La UCO zanja que el fiscal general tuvo una «participación preeminente» en la filtración sobre el novio de Ayuso

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en su primer informe oficial al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que investiga al fiscal general del Estado por la presunta filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, aprecia una «participación preeminente» de Álvaro García Ortiz en la difusión de las informaciones reservadas sobre el caso de fraude fiscal del empresario Alberto Gómez Amador.

Los agentes, en su atestado fechado el pasado 21 de noviembre, afirman haber recabado ya pruebas de que el máximo responsable del ministerio público está relacionado «con la hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada» en el material incautado (correos electrónicos, servidores y memorias informáticas, entre otros elementos) durante el registro del despacho de la también imputada por el supuesto soplo, la fiscala jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, el pasado 30 de octubre.

Por ello, la UCO había pedido al instructor Hurtado acceder a la única copia existente de la información encontrada en el despacho del fiscal general, que también fue allanado el 30 de octubre. El magistrado, analizados los indicios contra el máximo responsable del ministerio público, ha autorizado a la Guardia Civil a acceder a esa copia de todos los archivos encontrados en los dispositivos de García Ortiz, entre ellos sus dos teléfonos móviles, entre el 8 y el 14 de marzo de este año. Se trata del margen temporal en el que tuvieron lugar todos los hechos relacionados con el soplo.

«Entre las consideraciones que el referido informe pericial va haciendo a lo largo de su desarrollo, se extraen elementos que vienen a corroborar la necesidad de llevar a cabo la pericia sobre el material intervenido en la sede de la Fiscalía General del Estado en orden al esclarecimiento de los hechos y a valorar la participación que el investigado, Álvaro García Ortiz, haya podido tener en ellos», subraya el magistrado del Supremo en un auto.

García Ortiz llegó este mes de noviembre a dirigirse al alto tribunal para intentar a toda costa que no se autorizara a la UCO a acceder a sus archivos -cosa que acaba de hacer el magistrado Hurtado- esgrimiendo, entre otros, motivos que esos documentos podrían «comprometer la seguridad del Estado».

Cadena de indicios

A pesar de que la UCO todavía no ha tenido acceso a los mensajes y correos de García Ortiz, en su informe de 57 páginas enviado al Supremo sí que incluye varias conclusiones que le ponen ya en apuros, empezando por el hecho de que el 8 de marzo la fiscala jefe de Madrid «remitió toda la documentación relacionada con la denuncia a Alberto González Amador (novio de Ayuso) a «requerimiento de la Fiscalía General del Estado». Y que solo cuatro días después, el 12 de marzo, se produjo una «primera filtración« a la prensa, publicada por eldiario.es, «supuestamente realizada por la Fiscalía General del Estado», según se infiere de las conversaciones de la propia Pilar Rodríguez.

Otra de las conclusiones del documento que apuntan a la presunta responsabilidad de García Ortiz es que después de que la noche del 13 de marzo El Mundo publicara la información inexacta difundida por el entorno de Ayuso de que era la Fiscalía la que había propuesto un pacto a González Amador, «el fiscal general del Estado comienza a impartir órdenes para recabar los correos mantenidos entre el abogado de la defensa y la Fiscalía».

La UCO también apunta a que solo minutos después de que se difundiera esa noticia de que la Fiscalía había pedido el acuerdo, la fiscala jefe de Madrid rebotó la noche de ese 13 de marzo a García Ortiz los dos correos que les habían enviado poco antes y en los que se contenía el cruce de mail entre el fiscal asignado al caso del fraude de González Amador, Julián Salto, y el abogado del novio de Ayuso. En uno de eso mails es en el que se confirmaba que fue el letrado el que pidió el acuerdo tras reconocer que su cliente había admitido dos delitos contra la Hacienda Pública.

Ya casi a medianoche de ese mismo día, la Cadena Ser fue la que publicó ese famoso correo fechado el 2 de febrero del 2024, que es el meollo de este proceso por revelación de secretos, en el que el letrado de la pareja de la líder del PP madrileño admitió que «ciertamente se ha cometido dos delitos» fiscales. Esa emisora, además, adelantó en exclusiva esa convulsa noche que «la Fiscalía de Madrid prepara un comunicado al respecto que será publicado en las próximas horas», como así se produjo.

El PP exige la dimisión inmediata de García Ortiz por «perseguir» a la pareja de Ayuso

 El Partido Popular ha exigido este lunes la dimisión inmediata del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acredita que el máximo dirigente del ministerio público se coordinó con la fiscala jefe de Madrid para filtrar los datos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Desde Génova señalan en la jornada de hoy que García Ortiz «no puede seguir un minuto más» al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) y hacen hincapié en que «la Fiscalía está para perseguir delitos; no para cometerlos». 

«En su persecución al Partido Popular, Pedro Sánchez ha cometido dos errores: implicar a su jefe de gabinete, hoy ministro de Transformación Digital (Óscar López), en la filtración de información confidencial de un ciudadano particular» y «sobre todo encargar la participación preeminente del FGE en un supuesto delito penal, como es la publicación de datos privados», señalan fuentes del principal partido de la oposición.

Estas mismas fuentes añaden que «Sánchez solo le protege por dos motivos: porque cumple los estándares de decencia de su partido, de su Gobierno y de su familia; y porque todo lo que ha hecho García Ortiz ha contado con el beneplácito del Palacio de la Moncloa».