio presentado por el Gobierno, el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado 12 de septiembre publicó el texto en el que ya sí que aparecía la controvertida reforma con los cambios destacados en negrita.

Jurisprudencia del Supremo

La negativa a descontar las penas cumplidas en Francia fue aprobada por la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y también hubo una sentencia del Tribunal Supremo que sentaba jurisprudencia, fijando que esas penas cumplidas en Francia no se descontaran. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló lo aprobado por el Gobierno del PP tras el recurso presentado por Bildu, garantizando que los etarras condenados antes del 2015 tendrían que cumplir íntegramente las penas.

Sémper generaliza el error

El portavoz del PP, Borja Sémper, se escudaba este lunes para justificar lo ocurrido en que se ha tratado de un «error generalizado» y una «jugarreta» del Gobierno que consideró inconstitucional. Lo cierto es que la perspectiva es ahora una rebaja media de 7,8 años por cada preso etarra, alguno de los cuales conseguirá directamente salir de prisión al computársele la pena cumplida en Francia.

Asesinos que saldrán de prisión

Según las previsiones de la AVT, se beneficiarán de lo ocurrido presos como Javier García Gaztelu, alias Txapote, asesino entre otros del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, que cumplió en Francia una condena de 6 años y 9 meses. Ahora, podría salir en libertad el año que viene, al igual que José Javier Arizcuren, alias Kantauri, que descontará 7 años y 8 meses de pena acumulada por siente asesinatos, entre ellos los del concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Ascensión García. También está el caso de Félix Alberto López de Lacalle, alias Mobutu, condenado por una docena de asesinatos y que podría salir de prisión en 2025 si la reforma impulsada por el Gobierno entra en vigor.

Tres diputados en la ponencia

El PP asegura que hará ahora todo lo que esté en su mano para impedirlo. En la ponencia encargada de redactar el informe sobre el proyecto de ley orgánica había tres diputados del PP: Rafael Benigno, Ana Belén Vázquez y José Manuel Velasco. Este último era el encargado de defender la posición del PP. Vázquez no pudo asistir a la reunión de la Comisión de Justicia del 10 de septiembre y la sustituyó la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro.

Ninguno advirtió que en julio se habían introducido en la norma las enmiendas de Sumar que permitirían la rebaja de pena para decenas de etarras. El 18 de septiembre el Congreso validó la reforma con 346 votos a favor y ninguno en contra, configurando así una reforma penal retroactiva. Pero la trasposición de la directiva de la UE no exigía la derogación del artículo 14.1 ni la derogación de la disposición final. Sectores del PP consideran que la responsabilidad es de los letrados de la Comisión de Justicia pero también de los diputados del PP que forman parte de la comisión.

Lo más que puede hacer el PP es dejar clara la voluntad del Gobierno de rebajar las penas a los presos de ETA, cumpliendo así un compromiso con EH Bildu del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumido el 13 de octubre de 2023 con los representantes de la formación de Arnaldo Otegi.